Comunicando la resistencia
Espacio de Noticias - 26 de septiembre de 2011
En esta edición podrás escuchar, entre otros temas:
Fecal insiste: estado policíaco!
Movimiento por la Paz
Necesaria rectificación
Jalisco: 10 comuneros cocas detenidos
Bolivia: brutal represión contra marcha indígena
Chile: llueve sobre mojado
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Fecal insiste: estado policíaco!
El jueves 22 de septiembre, la presidencia envió al Congreso una iniciativa para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales que entre otras lindezas, contempla la posibilidad de autorizar detenciones “en caso de urgencia” mediante un sistema de investigación sin autorización judicial, cateos de domicilios por denuncia anónima, revisión y grabación de personas y vehículos, intervención y uso de llamadas telefónicas entre particulares y conformar un cuerpo de agentes infiltrados. Si bien no tiene los alcances de la Ley de Seguridad Nacional, esta iniciativa es algo así como la legalización de las técnicas de la guerra contra la población y darle carta blanca a los cuerpos represivos en sus acciones fuera de la ley actual, de por sí ya bastante ligera en cuanto a controlar a soldados, marinos y policías.
En buena parte de su contenido pretende cambios que “agilicen” y modernicen el sistema judicial. En una primera reacción, organizaciones de defensa de los ddhh como el Centro Pro, Comité Cerezo y la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, señalaron que a pesar de los avances en materia de impartición de justicia, mediante las disposiciones contenidas en esta iniciativa “el gobierno podrá aumentar su escalada represiva en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, pero esta vez de forma legal, lo cual llevaría al Estado a convertirse en terrorista”.
Movimiento por la Paz
Como se recordará, en marzo pasado fueron asesinadas 7 personas en Morelos, entre ellas, Juan Sicilia, hijo de Javier Sicilia. Dicho asesinato detonó una amplia movilización civil en exigencia de una paz con justicia y dignidad. Dado el impacto de este movimiento, el gobierno se puso las pilas y ha presentado a diversos presuntos implicados. El jueves 22 de septiembre se conoció una carta donde familiares de 5 meseros detenidos como participantes en este crimen, afirman la inocencia de estas personas. Martín Casarrubias García padre de uno de los detenidos leyó: “Señor Javier Sicilia estamos seguros de que nuestros esposos e hijos son acusados injustamente de delitos que jamás cometieron. Cuatro de ellos no trabajaron el día de los hechos y para demostrarlo basta leer los 58 tomos que integran la causa penal 85/2011”.
Sobre esa base, piden la intervención de Sicilia para que se esclarezcan estas inculpaciones mediante la revisión del proceso penal. El viernes 23, el abogado de Javier Sicilia, Julio Hernández Barros, declaró que entre otras pruebas inculpatorias en contra de estos 5 meseros está la lista de asistencia del Bar Obsesión así como los testimonios de otros inculpados que los reconocieron como participantes en los hechos que condujeron al multihomicidio. En todo caso, remató Hernández, será a través de un juicio que se decidirá la culpabilidad o la inocencia de estas personas.
Necesaria rectificación
El jueves 22 de septiembre, la organización Sociedad Civil Las Abejas se deslindó de la demanda que un grupo de abogados ha emprendido para exigir que se castigue al expresidente Ernesto Zedillo por su responsabilidad en la masacre de Acteal. A decir de Las Abejas, el despacho de abogados Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess “no es una organización de derechos humanos, sino un despacho que acostumbra defender a banqueros y grandes corporaciones –como puede verse en su página de Internet–; es evidente que ni las Abejas ni ningún indígena tzotzil tiene dinero para pagar los enormes gastos que implica contratarlo”. En su comunicado se señala también que la exigencia “no se centra en obtener dinero, sino en que se haga justicia y se ponga un alto a la impunidad por el asesinato de sus integrantes”. Quedó claro para nosotros y esperamos que también para quienes nos escuchan…
Presos políticos
Jalisco: 10 comuneros cocas detenidos
El 23 de septiembre se informó que el juez Penal de Ocotlán, Oscar Martín Morales Vásquez, dictó auto de formal en contra de 10 indígenas cocas de la comunidad de Mezcala, Jalisco. De acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, estas detenciones violan el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y al resto de garantías judiciales. La primera irregularidad es que el delito de daño en las cosas, por el cual se acusa a los comuneros, se persigue a petición de parte, y cinco de los comuneros a los que se les dictó auto de formal prisión no fueron mencionados por el denunciante, Crecenciano Santa Sánchez, en nombre del invasor Guillermo Moreno, quien desde hace más de 10 años ocupó ilegalmente tierras comunales de Mezcala, ubicada en la Ribera de Chapala. La segunda irregularidad es que los comuneros de Mezcala no fueron citados por el agente del ministerio público para tener la oportunidad de defenderse ante las acusaciones formuladas. Guillermo Moreno, a la vez, está denunciado desde hace más de 10 años por la invasión de las tierras. Y justo a un mes de que se emita la sentencia final sobre dicho despojo, Moreno decide demandar a los comuneros debido a que éstos retiraron celdas solares que habían sido instaladas en territorio comunal.
Denuncias
Bolivia: brutal represión contra marcha indígena
El lunes 26 de septiembre, el presidente Evo Morales anunció en cadena nacional que la construcción del segundo tramo de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos que está trazada sobre el territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se suspende hasta que se realice un debate nacional
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Este anuncio se da después de que cientos de policías y militares reprimieran, el domingo 25, a los más de 800 indígenas que marchaban en defensa del TIPNIS que estaban descansando en la localidad de San Miguel de Chaparina. En su mensaje Evo Morales afirmó que no ordenó la represión y quiso hacer ver que la violencia hubiera sido mayor si los marchistas continuaban su paso y se encontraban con sus opositores, los colonos de Yucumo que bloqueaban la vía. Morales también recordó la agresión sufrida por su canciller quien el sábado 24 fue obligado a caminar en la primera fila de la marcha indígena, para abrir camino a los marchistas.
Por su parte el Comité de la Marcha de los pueblos indígenas en defensa del TIPNIS denunció la muerte de un bebé de tres meses y 37 personas desaparecidas, de las cuales siete son niños. El comité denuncia que “los efectivos de la policía persiguieron a la gente, los acorralaron, los golpearon y quemaron el campamento, gasificando mujeres embarazadas, reteniendo equipos de la prensa y obligando a la gente a subir a camionetas para de esta manera, intervenir y acabar con la marcha”. Ante esta brutal represión los marchistas, piden a los organismos de derechos humanos del país a garantizar la vida de todos y cada uno de los marchistas, especialmente de las mujeres, niños y bebés. También exigen la inmediata libertad de detenidos en buses policiales, cuyo destino es incierto.
La solidaridad no se hizo esperar, pobladores de San Borja bloquearon inmediatamente el puente de esa localidad impidiendo que 4 autobuses con indígenas fueran despachados hacia los lugares de origen de los manifestantes. Los cuatro buses de transporte público con indígenas retenidos en su interior retornaron cerca a la media noche del domingo 25 a la población de Yucumo. Desde otros autobuses, los manifestantes denunciaron que los policías los tienen atrapados y los llevan “con rumbo desconocido”.
El lunes 26 de septiemre, la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, renunció de forma irrevocable a su cargo en protesta por la violenta represión policial a los marchistas indígenas. Este es un fragmento de su carta dirigida a Evo Morales:
“Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender o justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo, respeto a los derechos Humanos, no violencia y defensa de la Madre Tierra. Las medidas asumidas, lejos de aislar a la derecha fortalecen su manipulación dentro de la octava marcha con el fin de atacar el proceso de cambio que tanto ha costado a los bolivianos.”
El miércoles 28, la Central obrera boliviana, realizará un paro nacional movilizado de 24 horas por demandas obreras y en apoyo a la marcha por el TIPNIS.
A pesar de la confianza con que aún cuenta el gobierno, sus acciones lo están colocando en el punto de no retorno: a fuerza de reprimir al pueblo, hasta el más progresista de los presidentes desata la ira popular…
Chile: llueve sobre mojado
Tras cuatro meses de paro, los estudiantes chilenos enfrentan la estrategia de represión y desgaste por parte del gobierno, que además de desalojar con la fuerza pública varios colegios, agita el fantasma de la pérdida del año escolar. Esto tiene efectos sobre las dirigencias estudiantiles, en especial en la moderada Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile que ha comenzado a barajar la posibilidad de que se reanuden las clases. El viernes 23 de septiembre, su presidenta, Camila Vallejo declaró “La propuesta que se está discutiendo es cerrar el semestre y pasar al segundo, y está la opción de que sea sin clases o con clases, pero con horarios protegidos para poder realizar las asambleas, las discusiones y el calendario de movilizaciones”. Aunque la situación es complicada, aceptar el reinicio a clases muy probablemente desmovilizará a los estudiantes.
Ese mismo viernes 23 se conoció que dos de las huelguista de hambre habían sido hospitalizadas al sufrir una fuerte descompensación. En días pasados, la huelga de hambre se trasladó frente a la casa central de la Universidad de Chile, buscando mayor visibilidad. Al lunes 26 de septiembre la situación de los huelguistas es la siguiente: Johanna Choapa y Maura Roque llegaron a 69 días de ayuno, mientras que Carla Fernández, de sólo 15 años de edad, cumplió 36 días sin probar alimentos; las tres están internadas en el hospital San Borja Arriarán de Santiago. El cuarto participante, Francisco García, se mantiene en huelga. Los cuatro estudiantes, pertenecientes a centros de la enseñanza secundaria en Santiago, defienden un sistema de educación pública y gratuita con el rol garante del Estado. Exigen además que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios sea tomada en cuenta por el gobierno en caso de que se instale una mesa de diálogo.
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