Ké Huelga Radio

México: Ejecuciones por policías en Michoacán

Jueves 29 de octubre de 2015

Evidencias de ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y Tanhuato

(Nueva York) – Existe evidencia de que en dos episodios ocurridos en el estado de Michoacán en 2015, en los cuales murieron al menos 50 civiles, miembros de la Policía Federal habrían cometido ejecuciones ilegales, señaló hoy Human Rights Watch.

Al menos ocho civiles murieron en la ciudad de Apatzingán el 6 de enero, luego de que miembros de la Policía Federal dispersaran un plantón de grupos de autodefensa ciudadana, y 42 civiles y un policía fallecieron en Tanhuato el 22 de mayo, cuando policías federales efectuaron una redada en un rancho supuestamente ocupado por una banda criminal. En ambos casos, varios testigos indicaron haber visto a policías ultimar con disparos a civiles que no estaban armados, cuando ya habían concluido los primeros enfrentamientos.

“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas”, expresó Daniel Wilkinson, director gerente de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Si bien el gobierno insiste en que la Policía actuó correctamente en ambos casos, los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”.

En ambos casos, la reacción del gobierno ha consistido en negar los señalamientos de uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar a las víctimas como agresores. Más de nueve meses después de las muertes en Apatzingán, y a cinco meses de las ocurridas en Tanhuato, ningún policía ha sido consignado por actuación indebida en relación con ninguno de los incidentes.

Un hombre de 19 años que resultó herido en el incidente de Apatzingán le dijo a Human Rights Watch que policías federales abrieron fuego contra civiles que no estaban armados, dispararon a dos de ellos en la cabeza mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse y luego colocaron armas junto a sus cuerpos. Human Rights Watch obtuvo una declaración escrita de otro testigo y una entrevista grabada que un tercer testigo ofreció a un periodista que confirman esta versión. En una entrevista grabada, un médico que atendió a personas heridas durante el incidente declaró a los medios de comunicación que algunos policías no permitieron que los heridos recibieran atención médica, y por ello había muerto al menos una persona más.

En los días posteriores a los incidentes en Apatzingán, y cuando apenas había empezado la investigación oficial, Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad de Michoacán designado por la Presidencia, señaló que la mayoría de los ocho civiles que perdieron la vida habían muerto por el “fuego cruzado” provocado por las armas de los mismos civiles. También mostró un video que, según afirmó, demostraba que los policías habían sido atacados por civiles.

Posteriormente, la Secretaría de Gobernación difundió el video a los medios de comunicación mexicanos, supuestamente para probar que los policías habían disparado en defensa propia contra agresores armados. Ocho meses después, cuando funcionarios de la Secretaría de Gobernación todavía empleaban el video para justificar el argumento de la “legítima defensa”, se reunieron con Human Rights Watch y proporcionaron una copia del mismo. Sin embargo, en el video no se ve que civiles ataquen a policías, y los civiles que aparecen en él no portan armas de fuego.

En el caso de Tanhuato, un investigador de derechos humanos, que ha pedido que su identidad se mantenga bajo reserva, entrevistó exhaustivamente a tres personas que presenciaron los hechos. Según dijo el investigador a Human Rights Watch, las tres personas informaron que, después de la balacera inicial, varios policías habían ultimado con disparos a personas que estaban escapando del lugar o estaban bajo custodia policial.

Asimismo, según le dijo el periodista Carlos Loret de Mola a Human Rights Watch, las pruebas recogidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán corroboran esa versión. Loret de Mola indicó haber revisado un documento oficial, que no fue difundido públicamente, en el cual se detallaban las conclusiones de la Procuraduría.

A pocas horas de las muertes en Tanhuato, Monte Alejandro Rubido, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, declaró a los medios de comunicación que miembros de la Policía Federal habían mantenido un enfrentamiento armado durante tres horas con una banda criminal. Rubido descartó la posibilidad de que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales, y aseveró que el saldo desigual de civiles y policías muertos se debía a la “capacitación superior” de las fuerzas de seguridad.

En varios informes publicados a lo largo de la última década, Human Rights Watch ha documentado cientos de casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Estos casos ocurrieron en 12 de los 31 estados de México, que representan la diversidad geográfica y política del país.

El 2 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió las conclusiones preliminares de su visita in loco a México, en las cuales sostuvo que el país está atravesando una “grave crisis de derechos humanos”, y alertó sobre las ejecuciones extrajudiciales y el “carácter endémico de la impunidad para estos crimenes”. La reacción inmediata del gobierno mexicano fue minimizar las conclusiones del informe, aseverando que tiene “excesos” y que se había formulado a partir de una cantidad reducida de casos que “no reflejan la situación del país”.

“Ante evidencias de que se cometieron atrocidades, la respuesta del gobierno ha consistido en negar o restarle importancia a la magnitud al problema”, observó Wilkinson. “Es la misma actitud que vimos el año pasado ante Ayotzinapa y Tlatlaya”, comentó en referencia a dos conocidos casos recientes en México, “y sugiere que el gobierno todavía no está dispuesto a abordar seriamente la crisis de derechos humanos en el país”.

En el caso de Tlatlaya, las autoridades insistieron durante varias semanas que la muerte de 22 personas por soldados, en junio de 2014, había sido producto de un uso legítimo de la fuerza en el marco de un enfrentamiento armado, hasta que la revista Esquire publicó declaraciones de una testigo que denunciaba múltiples ejecuciones extrajudiciales, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe que concluía que agentes del Ministerio Público del estado habían torturado a las testigos para que realizaran declaraciones falsas.

En el caso de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR), que debería haber iniciado una investigación oportunamente, esperó 10 días para comenzar a investigar la desaparición forzada de 43 normalistas a manos de policías en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Cuatro meses después, la PGR afirmó haber esclarecido el caso. Sin embargo, un año después de los hechos, un grupo de expertos independientes designado por la CIDH identificó gravísimos errores en esa investigación.

El grupo de expertos, conformado a través de un acuerdo de cooperación entre el gobierno mexicano y la CIDH, realizó una evaluación técnica de la investigación penal de las desapariciones de Ayotzinapa. El Presidente Peña Nieto prorrogó públicamente el mandato del grupo en septiembre. El 22 de octubre, la PGR y el grupo de expertos firmaron un acuerdo que establece las pautas para la cooperación en la investigación.

“Una y otra vez, el sistema de justicia de México ha demostrado ser incapaz o no querer que miembros de las fuerzas de seguridad respondan por los abusos que cometieron”, señaló Wilkinson. “Es posible que la única esperanza de que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente sobre lo ocurrido en Apatzingán y Tanhuato sea conformando una comisión independiente, similar al grupo de expertos que evalúa el caso Ayotzinapa”.

Resumen de casos documentados

En agosto, una delegación de Human Rights Watch se reunió con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación; la Procuraduría General de la República; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo autónomo; y un sobreviviente del incidente en Apatzingán. Además, Human Rights Watch consultó entrevistas grabadas o declaraciones escritas tomadas a testigos por agentes de la PGR, certificados de defunción y expedientes judiciales, incluyendo las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público por 43 personas detenidas en el incidente de Apatzingán.

Human Rights Watch entrevistó a un investigador de derechos humanos que visitó el lugar donde ocurrieron los incidentes en Tanhuato y que mantuvo entrevistas exhaustivas con tres testigos. El investigador pidió a Human Rights Watch que no se difundiera su identidad. Asimismo, Human Rights Watch entrevistó al periodista Loret de Mola, quien revisó un informe oficial donde se describe la evidencia forense recogida por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Apatzingán

En horas de la madrugada del 6 de enero, un grupo numeroso de civiles estaba participando en un plantón frente al Palacio Municipal de Apatzingán. Muchos eran miembros de fuerzas rurales de defensa locales que se crearon en Michoacán en 2014, cuando grupos armados de autodefensa ciudadana suscribieron un acuerdo con el gobierno para registrar sus armas e incorporarse oficialmente a las fuerzas de seguridad locales. Human Rights Watch recibió versiones contradictorias sobre la finalidad del plantón, que posiblemente se haya organizado en respuesta al potencial desmantelamiento de las fuerzas rurales por el gobierno, o con el propósito de exigir a las autoridades que intensificaran sus esfuerzos para combatir la actividad de carteles de narcotráfico en la zona.

Uso excesivo de la fuerza contra civiles que no estaban armados

Aproximadamente a las 4 a.m., se presentó en el lugar un contingente numeroso de soldados y policías federales para dispersar el plantón. Human Rights Watch tuvo acceso al expediente judicial de las detenciones efectuadas durante el incidente, que contenía declaraciones realizadas ante agentes de la PGR por 43 de las 44 personas detenidas por la Policía.

Al menos 10 señalaron que sufrieron abusos cometidos por policías y soldados ese día. Rosa Isela Orozco Sandoval, de 20 años, indicó que a pesar de haber avisado que posiblemente estuviera embarazada, miembros de la Policía Federal le propinaron golpes con los puños en la cabeza y puntapiés en el pecho, la golpearon con un tubo en la espalda y la arrastraron por el piso. Otro testigo vio a una mujer embarazada —tal vez Orozco— mientras era “golpeada” por autoridades. Juan Carlos Gutiérrez Segura, de 33 años, dijo a los agentes de la PGR que, tras haberle mostrado a un grupo de soldados que no estaba armado, lo arrojaron al piso y lo golpearon varias veces.

La Policía detuvo a las 44 personas por tenencia ilegal de armas, las trasladó a Morelia, la capital del estado, para iniciar el proceso penal en su contra, e incautó 18 vehículos. La Policía transportó los vehículos en un convoy hasta un depósito en la periferia de la ciudad. La descripción de lo que sucedió después proviene de una entrevista con “Alejandro”, un joven de 19 años que es miembro de una fuerza rural y pidió no ser identificado; el testimonio escrito de Gonzalo Alfonso Castillo Sánchez, un joven de 16 años que es hijo de un trabajador de una plantación de limones, recabado por la PGR; y la declaración de otro sobreviviente, que fue grabada por un periodista.

Alejandro dijo a Human Rights Watch que, temprano en la mañana del 6 de enero, recibió un mensaje por radio según el cual algunos miembros de grupos de autodefensa en Michoacán habían resultado heridos cuando soldados y policías irrumpieron para dispersar el plantón frente al Palacio Municipal. Aproximadamente a las 6 a.m., se reunió con otras 100 personas en la periferia de la ciudad, y juntos se dirigieron en 20 camionetas hacia el galpón donde creían que la policía llevaría los automóviles decomisados.

Según señalaron Alejandro y el testigo en la grabación, habían acudido allí con la intención de encontrar a sus compañeros heridos, quienes creían que podían estar en custodia policial. Los tres testigos señalaron que no tenían conocimiento de que ninguna de las personas en las camionetas llevara armas de fuego, sino solamente palos y fierros.

En Avenida Constitución, una calle principal, el grupo se cruzó con entre 20 y 25 vehículos de la Policía Federal, dos de los cuales estaban detenidos formando un ángulo de 45 grados para bloquear la calle, según manifestó Alejandro. El grupo detuvo las camionetas y se acercó a pie a los vehículos policiales. Fue entonces cuando los policías abrieron fuego sin ninguna advertencia previa, dijeron Alejandro y Gonzalo.

Alejandro afirmó haber recibido seis disparos —en el hombro izquierdo, dos veces en un pie, en la pantorrilla derecha y dos impactos en la pierna izquierda— antes de lograr resguardarse debajo de una camioneta, donde se escondió entre las llantas. Alejandro mostró a Human Rights Watch las heridas en el hombro y la pierna, y pequeñas esquirlas metálicas que todavía tenía en el cuero cabelludo.

Ejecuciones ilegales por policías

Alejandro contó a Human Rights Watch que, una vez que habían cesado los disparos, vio a policías que arrastraron a Miguel Ángel Madrigal Marmolejo de debajo de una camioneta y le dispararon en la cabeza. Otro hombre, cuyo nombre Alejandro desconocía, se encontraba herido en el suelo, cuando un policía le ordenó que se arrodillara. Luego otro policía le disparó en la cabeza y colocó el cuerpo sin vida en el asiento del conductor de una de las camionetas, contó Alejandro. Gonzalo dijo a agentes de la PGR que vio cuando policías disparaban a dos civiles en la cabeza. En una entrevista grabada, el tercer testigo indicó que algunas personas eran arrastradas de debajo de una camioneta y ultimadas con disparos por policías.

Alejandro señaló que un policía lo sacó de debajo de la camioneta, le pisó la herida que tenía en el hombro y le apuntó con el arma en la cabeza. Alejandro se salvó, según dijo, porque otro policía federal le indicó al agente que le apuntaba que no disparara, ya que varias personas habían comenzado a filmar lo que sucedía desde viviendas vecinas. Mientras Alejandro permanecía en el suelo perdiendo sangre, vio a policías colocar armas sobre sus compañeros muertos y heridos, o cerca de ellos.

Gonzalo manifestó en su declaración que recibió un impacto de bala en la cabeza y que varios policías colocaron un arma de fuego y un cargador junto a él mientras yacía en el suelo, perdiendo sangre.

Intromisión policial en la atención médica

Human Rights Watch obtuvo evidencias creíbles de que policías impidieron que los heridos en Apatzingán recibieran atención médica, lo cual provocó la muerte de al menos una persona. Alejandro contó que los policías impedían que las ambulancias se acercaran al lugar de los hechos y asistieran a las víctimas heridas. El testigo en la grabación dijo que permaneció en el suelo perdiendo sangre durante casi 90 minutos después de la balacera, sin que los policías federales lo ayudaran.

Un médico de Apatzingán dijo a un periodista en una entrevista grabada, a la cual tuvo acceso Human Rights Watch, que miembros de la Policía Federal habían impedido que profesionales médicos trasladaran a una víctima que se encontraba en estado crítico de un hospital en Apatzingán a otro en Morelia, que contaba con equipos más adecuados para atenderla. El traslado se demoró siete horas, durante las cuales el paciente perdió sangre abundantemente, afirmó el médico. El paciente falleció en la ambulancia durante el trayecto a Morelia.

Alejandro finalmente fue llevado en ambulancia a un hospital, y permaneció internado por cuatro semanas. Afirmó que le colocaron una placa metálica en el hombro y que perdió gran parte de la visión en el ojo derecho debido a las lesiones. Gonzalo perdió el ojo derecho.

La versión oficial

Al menos ocho personas murieron en Apatzingán, señaló Eber Betanzos, subprocurador de derechos humanos de la PGR.

La PGR inició una investigación de los enfrentamientos en Apatzingán el 7 de enero, el día siguiente a los incidentes. Ese mismo día (cuando apenas se había dado inicio a la investigación), Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad de Michoacán designado por el presidente, que no depende de la PGR, declaró a los medios en una conferencia de prensa que todos los civiles en Apatzingán (con excepción de dos) murieron a causa del “fuego cruzado” provocado por las armas que ellos mismos portaban. Castillo afirmó que los dos civiles abatidos por policías también habían recibido disparos de otros civiles, y que era “imposible determinar” quiénes eran responsables por sus muertes.

En la conferencia de prensa y durante los meses siguientes, Castillo y funcionarios de la Secretaría de Gobernación distribuyeron a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales imágenes tomadas por cámaras de seguridad, en un intento por demostrar que los policías federales habían sido atacados por civiles y que habían actuado en legítima defensa para preservar su vida.

Siete meses después del incidente, en una reunión con Human Rights Watch en México D.F., funcionarios de la Secretaría de Gobernación, entre ellos el Subsecretario de derechos humanos Roberto Campa, reconocieron que las pruebas de balística demostraron que 12 policías habían disparado sus armas durante el incidente.

Campa entregó a Human Rights Watch una copia del video que, durante meses, los funcionarios habían aseverado que desligaba a los policías de cualquier responsabilidad por irregularidades, pues afirmaban que en él se veía a una multitud armada que atacaba a los policías. Sin embargo, las imágenes no muestran ningún enfrentamiento entre civiles y policías.

El video muestra a un convoy de aproximadamente 20 vehículos de la Policía Federal que traslada vehículos incautados por la Avenida Constitución, aproximadamente a las 7:40 a.m. del 6 de enero. A las 7:46 a.m., se ven seis camionetas pick-up que se acercan al convoy. Una veintena de personas descienden de las camionetas y comienzan a correr, presuntamente en dirección hacia donde estaban los policías, pero esto no se ve debido al ángulo de la filmación. Segundos después, se ve a esas mismas personas corriendo, alejándose de la escena. Ninguno de los civiles lleva armas de fuego, un dato que fue confirmado a Human Rights Watch por una funcionaria de la Secretaría de Gobernación que estaba mostrando el video.

Cuando Human Rights Watch mantuvo las reuniones con funcionarios del gobierno en agosto, ya hacía cuatro meses que los medios de comunicación mexicanos informaban sobre las denuncias de que policías habían matado a civiles que no portaban armas en Apatzingán. El 20 de abril, el día después a que fuera difundido el primero de una serie de articulos de la periodista Laura Castellanos en Proceso, Aristegui Noticias y Univisión, en los cuales se señalaba que civiles que no estaban armados habían sido asesinados por policías en la vía pública, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pidió públicamente a la PGR que investigara los señalamientos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad.

En agosto, Betanzos, el subprocurador de derechos humanos de la PGR —el organismo a cargo de la investigación— dijo a Human Rights Watch que no había “elementos” que justificaran consignar a ningúno policía por presuntos abusos en Apatzingán. Se negó a proporcionar mayor información, aseverando que no podía divulgar datos de una investigación en curso.

Tanhuato

El 22 de mayo, en un incidente en el rancho El Sol en el municipio de Tanhuato, Michoacán murieron 42 civiles y un policía. Roberto Campa, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, a la cual está adscripta la Policía Federal, señaló que los civiles pertenecían a una organización criminal del estado vecino de Jalisco y que estaban ocupando ilegalmente la propiedad. Tres de los civiles fueron aprehendidos y detenidos en una cárcel federal, acusados de delincuencia organizada.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán se ocupó de la investigación preliminar de los hechos. Dado que en el enfrentamiento habían participado policías federales, existían acusaciones de graves violaciones de derechos humanos y los tres sobrevivientes detenidos fueron detenidos por delincuencia organizada (que es un delito federal), la PGR debería haber tenido competencia inmediata en el caso e iniciado oportunamente una investigación. Sin embargo, no se hizo cargo de la investigación hasta tres meses después, en agosto.

Ejecuciones ilegales cometidas por policías

Un investigador de derechos humanos, que pidió que su identidad se mantuviera en reserva, contó a Human Rights Watch que entrevistó a tres civiles sobrevivientes, quienes le dijeron que si bien algunos civiles participaron inicialmente en un enfrentamiento armado con policías frente a la vivienda, muchos otros dejaron caer sus armas y no respondieron con disparos, y que los policías le dispararon en la espalda a al menos cinco que intentaron huir hacia los terrenos detrás de la vivienda. Los tres testigos, que fueron detenidos en el incidente, dijeron que fueron obligados por policías federales a efectuar disparos al suelo luego de ser aprehendidos, para que luego dieran positivo las pruebas para detectar si habían disparado armas de fuego.

Según indicó el investigador entrevistado por Human Rights Watch, los testigos dijeron que una vez que había mermado la balacera inicial, varios policías federales llevaron a siete personas dentro de la hacienda principal y mataron a cuatro de ellas. Una fue puesta contra una pared y luego le dispararon; otra recibió disparos en la escalera; una fue alcanzada por disparos en la espalda mientras escapaba; y otra fue quemada dentro de una bodega ubicada al costado de la vivienda. El investigador aseveró que los relatos de los testigos eran coincidentes.

En una columna publicada en agosto, Loret de Mola informó que en la investigación preliminar que llevó a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán sobre el incidente de Tanhuato había evidencias que avalaban la conclusión de que policías federales habían matado a numerosos civiles que no portaban armas.

Human Rights Watch entrevistó a Loret de Mola, quien proporcionó una descripción detallada de un documento oficial de 80 páginas donde se resumía el expediente judicial del caso, que contenía fotografías de 43 cuerpos, resultados de balística y testimonios de testigos clave. No reveló quién le permitió acceder al resumen.

Según indicó Loret de Mola, el informe señalaba que 23 de los cuerpos presentaban heridas “incompatibles con un enfrentamiento armado”, y al menos una decena tenían múltiples heridas de bala en la espalda disparadas desde corta distancia. De las 42 armas que la policía confiscó en el lugar de los hechos, 30 no habían sido disparadas, lo cual debilita el argumento de que la policía había actuado solamente en defensa propia. El informe incluía fotografías de los cuerpos con heridas coincidentes con lo aseverado por los testigos, dijo Loret de Mola.

La versión oficial

El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo a Human Rights Watch que policías federales habían sido enviados a Tanhuato a investigar una denuncia de que delincuentes armados habían usurpado un rancho privado.

Monte Alejandro Rubido, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, que depende de la Secretaría de Gobernación, dijo en declaraciones a los medios el día que se produjeron las muertes que, cuando el convoy policial se acercaba al lugar, un grupo armado en una camioneta había comenzado a dispararles, y que luego estas personas habían huido en dirección al rancho, y que fue así como los policías llegaron al lugar de los hechos. Al llegar al rancho, los policías fueron repelidos con disparos y otros 60 policías fueron enviados posteriormente al lugar, incluidos varios que dispararon hacia la vivienda desde un helicóptero. El enfrentamiento armado duró tres horas, indicó Rubido.

En una conferencia de prensa, Rubido negó expresamente que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales, y aseveró que todos los disparos se efectuaron a una distancia considerable del lugar donde se hallaron los cuerpos. Rubido expresó que el saldo de 42 civiles muertos, comparado con apenas un policía que perdió la vida, se debía a la “capacitación superior” de la Policía.

Rendición de cuentas

En una reunión mantenida el 17 de agosto, Betanzos, el subprocurador de derechos humanos de la PGR, dijo a Human Rights Watch que la investigación estaba a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, y que no podía aportar información sustantiva sobre el caso debido a que la investigación todavía estaba en curso. El 22 de agosto, Roberto Campa, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, informó a Human Rights Watch que la PGR había asumido la investigación del incidente en Tanhuato.

Ver en línea : HRW

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