La reforma supuso la apertura del sector petrolero a la iniciativa privada en un país donde la explotación del petróleo supone el 35% de los ingresos públicos que financian el presupuesto nacional. Esto implica que las ganancias que antes recibía el Estado a través de la entidad pública Petróleos Mexicanos (Pemex), ahora tendrán que ser repartidas con el sector privado. Es decir, México contará con menos recursos para garantizar los derechos humanos de la población y los principios de progresividad, no regresividad y máximo uso de recursos asociados.