La reforma educativa, al igual que las otras que integran el paquete de "reformas estructurales", se está imponiendo con el uso desmedido de la VIOLENCIA institucional y extrainstitucional del Estado Mexicano, como lo demuestran: la millonaria campaña en contra de los maestros, que se propaga a través de los medios (des)informativos; el desprecio de los gobiernos y la "clase política" hacia el magisterio, a los padres de familia y los estudiantes, al no consultar este tipo de reformas que son de gran impacto para la vida nacional; la violenta agresión a los derechos laborales, sindicales, salariales, profesionales y humanos de los trabajadores de la educación, los cuales son expropiados y conculcados con las modificaciones recientes a los artículos 3º y 73 de la Constitución.