Les compartimos Nebulosa, en su emisión del 8 de marzo de 2024. A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas mediante los teléfonos 55 13 16 32 16 y 55 21 15 44 49 (con Telegram, What’s app y mensajes de voz y de texto), también pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en facebook y twitter con el identificador kehuelga, y a nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes

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Estas son las notas de la emisión:

Ayotzinapa, por verdad y justicia

Chiapas: conflicto armado no reconocido y en aumento acelerado

Noticias de la defensa de la Madre Tierra y los territorios

San Cristóbal de las Casas: en defensa de los humedales

Estado de México: contra la tala en Tultitlán

Hidalgo: bloqueos para exigir agua

Presas privadas secan Valle de Bravo

Yucatán: Contra las megagranjas porcinas

Por el acceso al agua en Chetumal

Luchas por el agua en Ciudad Monstruo

Incendios forestales no paran

A 5 años del asesinato de Samir, las piezas se miran, pero no se tocan

Estudiantes expulsados de Prepa 5 de la UNAM por su participación política

Oaxaca: Presos políticos

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Ayotzinapa, por verdad y justicia

Tras meses de cerrazón por parte del gobierno federal y de su fallida y mal llamada “Comisión de la verdad”, el Comité de familiares y los normalistas de Ayotzinapa decidieron realizar una serie de acciones para presionar al presidente y lograr una reunión con quien dice ser el responsable de la investigación sobre el paradero de nuestros 43 compañeros ausentes. Para ello, realizaron la Jornada de lucha por verdad y justicia para Ayotzinapa “Contra el muro de la impunidad” entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

Las protestas se intensificaron después del lunes 26 de febrero, cuando se realizó la 113 acción global por Ayotzinapa, con una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de Ciudad Monstruo, en donde instalaron un plantón en exigencia de que el gobierno retome el diálogo y se aborden los temas pendientes en la investigación para saber el paradero de los jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

El martes 27 de febrero, estudiantes normalistas y padres y madres de los 43 se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

El miércoles 28 de febrero, acudieron al Senado de la República donde estudiantes normalistas solicitaron diálogo con diversas dependencias gubernamentales para esclarecer el Caso Ayotzinapa. Los estudiantes se hicieron presentes con cohetones, pancartas y consignas en favor de la justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

El 29 de febrero, se realizó un mitín frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pintando consignas en las inmediaciones y desplegando una manta en la que exigen la extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel.

El viernes 1 de marzo, ante el acto proselitista del partido Morena en el Zócalo, las madres y padres de los 43 lamentaron la decisión de dar continuidad a la impunidad y la ceguera de la candidata oficialista, que teniendo la exigencia a un costado de su templete, no se pronunciara. Ese día colocaron una gran manta abajo del balcón presidencial con la leyenda: “Exigimos Diálogo con el presidente. Ayotzinapa 43 y +”

El 3 de marzo, llevaron a cabo la “marcha de las antorchas” que salió del Hemiciclo a Juárez al Zócalo, una actividad que estuvo respaldada por un bloqueo de los estudiantes de Ayotzinapa a la autopista del Sol, a la altura de Parador del Marqués, en donde entregaron volantes con las exigencias del movimiento.

El 4 de marzo se manifestaron en el Centro Nacional de Arraigo, ubicado en la Col. Doctores de Ciudad Monstruo.

El 5 de marzo se realizó un mitin en el Antimonumento, en el cruce de Reforma y Bucareli, durante el cual se denunció la cerrazón e insensibilidad del gobierno federal, que se niega a recibir a los familiares.

Finalmente, el miércoles 6 de marzo, día en que se levantó el plantón del Zócalo, un grupo de normalistas tomó una camioneta de la CFE y con ella derribó la puerta lateral del palacio nacional, ubicada en la calle de Moneda, recordando al capataz López que “si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir”. Por supuesto, esta acción directa propició un gran revuelo mediático y una nueva declaración mentirosa del presidente, que al referirse a las movilizaciones de los días recientes en su conferencia matutina declaró: “ya es un movimiento en contra de nosotros, que llevan como una semana que fueron a Gobernación y rompieron vidrios, ayer en la Lotería Nacional. O sea, es un plan de provocación clarísimo…”. ¡No señor López, es usted y sus funcionarios que se han puesto en contra de los familiares y normalistas de Ayotzinapa, al encubrir al ejército y negarse a avanzar en las investigaciones!

Las movilizaciones tuvieron por objetivo la satisfacción de tres demandas principales:

1. Reunión directa con López Obrador para reencauzar la investigación

2. Que el Ejército entregue los archivos con 800 folios que tiene en su poder, cuya existencia niega el gobierno, a pesar de que Alejandro Encinas confirmó que tales documentos existen e incluso entregó 8 de ellos.

3. Que se impulse la línea de investigación sobre el posible traslado de 17 estudiantes del municipio de Barandillas.

También se está exigiendo la extradición del torturador Tomás Zerón de Lucio y la atención a las familias afectadas por los hechos de septiembre de 2014 en Iguala.

Los padres acusaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, “no nos ve ni nos escucha, pero desde afuera le recordaremos que seguimos firmes, unidos, tal vez desgastados, pero aun así con las fuerzas suficientes para no claudicar, no rendirnos y seguir”. Desde este espacio, enviamos toda nuestra solidaridad y con las madres, padres y familiares de Ayotzinapa, gritamos:

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Al cierre de la edición, desde Guerrero se reporta el asesinato de un joven normalista. La noche del jueves 7 de marzo fueron agredidos a balazos tres estudiantes de Ayotzinapa que viajaban en un auto sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla, por parte de policías estatales. Yanki Khotan Gómez Peralta de 23 años de edad fue asesinado, otro estudiante resultó herido y el tercero fue retenido e incomunicado durante 10 horas en la Fiscalía estatal. El gobierno estatal y funcionarios policiacos intentaron criminalizar a los jóvenes, sembrando un arma y drogas, además de acusarlos de circular en un “vehículo con reporte de robo” y disparar primero. Sin embargo, al pasar de los días se estableció que fueron los policías quienes agredieron a los jóvenes, uno de los cuales está detenido, y hasta el locuaz presidente López Obrador reconoció que los responsables son los policías estatales, en una clásica maniobra de contención de daños. La noche de los hechos, normalistas de Ayotzinapa se movilizaron en Chilpancingo para denunciar el crimen, marcharon, hicieron pintas y quemaron dos patrullas de la policía estatal. Finalmente, el sábado 9 de marzo, en una acción en el filo de la navaja, normalistas interceptaron un convoy de la Guardia Nacional sobre la carretera Tixtla-Chilapa, reteniendo durante una hora a entre 10 y 15 elementos de ese cuerpo armado e incendiando los dos vehículos en que viajaban los guardias. Así se va tejiendo una historia más de muerte y represión contra la Normal de Ayotzinapa y sus estudiantes ¿hasta cuándo?

Chiapas: conflicto armado no reconocido y en aumento acelerado

En los mese recientes, se ha denunciado la situación de violencia generalizada que provoca el crimen organizado en Chiapas, y aunque el gobierno federal afirma que son problemas locales que se están controlando, los testimonios e informes de los organismos de derechos humanos no dejan lugar a dudas: en Chiapas incuba una guerra civil. En esa perspectiva, destacan dos informes recientes:

El primero fue presentado el 13 de febrero por los colectivos Frontera sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”(Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba); titulado “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, aborda la situación de violencia que vive la zona de la frontera de Chiapas con Guatemala.

El segundo se presentó el 24 de febrero por la asociación civil Melel Xojobal; con el título “Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de las Casas”, describe la cada vez más difícil situación de violencia y reclutamiento que viven los jóvenes indígenas entre 14 y 17 años en esa ciudad chiapaneca.

Compartimos un par de estos hechos ominosos que alteran la vida de las comunidades chiapanecas:

El miércoles 21 de febrero, ocurrió un ataque a desplazados en Chenalhó, resultando una persona muerta y una más herida. Ese mismo día, las Iglesias Cristianas anunciaron su cierre en al menos 10 municipios del estado donde han crecido las disputas entre los grupos del narcotráfico.

El 23 de febrero, se registró el secuestro y muerte del secretario de seguridad Pública Municipal de Berriozábal, una región en la que proliferan los secuestros y ejecuciones por grupos civiles armados.

Lamentablemente este clima de violencia en la región no es nuevo, Colectivas y Centros de Derechos humanos han alertado de la situación desde 2021, alertando al gobierno sobre un “conflicto armado no reconocido” basado en la disputa territorial de grupos de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como la propia vida de la población.

El 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.

Por el contario, el primer informe mencionado documenta:

7,500 personas desplazadas entre junio 2021 y noviembre de 2023 y 3,000 en las primeras semanas de 2024, desplazamiento provocado por enfrentamientos de grupos criminales.

Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, se inscribieron 812 casos nuevos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La apropiación por parte de los criminales de la vida interna de los pueblos, asambleas ejidales y comunales para alinearse a la macro criminalidad. Controlando caminos, espacios públicos, parcelas, limitando la siembra y por lo tanto los alimentos.

El informe también documenta la interacción de funcionarios con la delincuencia organizada conformando estructuras criminales que se disputan el control territorial.

La captación por parte de los grupos criminales de organizaciones transportistas y comerciantes para desmovilizar a las organizaciones sociales o campesinas o bien introducir procesos económicos fuera de la ley, tal es el caso de lo que sucede en Chicomuselo, en donde existe minería ilegal de barita.

Todo este clima de violencia e impunidad se incrementa pese a la presencia de 15 mil elementos militares en 10 cuarteles y 71 campamentos militares, en un proceso que documentan las organizaciones sociales desde 2018 y declaran como una remilitarización de Chiapas.

Ante la gravedad de la situación que vive Chiapas, a López Obrador, o ya de plano a su personal a cargo de los asuntos internos, los invitamos a leer estos informes.

¡Alto a la violencia en Chiapas ya!

Noticias de la defensa de la Madre Tierra y los territorios

San Cristóbal de las Casas: en defensa de los humedales

Colectivas ambientalistas y defensores de los humedales han denunciado el grave problema que viven los humedales en Chiapas. El 4 de febrero se realizó una marcha del centro de San Cristóbal de las Casas hasta el río Navajuelo, ubicado en los humedales de María Eugenia, en la Zona Sur del Estado.

Los habitantes de 14 colonias agrupadas en el Consejo General de la Zona Sur, se manifestaron para exigir al gobierno federal, estatal y municipal detengan el ecocidio de los humedales de María Eugenia, de 115 hectáreas, y de La Kisst, de 110 , las cuales pese a representar 70% del agua de la ciudad y refugio de especies endémicas, están siendo invadidas por personas que alegan tener permisos y muestran los cambios del uso de suelo que el gobierno ha realizado indebidamente.

Ante esto, el 2 de febrero el Consejo General de la Zona Sur interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República, la del Estado de Chiapas y la Fiscalía Ambiental, para denunciar el daño a los humedales, sin que hasta el momento haya respuesta.

El 10 de febrero, el mismo Consejo denunció el relleno con grava de la superficie y el inicio de la construcción de viviendas de madera en los humedales de La Kisst, decretados como área natural protegida.

Finalmente, y como si fuera poco, el 29 de febrero, el Consejo General de la Zona Sur denunció nuevamente el incendio intencional de una parte del humedal de la montaña la Kisst, por personas que quieren construir. Por lo que exigieron, protección inmediata a los humedales, así como frenar su frenar su destrucción.

En México, la madre tierra y ambientalistas, continúan en espera de protección.

Estado de México: contra la tala en Tultitlán

De nuevo otra vez, autoridades que justifican la tala de árboles ancestrales por una remodelación no pedida y desconocida.

El 10 de febrero, habitantes de Tultitlán en el Estado de México, protestaron y montaron guardia en la plaza principal contra la tala ilegal de arboles de más de 150 años y de más de 30 metros de altura.

La administración municipal, a cargo de la morenista Elena García, decidió tirar 60 árboles de la plaza principal para su remodelación, sin embargo, afortunadamente los árboles fueron defendidos por la población quien cuestionó las obras y pidió la reforestación del área en al que fueron talados los 4 árboles.

Ante la protesta las autoridades tuvieron que reconcer el error e informaron: “No vamos a talar ni un árbol más, les doy mi palabra”, aseguró el secretario de gobierno, quien además se comprometió a entregar por escrito este acuerdo a los pobladores y a realizar trabajos de reforestación en el área afectada.

Hidalgo: bloqueos para exigir agua

El lunes 11 de febrero, decenas de pobladores de Atotonilco el Grande bloquearon la carretera México-Tampico para exigir la reanudación del abasto de agua, detenido durante dos meses. De acuerdo con el alcalde, la tubería está sucia y el municipio no tiene recursos para dar el mantenimiento necesario. Las y los manifestantes denunciaron también que las cuotas por el suministro se duplicaron y solo reciben agua uno o dos días en el mejor de los casos. El bloqueo duró 6 horas y se levantó al entablarse negociaciones con el gobierno estatal.

Presas privadas secan Valle de Bravo

El 13 de febrero, habitantes de Valle de Bravo bloquearon las instalaciones de Conagua en Insurgentes Sur, en Ciudad Monstruo, para denunciar el bajo nivel de la presa Miguel Alemán que se considera el “motor de la economía de la región“, y exigir la intervención de las autoridades para impedir que ese embalse se vacíe. En declaraciones a la prensa, el 19 de febrero, el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco estableció las causas de la crisis hídrica: deforestación por la urbanización incesante, descargas de aguas residuales, demanda de agua por el crecimiento de las huertas de aguacate en el vecino Michoacán, y de manera destacada, la construcción de cerca de 250 presas privadas, sin permisos ni aval de las autoridades. A la fecha, la presa Miguel Alemán tiene solo 30% de su capacidad, nivel que es la mitad de lo que habitualmente tiene en esta época del año. Y como las autoridades no hacen nada más que declaraciones, los habitantes recurrirán a instancias internacionales para tratar de presionar y que se rescaten los cuerpos de agua en Valle de Bravo.

Yucatán: Contra las megagranjas porcinas

En una de cal por las decenas que van de arena, el viernes 16 de febrero se conoció la decisión del juzgado segundo de distrito de Yucatán que dejó sin efecto la manifestación de impacto ambiental de la megagranja de cerdos instalada en la comunidad de Homún. Esa decisión estableció que la megagranja viola derechos humanos, contamina el ambiente e incumplió con la necesaria consulta previa, libre e informada a la comunidad afectada. Uno de los temas más importantes es el tipo de suelo en que se instaló la megagranja, que por sus características no puede procesar la gran cantidad de desechos que produce la explotación porcina; además la sentencia ordena proteger los cenotes cercanos a la instalación. Ahora a ver a qué hora cierran ese campo de concentración y se restaura el ambiente, quedemos pendientes.

Por el acceso al agua en Chetumal

El sábado 2 de marzo, integrantes del Movimiento por tarifas de agua justas se manifestaron en la capital de Quintana Roo, denunciando a la empresa Aguakán por el alza de tarifas que aplica, y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado porque aplica multas impagables. Participaron habitantes de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar. Entre las denuncias presentadas destaca el hecho de que el organismo de agua no se contenta con cortar el agua, sino que ahora amenaza con embargar las propiedades de los deudores, quienes, para colmo de males, no cuentan con recursos para pagar las mega multas. Como siempre, las autoridades “analizarán las demandas” y a ver cuándo responden…

Luchas por el agua en Ciudad Monstruo

Como en todas partes, pero amplificada por la talla de la megalópolis, la llamada crisis del agua se deja sentir con toda su fuerza en Ciudad Monstruo; y apenas termina el invierno, o sea que nos espera una temporada de secas muy difícil.

El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac denuncia el favoritismo de autoridades capitalinas y del Sistema de aguas hacia el pulpo inmobiliario. El lunes 5 de febrero denunció que se están construyendo 14 megaproyectos que usarán más de 15 millones de litros de agua diarios. Estas construcciones fueron autorizadas entre 2020 y 2023 en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Uno de los proyectos más grandes es el de Ejército Nacional 843 que de construirse tendrá un consumo diario de más de 6 millones de litros de agua diarios. Es evidente que la capital no resistirá tal demanda y que serán las colonias y barrios que no pueden comprar ni almacenar grandes cantidades de agua, los que verán reducido su acceso al agua. El lunes 19 de febrero, el Frente señaló que el Sistema de Aguas de Ciudad Monstruo solicitó que los constructores perforen 19 pozos, impulsando con ello, la privatización del agua en la capital del país. Esta disposición transgrede la veda de perforación en vigor desde 1954. Las y los defensores del agua exigen que se anulen las perforaciones privadas y se atiendan las necesidades de agua a partir no solo de ampliar la disponibilidad del líquido, si no de resolver las profundas disparidades en el acceso al agua.

En ese contexto, las protestas en exigencia de agua proliferan conforme la escasez se instala en Ciudad Monstruo:

El lunes 22 de enero, pobladores de San Bartolo Ameyalco bloquearon la avenida Desierto de los Leones durante 6 horas, tras dos semanas sin agua. En negociaciones con autoridades del Sistema de Aguas, se acordó realizar repartos de agua en El Cedral, Calle del Paso y 16 de septiembre, pero las y los habitantes exigieron que además, se realicen las obras necesarias para regularizar el abasto. El mismo día, vecinos de la colonia Molino del Rey bloquearon la avenida Alencastre, con la misma exigencia. Un tercer bloqueo tuvo lugar en la calzada Ignacio Zaragoza por parte de vecinos de las colonias Moctezuma y Ampliación 7 de Julio.

El lunes 5 de febrero, un reportaje del diario La Jornada señaló que en las colonias Santa Isabel Tola, Tlalpexco y Cuautepec Barrio Alto, se vive una situación insostenible pues el abasto de agua no solo es insuficiente, sino que el líquido llega sucio y posiblemente contaminado. Este desabasto obliga a las familias a comprar agua embotellada, generando gastos de entre 400 y 800 pesos mensuales.

Durante la última semana de febrero, la escasez llegó a la colonia Álamos, en la que por lo regular siempre se cuenta con agua suficiente. Las y los vecinos consultados por la prensa señalaron que las autoridades no responden a sus llamadas.

El jueves 7 de marzo, pobladores del pueblo de San Lorenzo Huipulco bloquearon la avenida Tlalpan en el cruce con San Juan Bosco, para denunciar que llevan dos meses de desabasto y exigir que pare el saqueo de los depósitos instalados en la zona, que diariamente salen para abastecer otras colonias. Una de las pancartas colocadas durante el bloqueo resume la situación que se vive: “En Huipulco no hay sequía, hay saqueo de agua”.

Así vive la capital los inicios del estiaje. Y a las señoras autoridades solo se les ocurre de dónde sacar agua para paliar la escasez, sin pensar que redistribuyendo, deteniendo el crecimiento inmobiliario y construyendo y mejorando la infraestructura hídrica, se puede comenzar a solucionar esta crisis… a ver a qué horas!

Incendios forestales no paran

Durante el mes de febrero y principios de marzo, se han registrado graves incendios forestales que afectan al medio ambiente y su entorno inmediato.

En los dos primeros meses del año 2024, Chiapas ha registrado 26 incendios forestales, los cuales han arrasado 6,553 hectáreas, lo que lo coloca como el estado con mayor superficie afectada por los incendios. Hasta el 4 de marzo, se registraba un incendio activo en San Cristóbal de las Casas.

El segundo, ocurre en el estado de Oaxaca en San Lucas Quiavini, donde se incendiaron 1,500 hectáreas y perdieron la vida 5 comuneros. Actualmente se van sumando otros dos incendios en los Valles Centrales.

El tercer gran incendio comenzó el 29 de febrero en Acapulco, en la parte alta del inicio de la carretera Puerto Marqués – Cavaco, se habla de alrededor de 40 hectáreas afectadas.

El cuarto incendio se registró del 1 al 3 de marzo en el Cerro Prieto, Toluca, en donde se afectaron 1,258 hectáreas en un total de 211 incendios forestales.

Y por si fuera poco, a inicios de marzo, también en Texas, se registraron fuertes incendios que hasta el 4 de marzo se mantienen activos y solamente están parcialmente bajo control.

Como sabemos, los megaincendios y su cada vez mayor frecuencia, son resultado del aumento de las temperaturas, y se encadenan con las sequías prolongadas y la ausencia de políticas públicas que ayuden a conservar los bosques… así nos despeñamos en el abismo de las catástrofes ambientales.

A 5 años del asesinato de Samir, las piezas se miran, pero no se tocan

Con un comunicado fechado el 20 de febrero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, denuncia que a 5 años del asesinato de Samir Flores la Fiscalía de Morelos no quiere ver a los responsables ni aplicar la justicia.

Con un rompecabezas de actores y situaciones en torno al asesinato del compañero Samir Flores, se muestra como la investigación en curso tiene 3 líneas que involucran al crimen organizado, a patrones municipales, a la CFE que se quería apoderar de un predio ejidal y dejan fuera una cuarta y quinta línea de investigación que tiene que ver con la labor de Samir como comunicador indígena y opositor al Proyecto Integral Morelos, pero aún así con todas estás líneas de investigación evidentes la Fiscalía no quiere resolver el caso.

Por ello anunciaron, en el mismo comunicado, la presentación próximamente de un informe de violaciones a los derechos humanos causadas por el Proyecto Integral Morelos.

Samir vive, la lucha sigue y sigue!

Estudiantes expulsados de Prepa 5 de la UNAM por su participación política

El conflicto entre estudiantes y autoridades en la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 se agudiza; después de que el 7 de febrero las autoridades notificaron la expulsión provisional de 5 estudiantes por supuestos actos vandálicos en la torre de rectoría, las y los estudiantes han respondido con diversas acciones de protesta. Desde un paro en la escuela hasta el bloqueo de la calzada del Hueso, las colectivas estudiantiles acusan al director de la Prepa, Jaime Cortés Vite de criminalizar la protesta y no resolver las demandas estudiantiles.

En una conferencia de prensa, realizada el 23 de febrero, en el Centro Nacional de Comunicación Social, 3 de los 5 estudiantes afectados explicaron la constante violación a sus garantías como estudiantes, como la falta de derecho de audiencia, no ser informados sobre la acusación y hasta 2 menores que fueron intimidados y coaccionados para firmar la notificación sin la presencia de sus padres o tutores.

El Centro de Derechos Humanos José Revueltas, informaron que sobre las acusaciones no hay pruebas ni evidencia de su responsabilidad, por ello la expulsión fue ilegal, ya que se hizo sin desahogar ningún proceso y sin contar con una resolución del Tribunal Universitario.

Por su parte, la Central de Estudiantes Universitarios, refirió que entre finales de 2023 y principios de 2024, al menos 16 estudiantes han sido expulsados y remitidos al Tribunal Universitario, todos relacionados con alguna protesta. Así mismo, informó que el equipo de asesores jurídicos de los jóvenes afectados, recibieron amenazas para que abandonen la defensa del alumnado acusado.

No a la criminalización estudiantil

Oaxaca: Presos políticos

El 7 de febrero, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio exigió la revisión y el indulto para el activista David Hernández Salazar, que forma parte de la resistencia contra el corredor interoceánico y fue declarado culpable de un delito que no cometió.

A 2 años del injusto encarcelamiento, la organización relató las inconsistencias en la acusación por quema de auto y exigieron a las Autoridades del Registro Agrario Nacional desistirse como demandante.

Y también en Oaxaca, integrantes de la Red Civil Mixtequillense que se oponen al parque Industrial en Oaxaca, emitieron un comunicado el 8 de febrero apra inconformarse por la detención arbitraria de nueve activistas ( ocho hombres y una mujer), la mayoría adultos mayores, que fueron vinculados a prisión preventiva acusados falsamente por el robo de una patrulla del municipio de Mixtequilla, Oaxaca.

Los activistas, lamentaron la actuación parcial y por consigna del juez, pues el delito del cual se les acusa falsamente no amerita prisión preventiva y podrían quedar libres pagando las supuestas afectaciones, sin embargo, ahora están presos arbitrariamente.

¡Presos políticos libertad!