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La situación de los derechos humanos en el mundo

Martes 28 de febrero de 2017

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SALIL SHETTY, SECRETARIO GENERAL

Para millones de personas, 2016 fue un año de sufrimiento y miedo implacables, en el que gobiernos y grupos armados cometieron abusos contra los derechos humanos de múltiples maneras. Grandes zonas de Alepo, la ciudad más populosa de Siria, quedaron reducidas a escombros por los bombardeos aéreos y las batallas en las calles, mientras que en Yemen continuaron los crueles ataques contra la población civil. Desde el empeoramiento de la difícil situación del pueblo rohingya en Myanmar hasta los homicidios ilegítimos masivos en Sudán del Sur, desde las brutales medidas contra las voces disidentes en Turquía y Bahréin hasta el auge del discurso de odio en buena parte de Europa y Estados Unidos, en 2016 se dieron situaciones que hicieron del mundo un lugar más sombrío e inestable.

Mientras tanto, la distancia entre el deber y la acción y entre la retórica y la realidad era abismal, adquiriendo en ocasiones proporciones pasmosas. Nada mejor para ilustrarlo que la falta de acuerdo de los Estados que asistieron en septiembre a la cumbre de la ONU sobre personas refugiadas y migrantes a la hora de dar una respuesta adecuada a una crisis global que cobró aún mayor magnitud y urgencia durante el año. Mientras los líderes del mundo demostraban no estar a la altura de las circunstancias, 75.000 personas refugiadas permanecían atrapadas en tierra de nadie en el desierto entre Siria y Jordania.

Aunque 2016 fue también el Año de los Derechos Humanos de la Unión Africana, tres de sus Estados miembros anunciaron su retirada de la Corte Penal Internacional, reduciendo así las perspectivas de rendición de cuentas por crímenes de derecho internacional. Mientras tanto, Omar al Bashir, presidente de Sudán, recorría libre e impunemente el continente a la vez que su gobierno lanzaba armas químicas contra su propio pueblo en Darfur.

En la arena política, de los numerosos movimientos sísmicos del año quizá el más destacado fuera la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Su designación se produjo tras una campaña en la que hizo a menudo declaraciones que sembraban la discordia, caracterizadas por la misoginia y la xenofobia, y prometió revocar libertades civiles consolidadas e introducir políticas sumamente adversas para los derechos humanos.

La venenosa retórica de la campaña de Donald Trump ilustra la tendencia global hacia una forma más airada y divisiva de hacer política. En todo el mundo, líderes y políticos en busca de poder articularon discursos de miedo y desunión, culpando a los “otros” de los motivos de queja, reales o inventados, del electorado.

Su antecesor, el presidente Barack Obama, ha dejado un legado que incluye muchos fracasos lamentables a la hora de hacer valer los derechos humanos, en particular la ampliación de la sigilosa campaña de la CIA de ataques con drones y el desarrollo de una gigantesca maquinaria de vigilancia masiva, como reveló el denunciante de irregularidades Edward Snowden. No obstante, las primeras indicaciones del nuevo presidente Trump sugieren una política exterior que menoscabará significativamente la cooperación multilateral y señalará el inicio de una nueva era en la que habrá mayor inestabilidad y desconfianza mutua.

Todo análisis global que se intente hacer de los turbulentos sucesos del año pasado dejará probablemente mucho sin explicar. Pero lo cierto es que empezamos 2017 en un mundo muy inestable y de mucha inquietud e incertidumbre sobre el futuro.

En este contexto, se corre el riesgo de que los valores articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no estén ya garantizados. La Declaración, redactada después de uno de los periodos más sangrientos de la historia de la umanidad, comienza con estas palabras:

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Pero a pesar de las lecciones del pasado, 2016 fue un año en el que la idea de dignidad igualdad humanas, el concepto mismo de familia humana, fue objeto de un ataque intenso e implacable en forma de discursos acusatorios, basados en el miedo y la búsqueda de chivos expiatorios, propagados por quienes querían tomar el poder o aferrarse a él casi a cualquier precio.

El desprecio de estos ideales quedó de sobra patente durante el año, cuando el bombardeo deliberado de hospitales se convirtió en práctica habitual en Siria y Yemen, cuando se devolvió a personas refugiadas a zonas de conflicto, cuando la pasividad casi total del mundo frente a Alepo recordó una actitud similar adoptada en Ruanda y Srebrenica en 1994 y 1995 y cuando gobiernos de casi todas las regiones del mundo aplicaron medidas de represión masiva para silenciar la disidencia.

Ante hechos así, se ha vuelto alarmantemente fácil pintar un panorama distópico del mundo y su futuro. La tarea que tenemos por delante —urgente y cada vez más difícil— es reavivar el compromiso global con los valores básicos de los que depende la humanidad. Algunos de los sucesos más inquietantes de 2016 fueron fruto de un nuevo pacto que ofrecieron los gobiernos a sus ciudadanías: la promesa de seguridad y mejora económica a cambio de ceder derecho de participación y libertades civiles.

Ninguna parte del mundo se libró de medidas de represión general de la disidencia, manifiestas y violentas en unos casos y más sutiles y disfrazadas de respetabilidad en otros. El afán de silenciar las voces críticas aumentó en escala e intensidad en gran parte del mundo.

El homicidio de la lideresa indígena Berta Cáceres en Honduras el 2 de marzo fue un ejemplo de todos los peligros que arrostran quienes se enfrentan con valentía a poderosos intereses estatales y empresariales. Tanto en el continente americano como en otros, los gobiernos presentan a menudo a estos valientes defensores y defensoras de los derechos humanos como una amenaza para el desarrollo económico por su denuncia de las consecuencias humanas y medioambientales que acarrea la explotación de los recursos y los proyectos de infraestructura. La labor de Berta Cáceres en defensa de las comunidades locales y de sus tierras —y contra un proyecto de embalse en ese momento— le había granjeado un reconocimiento mundial. Los hombres armados que la mataron en su casa enviaron un escalofriante mensaje a muchas otras personas también activistas, especialmente a las que no gozan de la misma atención internacional.

La seguridad como excusa para justificar la represión se empleó ampliamente en todo el mundo. En Etiopía, en respuesta a protestas en gran medida pacíficas contra el despojo de tierras en la región de Oromia, las fuerzas de seguridad mataron a varios centenares de manifestantes y las autoridades detuvieron arbitrariamente a miles de personas. El gobierno etíope utilizó su Proclamación Antiterrorista para llevar a cabo una represión generalizada de activistas de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.

Tras el fallido golpe de Estado de julio, Turquía intensificó su represión de las voces disidentes durante el estado de excepción. Más de 90.000 personas empleadas en el sector público perdieron su trabajo por tener presuntos “vínculos con una organización terrorista” o representar “una amenaza para la seguridad nacional”; además, se sometió a prisión preventiva a 118 periodistas y se cerraron de forma arbitraria y permanente 84 medios de comunicación.

En Oriente Medio y el Norte de África, la represión de la disidencia fue endémica. En Egipto, las fuerzas de seguridad detuvieron, sometieron a desaparición forzada y torturaron a presuntos partidarios de la organización proscrita Hermandad Musulmana, así como a otras personas que criticaban y se oponían al gobierno. Las autoridades de Bahréin enjuiciaron implacablemente a detractores del gobierno por cargos relacionados con la seguridad nacional. En Irán, las autoridades encarcelaron a personas que expresaban críticas, censuraron todos los medios de comunicación y aprobaron una nueva ley por la que prácticamente cualquier crítica al gobierno y a sus políticas era susceptible de enjuiciamiento penal.

En Corea del Norte, el gobierno intensificó aún más la ya extrema represión que ejercía, endureciendo su control sobre las tecnologías de la comunicación.

En muchas ocasiones, las medidas rigurosas no fueron más que un intento de ocultar fracasos del gobierno, como en Venezuela, donde las autoridades trataron de silenciar las críticas en lugar de abordar la intensificación de la crisis humanitaria.

Además de las amenazas y ataques directos, so pretexto de la seguridad se produjo un insidioso deterioro de las libertades civiles y políticas. Por ejemplo, Reino Unido aprobó la nueva Ley de Poderes de Investigación, que aumentaba significativamente las facultades de las autoridades para interceptar comunicaciones y datos digitales, acceder a ellos, conservarlos o piratearlos sin necesidad de que existieran sospechas razonables contra una persona. Con la introducción de uno de los regímenes de vigilancia masiva más amplios del mundo, Reino Unido dio un importante paso hacia una realidad donde sencillamente no se reconoce el derecho a la privacidad.

Sin embargo, la erosión de los valores de los derechos humanos fue tal vez especialmente perniciosa cuando las autoridades culparon a determinados “otros” de problemas sociales reales o presuntos para justificar sus medidas represivas. La retórica del odio, la división y la deshumanización desató los instintos más sombríos de la naturaleza humana. Al atribuir la responsabilidad colectiva de los males sociales y conómicos a grupos concretos —con frecuencia minorías étnicas o religiosas—, quienes estaban en el poder dieron rienda suelta a la discriminación y a los crímenes de odio, sobre todo en Europa y Estados Unidos.

Una variante de esta actitud quedó de manifiesto con la intensificación de la “guerra contra las drogas” del presidente Rodrigo Duterte en Filipinas, a costa de una enorme pérdida de vidas. Tras reiteradas muestras públicas de apoyo del presidente a la idea de matar a quienes estuvieran supuestamente implicados en delitos de drogas, la violencia probada por el Estado y los homicidios masivos cometidos por grupos parapoliciales se cobraron más de 6.000 vidas. Cuando figuras que se autoproclamaban “antisistema” culparon a las supuestas élites, a las instituciones internacionales y a los “otros” de los motivos de queja sociales o económicos, eligieron la fórmula equivocada.

La sensación de inseguridad y pérdida de derechos —derivada de factores como el desempleo, la inseguridad laboral, la creciente desigualdad y la reducción de los servicios públicos— exigían compromiso, recursos y cambios de política por parte de los gobiernos, no chivos expiatorios fáciles de culpar.

Ha quedado claro que muchas personas desencantadas en todo el mundo no buscaron respuestas en los derechos humanos. Sin embargo, la desigualdad y el abandono que habían dado pie a la ira y la frustración populares eran en parte fruto de la inacción de los Estados a la hora de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de su ciudadanía.

El relato de 2016 ha sido en cierto modo el relato del coraje, la resiliencia, la creatividad y la determinación de la gente ante enormes desafíos y amenazas.

En todas las regiones del mundo quedó de manifiesto que, cuando las estructuras formales de poder se usan para reprimir, la gente encuentra vías para alzarse y hacerse oír. En China, a pesar del hostigamiento y la intimidación sistemáticos, hubo activistas que hallaron formas subversivas de conmemorar en Internet el aniversario de la represión de 1989 en la plaza de Tiananmen. En los Juegos Olímpicos de Río, el corredor de maratón etíope Feyisa Lilesa llegó a los titulares de todo el mundo cuando, al cruzar la línea de meta para alzarse con la medalla de plata, hizo un gesto para llamar la atención sobre la persecución gubernamental del pueblo oromo. Y en las costas europeas del Mediterráneo, voluntarios y voluntarias respondieron a la inercia y la pasividad de los gobiernos para proteger a las personas refugiadas sacando literalmente del agua a quienes se estaban ahogando. Los movimientos populares de África —algunos impensables sólo un año antes— galvanizaron y encauzaron las demandas populares de derechos y justicia.

En realidad, la justificación de que los derechos humanos son un proyecto de las élites suena falsa. Las ansias de libertad y justicia de las personas no se desvanecen sin más. En un año caracterizado por la división y la deshumanización, las acciones de particulares por reafirmar la humanidad y la dignidad fundamental de todas las personas brillaron más que nunca. La personificación de esta respuesta compasiva fue el joven de 24 años Anas al Basha, conocido como el “payaso de Alepo”, que decidió quedarse en la ciudad para llevar consuelo y alegría a los niños y niñas incluso después de que las fuerzas del gobierno desencadenaran un terrible bombardeo. Tras su muerte en un ataque aéreo el 29 de noviembre, su hermano le rindió homenaje por haber hecho felices a los niños y las niñas en “el lugar más sombrío y más peligroso”.

Al empezar 2017, el mundo parece un lugar inestable, y se multiplica el miedo al futuro. Pero es en estas épocas cuando hacen falta voces valientes, héroes corrientes que se alcen contra la injusticia y la represión. Nadie puede abarcar el mundo entero, pero cada persona puede cambiar su propio mundo. Cualquiera puede luchar contra la deshumanización, actuando localmente para reconocer la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todas las personas, y sentar así las bases de la libertad y la justicia en el mundo. 2017 necesita héroes, héroes de los derechos humanos.


Sección de México

MÉXICO

Estados Unidos Mexicanos

Jefe del Estado y del gobierno: Enrique Peña Nieto

Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” se seguía empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada. Seguían recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de personas que huían de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo. La violencia contra las mujeres seguía suscitando honda preocupación, y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán. El Congreso rechazó uno de los dos proyectos de ley presentados que permitirían a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños o niñas.

INFORMACIÓN GENERAL

En las elecciones de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder, perdió varios gobernadores en diferentes estados. El prolongado conflicto social entre gobierno y sindicatos de docentes dio lugar a manifestaciones multitudinarias y bloqueos de carreteras en todo el país; los sindicatos pedían la derogación de la reforma educativa de 2013.

Tras un periodo preparatorio de ocho años, México culminó la transición de un sistema de justicia penal escrito inquisitorial a uno basado en juicios orales. A pesar de la aplicación de la reforma, persistían muchos de los problemas que aquejaban al sistema anterior, como el incumplimiento de la presunción de inocencia.

El plan de seguridad de 10 puntos, anunciado por el presidente Peña Nieto en noviembre de 2014, todavía no se había aplicado plenamente, y tampoco se había cumplido la promesa de promulgar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas, así como contra las desapariciones a manos de agentes no estatales. El Congreso aprobó un paquete de leyes contra la corrupción. La nueva legislación recibió críticas generalizadas porque no cumplía las expectativas generadas por los anteproyectos de ley anteriores.

Los registros oficiales indicaban un incremento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país. En octubre, el secretario de Defensa admitió que la guerra contra el narcotráfico había pasado factura al ejército, que estaba exhausto, y pidió que se aclarara jurídicamente qué papel debía desempeñar éste en las tareas de seguridad pública. Los legisladores prometieron debatir reformas relativas a la participación del ejército en las operaciones de seguridad.

POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD

La violencia aumentó notablemente; las autoridades registraron 36.056 homicidios hasta el final de noviembre —la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en 2012— frente a los 33.017 de 2015.

En respuesta a las manifestaciones multitudinarias de los movimientos de docentes, la autoridades llevaron a cabo varias operaciones policiales, algunas de las cuales se saldaron con muertes y heridas de civiles. Varios líderes de los movimientos fueron arrestados y recluidos en prisiones federales. Posteriormente, muchos de ellos fueron puestos en libertad en espera de nuevas investigaciones.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Los autores de ejecuciones extrajudiciales seguían gozando de impunidad; esos delitos no se investigaban adecuadamente. Las fuerzas armadas seguían participando en las investigaciones que implicaban a personal militar, en contra de lo dispuesto en la reforma de 2014 del Código de Justicia Militar. Por tercer año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.

Se descubrieron decenas de fosas comunes en todo el país, a menudo a iniciativa de grupos de familiares más que de las autoridades o expertos forenses oficiales.

Las autoridades locales se deshicieron ilegalmente de más de 100 cadáveres no identificados en al menos una fosa en el municipio de Tetelcingo, estado de Morelos. Los autores de los homicidios seguían sin ser identificados.

El 19 de junio, al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en Nochixtlán, estado de Oaxaca, durante una operación policial lanzada tras un bloqueo de carretera en el marco de una manifestación contra la reforma educativa del gobierno. Las imágenes emitidas por los medios de comunicación contradecían la afirmación inicial realizada por las autoridades de que los policías estaban desarmados.

En agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que varios miembros de la policía federal habían torturado al menos a dos personas en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, en mayo de 2015, en el marco de una operación de seguridad; la Comisión concluyó, además, que 22 de las 43 personas muertas durante la operación habían sido víctimas de ejecución arbitraria y que la policía había alterado pruebas, por ejemplo mediante la colocación de armas en las víctimas.

La investigación sobre los homicidios de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya, estado de México, en 2014, todavía no había arrojado resultados concretos. Las autoridades no asumieron la responsabilidad por la orden de “abatir delincuentes” (en este contexto, con el sentido de “matar”) que guió las operaciones militares en la zona en 2014, ni investigaron a los oficiales con responsabilidad de mando.

No se tuvo constancia de ningún enjuiciamiento por los homicidios de 16 personas cometidos en 2015 por agentes de la policía federal y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, estado de Michoacán; las autoridades no investigaron adecuadamente los homicidios ni examinaron la responsabilidad de quienes estaban al mando.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

La impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta, con numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. La violencia sexual como forma de tortura era habitual durante las detenciones de mujeres.

Por primera vez en dos años, en abril la Procuraduría General de la República anunció la presentación de cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un vídeo en el que se veía a policías y soldados torturando a una mujer.

También en abril, en un caso excepcional, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado una operación en la que se infligió tortura, se cometió un homicidio y se eliminó un cadáver en el estado de Chihuahua en 2008.

En abril, el Senado aprobó una iniciativa de Ley General contra la Tortura que se ajustaba a las normas internacionales. El proyecto de ley se reformó, y al concluir el año seguía pendiente una votación general en la Cámara de Diputados.

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la Procuraduría General de la República, informó de que se estaban revisando a nivel federal 4.715 expedientes de investigación de casos de tortura.

Como en años anteriores, en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de 3.000 peticiones pendientes de tramitación. En muchos casos, sin un dictamen médico oficial, las investigaciones sobre torturas y otros malos tratos no avanzaban.

En septiembre, en vista de que México no aplicaba sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura en San Salvador Atenco en 2006.

DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES

Se registró una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo; hasta octubre se habían presentado 6.898 solicitudes, el 93% de las cuales correspondían de personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Se concedió la condición de refugiado a 2.162 personas, a pesar de que se estimaba que anualmente más de 400.000 migrantes en situación irregular cruzaban la frontera sur de México; según las organizaciones internacionales y los estudiosos del tema, la mitad de estas personas podía reunir los requisitos para obtener asilo. En la mayoría de los casos, las autoridades no informaban adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a pedir asilo en México.

En agosto entró en vigor una reforma de la Constitución que reconocía el derecho de asilo. La aplicación del Programa Integral Frontera Sur volvió a dar lugar a un aumento de las operaciones de seguridad en la frontera de México con Guatemala y Belice, y eran frecuentes los informes de extorsión, expulsiones masivas, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos de las personas migrantes. Hasta noviembre, 174.526 personas migrantes en situación irregular habían sido capturadas y detenidas, y 136.420 habían sido devueltas a sus países. El 97% de las personas deportadas eran de Centroamérica. Según datos de febrero del Congreso de Estados Unidos, el gobierno estadounidense tenía planes de destinar 75 millones de dólares a “operaciones de seguridad y migración” en la frontera sur de México, a través de la Iniciativa Mérida.

La Procuraduría General de la República creó una nueva Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. Varias organizaciones de la sociedad civil participaron en el diseño del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación para coordinar los esfuerzos de las autoridades mexicanas y centroamericanas, con el propósito de garantizar justicia para las personas migrantes víctimas de desapariciones perpetradas por agentes no estatales y de otros delitos en México.

En septiembre, el presidente Peña Nieto anunció un plan para personas refugiadas en una cumbre de la ONU y reconoció oficialmente la existencia de una crisis de refugiados en México y Centroamérica. El plan prometía aumentar en un 80% la financiación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, garantizar que no se detendría a migrantes menores de 11 años, y reforzar la inclusión e integración de la población refugiada en el país. En mayo, un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó al menos a 35.433 víctimas de desplazamiento interno en México, a pesar de que otras estimaciones dignas de crédito basadas en datos oficiales daban una cifra al menos cuatro veces más alta. En octubre, la Comisión publicó un informe que hacía hincapié en las precarias condiciones de vida en los centros de detención de migrantes, especialmente para los niños y niñas no acompañados.

DESAPARICIONES FORZADAS

Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica generalizada, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. Las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras indebidas. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas.

Al concluir el año, según el gobierno, 29.917 personas (22.414 hombres y 7.503 mujeres) se hallaban en paradero desconocido. Las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no incluían casos federales anteriores a 2014 ni casos clasificados como otros delitos, tales como secuestro o trata de seres humanos.

Las desapariciones forzadas y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales generaban un gran dolor en las familias de las víctimas, lo que constituía una forma de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los datos disponibles señalaban que la mayoría de las víctimas eran hombres; las mujeres conformaban la mayoría de los familiares en busca de verdad, justicia y reparación.

Algunas familias de personas desaparecidas que buscaban a sus seres queridos recibían amenazas de muerte.

El Senado celebró audiencias públicas con familiares de personas desaparecidas para hablar del proyecto de Ley General sobre Desapariciones Forzadas, presentado en diciembre de 2015 ante el Congreso por el Presidente Peña Nieto. El proyecto de ley seguía pendiente ante el Congreso.

En marzo se presentaron cargos penales contra cinco marinos por la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villareal, hallado muerto semanas después de haber sido detenido arbitrariamente en el estado de Nuevo León en 2013.

En abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó su segundo informe sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que fueron víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014.

El GIEI confirmó que la afirmación de las autoridades de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local era científicamente imposible. El GIEI también reveló que, en octubre de 2014, varios funcionarios habían visitado de manera irregular otro lugar que posteriormente se relacionó con el crimen, y habían manejado pruebas importantes sin contar con la documentación ni los permisos adecuados. Un hombre, detenido en relación con el caso, había sido obligado por las autoridades a participar en esa visita sin la presencia de su abogado ni la supervisión de un juez. La visita tuvo lugar un día antes de que el gobierno descubriera un trocito de hueso en el mismo lugar. Posteriormente, ese hueso se logró identificar como perteneciente a Alexander Mora Venancio. El funcionario al mando de la investigación dimitió de su cargo en la Procuraduría General de la República, aunque se estaba llevando a cabo una investigación sobre sus acciones. El presidente Peña Nieto le asignó inmediatamente otro alto cargo federal. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su plan de trabajo para establecer un mecanismo de seguimiento del caso de Ayotzinapa, tras las recomendaciones formuladas por el GIEI y tras las medidas cautelares que la propia comisión había dictado en 2014, en las que ordenaba a México determinar el estado y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

PERIODISTAS Y DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Continuaron las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (mecanismo federal) no brindaba protección adecuada a estas personas. En febrero, varias organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron una campaña de difamación —que las autoridades parecían tolerar— contra el GIEI y contra ONG locales que trabajaban sobre el caso de Ayotzinapa. La cifra de peticiones de protección en virtud del Mecanismo se mantuvo constante en relación con el año anterior.

En julio, Humberto Moreira Valdés, ex gobernador del estado de Coahuila y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una demanda civil contra el destacado periodista Sergio Aguayo en la que pedía una indemnización de 550.000 dólares estadounidenses por los presuntos daños morales que el periodista había ocasionado a su reputación a través de un artículo de opinión. Lo excesivo de la cantidad solicitada podía constituir una forma de castigo e intimidación que podría, potencialmente, afectar al derecho a la libertad de expresión en el debate público.

En agosto, el preso de conciencia y defensor comunitario del medio ambiente Ildefonso Zamora fue puesto en libertad tras nueve meses de encarcelamiento por cargos falsos.

LIBERTAD DE REUNIÓN

La Suprema Corte de Justicia seguía analizando la impugnación de la Ley de Movilidad de Ciudad de México de 2014. En agosto, resolvió que la Ley no debía ser interpretada de manera que impusiera un régimen de autorización previa para la celebración de manifestaciones, sino sólo como una regla que permitiera a las personas notificar previamente a las autoridades cualquier manifestación prevista.

La Corte consideró que la falta de disposiciones sobre manifestaciones espontáneas en ningún caso significaba que éstas estuvieran prohibidas. Finalmente, votó a favor de una norma que prohibía las manifestaciones en las avenidas principales de la ciudad.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

En mayo, el presidente Peña Nieto presentó ante el Congreso dos anteproyectos de ley para reformar la Constitución y el Código Civil Federal. El Congreso rechazó en noviembre una propuesta de reforma constitucional para garantizar de manera expresa el derecho a contraer matrimonio sin discriminación.

La segunda reforma del Código Civil propuesta prohibiría la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género a la hora de permitir a las parejas contraer matrimonio y, a las personas, adoptar; dicha reforma también incluía el derecho de las personas transgénero a que México les reconociera su identidad de género. El proyecto de ley seguía pendiente de debate en el Congreso.

En septiembre, pasó a ser vinculante para todos los jueces y juezas del país la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que confirmaba los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar sin sufrir discriminación por su orientación sexual o su identidad de género.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

La violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo endémica. En abril, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual. El mecanismo de “Alerta de Género” se activó en los estados de Jalisco y Michoacán, tras su activación en los estados de Morelos y México el año anterior. La falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituía un importante obstáculo para abordar el problema.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A consecuencia de una información de última hora de la Secretaría de Economía relativa a la cancelación de dos concesiones mineras a empresas en la comunidad de San Miguel Progreso, en el estado de Guerrero, la Suprema Corte rechazó considerar los efectos que la Ley Minera de 1991 tenía sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Seguía estando en gran medida ausente del debate legislativo un marco legal sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, a pesar de que se había debatido un proyecto de ley en foros públicos y de que en octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había formulado una recomendación al Congreso para que legislara sobre esta materia. En septiembre, el municipio indígena de Guevea de Humboldt, estado de Oaxaca, permitió por primera vez a las mujeres de la comunidad ejercer el derecho al voto en las elecciones locales.


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28 de febrero de 2017
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