Actualmente la desaparición forzada se aplica en casi todo el territorio mexicano (de 32 estados por lo menos en 20), sobre todo, durante la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) con la llamada lucha contra las drogas, en el contexto de la política de seguridad del gobierno federal; no sólo se comete en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos o contra miembros de organizaciones sociales o de grupos insurgentes, sino que se extiende a amplios sectores de la población es decir de personas que no tienen ninguna militancia social o política, que son señaladas o estigmatizadas como miembros de organizaciones criminales por parte del Estado o que se encontraban en medio de operativos militares o policiales y fueron desaparecidas.