Ké Huelga Radio

Nebulosa - 19 de diciembre de 2017

Miércoles 20 de diciembre de 2017

Estas son las noticias de la semana:

  • Oaxaca: no a los parques eólicos
  • Noticias de la Caravana de Madres de hijas e hijos desaparecidos
  • Guerrero: Arturo Campos libre
  • Carta para Mariana
  • Ciudad Monstruo: Manifestación de apoyo al pueblo palestino
  • Noticias sobre la ley de seguridad
  • Guerrero: seis años de impunidad
  • Sin debate nacional se aprueba la Ley de Seguridad Interior
  • Argentina: manifestaciones y más manifestaciones
  • Colombia: siguen las agresiones contra líderes sociales

Oaxaca: no a los parques eólicos

El pasado 6 de diciembre, en una conferencia de prensa en el Istmo de Tehuantepec, la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, denunció la reactivación de las obras del parque Eólica del Sur, a pesar de existir una demanda de amparo promovida en septiembre de 2015, que ordenaba la suspensión de las obras hasta que la Suprema corte de Justicia de la Nación determinara si la empresa y las autoridades habían realizado alguna consulta previa o no, entre los pueblos de la zona, y si fue de conformidad a los más altos estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Comentaron que a pesar de que legalmente las obras se encuentran suspendidas, en los hechos la empresa ha realizado trabajos y en la actualidad el parque eólico llama un avance de cerca de 22 por ciento. Al finalizar la conferencia de prensa expresaron su rechazo a la construcción del parque de Eólica del Sur y también repudiaron la actitud servil del gobierno federal, estatal y municipal ante las empresas e inversionistas.


Noticias de la Caravana de Madres de hijas e hijos desaparecidos

Durante 13 años ininterrumpidos, madres y familiares de migrantes desaparecidas y desaparecidos recorren México en una caravana para buscar a sus seres queridos. De tal forma que los primeros 18 días del mes de diciembre la Caravana de Madres Centroamericanas recorre diversos estados de la república mexicana con presencia migrante para encontrar a sus familiares y denunciar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes durante su tránsito por México.

Durante el recorrido realizado en este año, hubo tres encuentros que llenaron de alegría a las madres de los migrantes. El primero de ellos ocurrió el jueves 7 de diciembre, en el comedor de Las Patronas ubicado al sur del estado de Veracruz, donde Catalina Roblero Morales se reencontró con su hijo Elisandro Reginaldo Roblero, después de 20 años incomunicados. El segundo encuentro ocurrió el 10 de diciembre en Guadalajara, Jalisco, donde Clementina Murcia reencontró a su hijo Mauro Orlando Funes Murcia, luego de más de 16 años de búsqueda. Con este encuentro, la señora Clementina logró encontrar a uno de sus dos hijos desaparecidos y mencionó que no descansará hasta encontrar a Jorge Orlando Funes Murcia. Durante el encuentro en el albergue para migrantes FM4 en Guadalajara el 10 de diciembre, Clementina comentó lo siguiente:

Luego de esos importantes y emotivos encuentros, la Caravana se dirigió a la Ciudad Monstruo donde realizaron una manifestación a las afueras de la Embajada de los Estados Unidos, donde leyeron la carta que entregaron en la embajadora en la cual exigen que: se valore la aportación de los migrantes a la economía y sociedad estadounidense; cesen las deportaciones de personas migrantes; se suspenda la militarización de las fronteras, con programas como el Plan Frontera Sur; se rectifiquen programas estadounidenses de ayuda extranjera y comercio en los países centroamericanos que causan el desplazamiento y la pérdida de empleo, como son los megaproyectos.

Más tarde, las madres y familiares que integran la Caravana se dirigieron a las instalaciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) para interponer una serie de denuncias por la desaparición de sus hijos e hijas, así como para solicitar información sobre los avances de las denuncias interpuestas en los años 2015 y 2016.

Aquí los dejamos con un testimonio del mitin realizado a las afueras de la Embajada de los Estados Unidos, el pasado 14 de diciembre.


Guerrero: Arturo Campos libre

Luego de 4 años encarcelado, Arturo Campos, integrante de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC) obtuvo su libertad el pasado jueves 14 de diciembre de 2017 al abandonar las instalaciones del Centro de readaptación social (Cereso) de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero. Arturo estuvo preso desde el 1 de diciembre de 2013, cuando fue detenido por Policías Ministeriales en la ciudad de Chilpancingo acusado de secuestro. A los pocos días de su detención, dio inicio una importante movilización social “que empezó en las comunidades de la montaña de Guerrero y llegó hasta una campaña internacional que recaudó más de 34 mil voces ciudadanas”. La libertad de Arturo Campos, evidencia que se le detuvo sin que hubiera elementos suficientes para sostener la acusación por la cual se le mantuvo preso y, sobre todo, muestra que la Procuraduría del estado utilizó falsas acusaciones para criminalizar los derechos de los pueblos originarios y para silenciar la protesta social, utilizando el sistema de justicia contra los líderes indígenas.

Al salir del penal, Arturo Campos comentó que continuará realizando sus actividades dentro de la CRAC-PC y mantener la lucha por la liberación de Gonzalo Molina y Samuel García Ramírez, también integrantes de la CRAC-PC y presos en el penal de Chilpancingo.


Carta para Mariana

En el marco del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, la señora Irinea Buendía Cortés, madre de la joven víctima de feminicidio Mariana Lima Buendia, dio a conocer una carta pública en la cual denunció “las agresiones físicas, difamación, amenazas de muerte y fabricación de delitos” que ha sufrido la familia por seguir exigiendo justicia para Mariana. Sobre todo a raíz de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de marzo del presente año, en la cual se ordenaba reabrir el caso para investigarlo como feminicidio. También comentó en dicha carta que la resolución de la Corte Suprema tiene tres efectos importantes en el ejercicio de la justicia en los casos de feminicidios, entre los que se encuentran: la investigación con perspectiva de género, sanciones a servidores públicos que obstruyan el acceso a la justicia y la importancia de reparar los daños realizados por autoridades. Sin embargo, las recomendaciones no se cumplen, sobre todo por desconocimiento.

En la misma carta, la señora Irinea comentó que los “ministerios públicos, jueces, peritos, policías judiciales y municipales, no tienen o desconocen de qué se trata la perspectiva de género y la debida diligencia. La carpeta de investigación la inician diciendo que es un homicidio, incluso confundiendo mujeres con hombres. No conocen los pasos a seguir en cuanto a los protocolos, las carpetas de investigación son manoseadas, no para trabajar en ellas, sino sólo para enterarse de su contenido, existen omisiones, negligencias, falencias, etc. que obstruyen la justicia para que los casos queden en la impunidad.”.

Finalmente comentó en la carta pública que seguirá exigiendo justicia para su hija Mariana Lima y para las miles de mujeres víctimas de feminicidios. dicha carta puedes encontrarla en nuestro sitio web: kehuelga.net.


Ciudad Monstruo: Manifestación de apoyo al pueblo palestino

La tarde del 15 de diciembre se realizó una concentración de apoyo al pueblo palestino en el Ángel de la Independencia. Ahí, diversas personas, colectivos y organizaciones colocaron mantas con mensajes de solidaridad con el pueblo palestino. Más tarde, se realizó una marcha hacia la Embajada de de Estados Unidos en México, para protestar por las declaraciones del presidente Trump en las cuales reconoció a Jerusalén como capital del régimen Israelí y anunció el traslado de su sede diplomática a dicha ciudad.

Durante el mitin de la tarde del 15 de diciembre, pudimos escuchar las siguientes palabras:

Esta acción se sumó a las miles de movilizaciones que se realizaron en diversas ciudades de distintos países del mundo, pero principalmente a la que tuvo lugar ese mismo día en Jerusalén, el resto de la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza para denunciar el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A diferencia de la acción realizada en Ciudad Monstruo, la movilización de Jerusalén terminó con un saldo de 4 personas muertas y 367 heridos. Aunado a eso, el ejército israelí ha desplegado fuerzas en Jerusalén y en particular en su casco antiguo, que alberga la Explanada de las Mezquitas, donde están la Cúpula de la Roca y la Mezquita Al-Aqsa, dos de los santuarios más importantes del Islam.


Guerrero: seis años de impunidad

El doce de diciembre de 2017 se cumplieron seis años de la violenta represión policiaca contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la autopista de El Sol y donde fueron asesinados extrajudicialmente Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. En aquella ocasión, también fueron heridos gravemente cinco estudiantes, 23 detenidos, uno de ellos torturado para que se confesara culpable de haber disparado durante la manifestación.

Han pasado seis años de aquellos trágicos hechos y a la fecha el caso se encuentra en plena impunidad. Los únicos policías que estaban procesados fueron liberados por falta de pruebas, dado que el Ministerio Público realizó un trabajo deficiente en el resguardo de la escena del crimen y recolección de evidencias, que pudieron ser pruebas claves para demostrar la responsabilidad de los implicados. Seis años después, exigimos justicia para los compañeros Jorge y Gabriel, así como el cese a la persecución contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.


Sin debate nacional se aprueba la Ley de Seguridad Interior

El 15 de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó la Ley de seguridad Interior, sin ningún debate abierto de carácter nacional y pese a los pronunciamientos en su contra. Lo mismo sucedió en la Cámara de Diputados de donde salió esta Ley que tiene como eje fundamental la intervención de militares y marinos para “cubrir tareas de seguridad”.

La Ley aprobada por los senadores, contiene 34 artículos de los cuales hay varios que los organismos de derechos humanos y especialistas en el tema han considerado graves.

1. Le da más facultades al Ejército, normaliza la actuación castrense en el combate a la delincuencia, en vez de que esta sea una excepción, e incluso puede propiciar que la actividad militar invada las funciones del Ministerio Público, lo que repercute en una afectación a los principios de legalidad y debido proceso.

2. Mayor poder al presidente, el titular del Poder Ejecutivo federal podrá emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, medida que le abre la puerta al uso de la fuerza sin ningún tipo de graduación, dando mayores poderes al presidente.

3. Opacidad en acciones de seguridad, desde hace 10 años el Ejército mexicano ha estado participando en acciones de seguridad que le corresponden a las autoridades civiles. Esto se ha llevado a cabo sin una regulación específica, lo que ha generado -además de inseguridad jurídica para militares y ciudadanos- actos discrecionales violatorios de los derechos humanos.

4. Los civiles podan ser espiados por militares, se faculta a las Fuerzas Armadas para que implementen acciones que identifiquen, de manera preventiva, los riesgos que existan en materia de seguridad.

5. La Ley en general utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria de la fuerza del Estado. Durante su inminente aprobación, la Organización de Naciones Unidas ONUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los Centros de Derechos Humanos en México, diversas organizaciones sociales, los Rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, la Uniersidad de Guadalajara y la Universidad Ibero Americana, se pronunciaron en contra sin que fueran tomados en cuenta.

Por su parte diversos actores políticos están evaluando el recurso de inconstitucionalidad para echar abajo la Ley de Seguridad, veamos si se ponen de a cuerdo. Por lo pronto la Ley será enviada el 22 de diciembre al congreso para que de ahí se envíe al presidente para que de su visto bueno y la publique en el diario oficial de la federación, para entrar en vigor.

En este sentido, el 18 de diciembre se dio a conocer un comunicado de 10 organizaciones internacionales que conformaron una coalición para observar y documentar la situación de derechos humanos en México tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y hacer un llamado al presidente para que ejerza su facultad de veto respecto a esa legislación. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), integran la coalición que ha declarado que la nueva Ley es parte de una tendencia peligrosa que requiere acciones urgentes.


Argentina: manifestaciones y más manifestaciones

Y Buenos Aires sigue movilizado y en lucha frontal contra las políticas económicas dictadas por el G20 en la reunión d ella OMC hace unas semanas, también contra las reformas neoliberales emprendidas por el gobierno conservador de Mauricio Macri. El martes 12 de diciembre, miles de manifestantes pertenecientes a organizaciones de trabajadores, de campesinos y campesinas, del movimiento feminista y ambientalista entre marcharon por la capital argentina, que se encontraba sitiada por fuerzas de seguridad apostadas en torno a la 11 Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La movilización paralizó parte del centro bonaerense e inundó la gran ciudad sudamericana de cánticos, consignas y solidaridad con las comunidades y organizaciones en lucha.

Ese martes 12 de diciembre por la tarde, en la esquina de las calles Corriente y Callao, miles de policías reprimieron con balas de goma a los manifestantes para desconcertar la enorme movilización contra la OMC. Por la noche sumaban tres detenidos y miles de personas lesionadas por la fuerte represión.

Pero el impresionante despliegue polical y la represión fueron la antesala de la brutalidad con la que actuarían la policía en los días siguientes. El miércoles 13 de diciembre, una imponente movilización de trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales y organizaciones políticas llenó por completo el centro de la ciudad de Buenos Aires en rechazo de la reforma Previsional impulsada por el Gobierno, con la cual se busca recortar el presupuesto de jubilaciones a partir de enero de 2018. Ante la creciente ola de manifestaciones, el gobierno ordenó un fuerte despliegue policial en la zona con un inusitado despliegue de fuerzas de seguridad para impedir que los manifestantes llegaran al Congreso.

Para el jueves 14 de diciembre, a pesar de la represión salvaje y descontrolada que las fuerzas policiales desataron durante siete horas continuas en pleno centro porteño, estableciendo un Estado de Sitio de facto alrededor del Congreso de la Nación, el gobierno no logró aprobar la más importante de sus reformas de ajuste neoliberal: la Previsional. Con ella, pretende bajar las jubilaciones y las asignaciones universales por hijo para trasladar recursos para pagar la deuda externa, sostener la timba financiera y financiar al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde Macri sabe que se jugará la elección en el 2019. Las manifestaciones siguieron todo el fin de semana, y para el lunes 18 de diciembre el Congreso amaneció completamente militarizado para recibir a una, nuevamente, masiva movilización contra la reforma previsional de recorte a las montos de las jubilaciones. Inmediatamente la Policía lanzó operativos simultáneos en calles paralelas con motos, guardia de infantería y cientos de policías de civil que se lanzaron a cazar manifestantes al voleo, corriéndolos y derribándolos en el suelo entre veinte o treinta operativos, en una modalidad similar a la usada en la represión luego de la marcha del 1° de septiembre, convocada para exigir la presentación de Santiago Maldonado.


Colombia: siguen las agresiones contra líderes sociales

Los últimos días se han registrado una serie de agresiones, la mayoría de ellas amenazas de muerte, a líderes sociales y defensores de derechos humanos y del territorio. Por ejemplo, el 9 de diciembre, integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, también fueron víctimas de seguimientos en la carretera que de Caucheras conduce a Belén de Bajirá, en el departamento de Chocó, cuando fueron interceptados por un punto de control. De igual forma, el día 11 de diciembre, mientras se realizaban las exequias del líder social Hernán Bedoya, familiares e integrantes fueron hostigados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que han sido reconocidos en el territorio como campaneros que pasan información a estructuras armadas. En el departamento de Santander, el día 10 de diciembre la líder social y defensora del ambiente, Nini Johanna Cárdenas, vocera del comité organizador de la Consulta popular contra la explotación minera y de hidrocarburos en el Carmen del Chucurí, denunció que fue víctima de seguimientos y hostigamientos, luego de promover un plantón en contra de la suspensión de la consulta.

Para el 15 de diciembre, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció el incremento de las amenazas a los líderes sociales del Bajo Atrato Chocoano y el Urabá Antioqueño. Sobre todo mediante intimidantes y conversaciones de paramilitares en los que aseguran estar a la espera de la orden de asesinar a varios líderes ambientalistas y reclamantes de tierras. En un comunicado, la Comisión informó que hay un plan “para atentar contra la vida e integridad de miembros del Consejo Menor de Curvaradó, Fray Tuberquia y Santo Torres”. Además, están en riesgo inminente los líderes Miguel Hoyos, Eustaquio Polo y la lideresa María Ligia Chaverra.

Las agresiones en el país, revelan el crecimiento y fuerza que está tomando la violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos y del territorio en las diferentes regiones de Colombia, que ha tenido como resultado el asesinato de 80 personas a unas semanas de acabar el año 2017.


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