Para ser una verdadera política de Estado frente a la irrupción de las autodefensas y las policías comunitarias, la intervención federal en Michoacán debe incorporar una política clara ante este fenómeno, que pase por la revisión minuciosa de las acusaciones presentadas contra las personas vinculadas a este movimiento y que ponga fin al uso político de las cárceles federales del que han sido víctimas tanto los activistas michoacanos como los guerrerenses. Esa decisión, desde ya, puede tomarla la Secretaría de Gobernación.