En el estado de Guerrero, a partir de marzo del 2005 a la fecha más de 6,500 familias se han quedado con la ausencia de un familiar, que ha sido desaparecido de manera forzada o asesinado extrajudicialmente como resultado de la violencia social y la acción de los grupos y empresas radicales, protegidos y aliados con los malos gobiernos locales, estatal y federal en los negocios de la llamada delincuencia organizada. El Estado los llama daños colaterales de su guerra por el control del mercado del narco y los demás negocios que manejan. Muchos más han sufrido la misma situación por haberse empleado y comprometido con ellos.