para que sus casos sean investigados por el fuero civil

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú demandan a la PGR y a la PGJM

, por chakalita

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú demandan formalmente a la PGR y a la PGJM que sus casos sean investigados en el fuero civil en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y de la reciente determinación de la SCJN.

México D.F. a 28 de julio de 2011

En conferencia de prensa, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y Vidulfo Rosales Sierra, Coordinador del Área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dieron a conocer las acciones tomadas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú para exigir que las investigaciones abiertas por la violación sexual y tortura perpetrada en contra de ambas por elementos castrenses sea remitida al fuero civil.

Durante la conferencia de prensa, ambas mujeres me’phaa y las organizaciones que acompañan su búsqueda de justicia hicieron públicas diversos documentos presentados el día de hoy.

En primer término, dieron a conocer un escrito dirigido a la Lic. Maricela Morales, Procuradora General de la República (PGR), en el cual, haciendo valer la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demandan a dicha dependencia que a la brevedad pida a su homóloga militar la remisión de las averiguaciones previas relacionadas con sus denuncias, señalando que no pueden continuar en el fuero militar.

En segundo lugar, difundieron un escrito dirigido a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), mediante el cual invocando también la determinación del Máximo Tribunal mexicano, exigen que el órgano castrense de procuración de justicia deje inmediatamente de seguir integrando las averiguaciones previas iniciadas tras la denuncia de las mujeres me’phaa, de modo que éstas sean remitidas al fuero civil inmediatamente.

Durante la conferencia de prensa, se reiteró que la remisión al fuero civil de las investigaciones relacionadas con los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú pone a prueba la trascendencia de la reciente determinación de la SCJN, así como la congruencia del Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acatar las interpretaciones del Máximo Tribunal mexicano.

En ese sentido, se insistió en que a más de 8 meses de que la Corte Interamericana ordenó al Estado Mexicano que las investigaciones fueran trasladas a la PGR, hasta ahora ha prevalecido en el fuero militar.

Por eso, se señaló, connotadas organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), la Organización para el Futuro Mixteco(OFPM), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Gro.), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ),la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RedTDT, conformada por 72 organizaciones en 23 estados de la República) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), ARTICULO XIX y Amnistía Internacional (AI), suscribieron el posicionamiento dado a conocer, enfatizando que de seguir en el fuero militar los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú quedaría probado que el Ejecutivo elude sus obligaciones internacionales y la determinación de la Suprema Corte para encubrir la impunidad castrense.

Exigimos que el marco del acuerdo del convenio firmado por las autoridades el 15 de marzo, para el cumplimiento de las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo, las investigaciones sean remitidas al fuero civil. Recordamos que en dicho evento, la representación estatal estuvo a cargo de, Felipe de J. Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y quien ha fungido como coordinador de la implementación de las sentencias; el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores(SRE); Jorge Alberto Lara Rivera, Subprocurador Jurídico y de Proyectos Internacionales de la Procuraduría General de la República; así como Ricardo Celis Aguilar Álvarez, Consejero Jurídico Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.