Ké Huelga Radio

Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán: terror de Estado en México

Miércoles 17 de junio de 2015

Por Dawn Paley*

Traducción de Nicolás Olucha Sánchez

El primer ataque se produjo a las 2:30 de la madrugada del 6 de enero de 2015. La policía federal abrió fuego sobre miembros de las fuerzas rurales que protestaban en la plaza central de Apatzingán, en Michoacán. Las fuerzas rurales surgieron tras la cooptación de parte del movimiento de autodefensas, el levantamiento armado que se produjo en la zona rural de Michoacán y que captó la atención mundial el pasado febrero de 2013. Los manifestantes protestaban porque no se les había pagado.

Según un informe de la periodista Laura Castellanos, varios testigos presenciales escucharon gritos de la policía federal antes de abrir fuego: «¡Mátenlos como perros!». Un número indeterminado de asistentes fueron asesinados, algunos con las manos en alto y de rodillas.

Seis horas más tarde la policía federal lanzó un nuevo ataque justo en la calle del ayuntamiento. En esta ocasión dispararon contra vehículos que transportaban a miembros de las fuerzas rurales y a sus familiares.

Hay un video anónimo colgado en YouTube que muestra la matanza. Un hombre vestido con una camiseta con una franja roja yace boca arriba en el asfalto. Un río de sangre lo conecta con otros dos individuos. Mueve el brazo izquierdo como si quisiera rascarse la cabeza. Los otros dos yacen completamente inmóviles. Los tres están tendidos en el asfalto junto a una camioneta blanca llena de agujeros de bala, bajo la puerta del conductor. Detrás de la camioneta yacen otros dos hombres, uno boca arriba y otro boca abajo.

Entre los dos ataques, al menos dieciséis personas fueron asesinadas a manos de la policía federal de Apatzingán. Otras tantas docenas resultaron heridas. En un giro de acontecimientos macabros, dos heridos acabaron en la acera frente a un hospital al haber sido rescatados por algunos testigos. No se les ha vuelto a ver.

La versión oficial de los hechos asegura que hubo un total de nueve muertes y que los asesinatos fueron producidos por «fuego amigo» o «fuego cruzado» entre las fuerzas rurales y la policía. Esa fue la versión oficial durante más de tres meses hasta que Castellanos publicó sus investigaciones a finales de abril y tiró por tierra las explicaciones del gobierno.

Con lo acontecido en Apatzingán son ya tres las veces que las fuerzas federales mexicanas se han visto involucradas en masacres y desapariciones masivas desde el pasado junio de 2014.

El 30 de junio de 2014 veintiún hombres y una mujer fueron ejecutados a manos de soldados en Tlataya, una zona rural en el Estado de México. El gobernador local sostenía que el ejército había «acabado con los criminales en legítima defensa». Un testigo cuya hija se encontraba entre los fallecidos aseguró que los soldados alinearon a las veintidós víctimas y las fueron ejecutando una tras otra. El testigo presencial declaró que instó a los soldados a no hacerlo, a no asesinar a aquellos que estaban siendo interrogados. La respuesta que afirma que recibió fue: «Estos perros no merecen vivir».

La cortina de humo que se corrió tras los acontecimientos incluía la participación de varios miembros del gobierno de diferentes niveles. La verdad salió únicamente tras un reportaje de la revista Esquire y el trabajo de varios periodistas locales. Se cree que ocho soldados están implicados de forma directa en los asesinatos. Siete de ellos han sido imputados, tres de los cuales por homicidio.

La masacre en Tlatlaya pronto se vio ensombrecida por otra perpetrada por la policía y hombres armados en Iguala, Guerrero. En la noche del 26 de septiembre de 2014, seis personas murieron asesinadas, tres de las cuales eran estudiantes en un centro de formación de profesores cercano. A uno de los jóvenes asesinados le arrancaron la cara y se la enrollaron al cuello. A otros se les denegó la asistencia sanitaria. Durante la noche del 26 y la madrugada del 27, desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa. La última vez que fueron vistos estaban siendo arrestados por la policía municipal por, presuntamente, haber tomado autobuses para desplazarse a Ciudad de México para una manifestación. La policía entregó a los estudiantes a un grupo paramilitar local al que la prensa y el gobierno identificaron como Guerreros Unidos. Los estudiantes siguen desaparecidos.

En palabras del escritor John Gibler, el cual firmó un extenso reportaje sobre los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala:

Aunque no fue un suceso aislado ni la mayor masacre de los últimos años, lo acontecido en Iguala ha conmocionado a la sociedad mexicana. Quizás fue la escala de violencia o el cruel salvajismo o que las víctimas eran estudiantes o que los autores fueron, en su mayoría, miembros de la policía municipal, o que el alcalde de Iguala, su mujer y el jefe de la policía estaban quizá detrás del ataque, o que los gobiernos estatal y federal fueron engañosos en sus investigaciones y despiadados en el trato que recibieron los padres y madres de los asesinados, de los heridos, de los desaparecidos. Cualquiera que fuese la causa (y muy posiblemente se trata de una combinación de todo lo expuesto) resulta imposible exagerar las consecuencias que el ataque ha tenido en todo el país.

Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán. Tres masacres perpetradas por las fuerzas del estado en menos de un año en México. Son las tres masacres que conocemos, pero podría haber más. En Tlatlaya y Apatzingán, el gobierno declaró que los asesinatos se produjeron en un contexto de enfrentamiento armado. En Iguala trataron de argumentar que una organización criminal confundió a los estudiantes con una banda rival y sugerían que los estudiantes podían estar involucrados en actividades delictivas.

En Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, debido al testimonio de testigos y periodistas, el argumento del gobierno no funcionó. ¿Pero cuántas veces lo ha hecho antes?

Se han producido al menos 140.000 homicidios en México desde 2007. En diciembre de 2006 Felipe Calderón fue investido e inmediatamente declaró la guerra al narco y al crimen organizado. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) contabilizó más de 121,000 homicidios durante los seis años que Calderón fue presidente, lo que supone más del doble de los que se produjeron bajo la presidencia de Vicente Fox (2001-2006). Según un nuevo informe del proyecto Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, «ningún otro país en el hemisferio ha vivido semejante incremento en su tasa de homicidios en la última década».

Otro informe reciente publicado en The American Statistician relataba que donde hubo intervenciones militares durante la guerra del narco bajo el mandato de Calderón, hubo más asesinatos. Según el artículo: «las intervenciones militares supusieron un incremento en el índice medio de homicidios» en dieciocho regiones de México. En el artículo se menciona la falta de una «lista completa de intervenciones» o, lo que es lo mismo, ni siquiera sabemos la cantidad de intervenciones militares que han tenido lugar en México desde diciembre de 2006.

Los asesinatos orquestados por el propio Estado que han conmocionado al país entero se han producido en un momento sin precedentes por lo que a la cooperación policiaca y militar entre México y los Estados Unidos se refiere. Entre 2008 y 2014, los Estados Unidos formaron a más de 22,000 miembros de la policía estatal y federal en México. Washington se subió al carro para respaldar la guerra contra el narco en México y realizó labores de coordinación a través de sus fuerzas de seguridad por todo el país bajo el paraguas de la Iniciativa Mérida, en la cual los Estados Unidos invirtieron más de 2,000 millones de dólares entre 2008 y 2014. Recientemente, The Intercept declaró que cinco miembros del batallón implicado en la masacre de Tlatlaya fueron entrenados por el Comando Norte de los Estados Unidos.

Nos dicen que este tipo de entrenamientos mejora el nivel policial, algo difícil de creer teniendo en cuenta las circunstancias. A medida que van surgiendo pruebas sobre más matanzas apoyadas por el Estado, en los Estados Unidos la policía se ha colocado en el punto de mira de movimientos de resistencia y de protesta tras repetidos episodios de asesinatos de jóvenes varones, en su mayoría afroamericanos, por parte de las fuerzas del orden. De hecho, el problema de la violencia policial en los Estados Unidos ha derivado en más llamamientos en favor de desarmar y disolver la policia y abolir las prisiones.

Mientras tanto, en México, las experiencias concretas de resistencia comunitaria frente a la violencia y los abusos policiales han dado lugar a organizaciones de gran peso como la Policía Comunitaria en el estado de Guerrero (CRAC-PC). Esto también dio pie a la creación de los grupos de autodefensa en Michaoacán el año antepasado. Entre las primeras medidas que tomaron muchos de estos grupos se encuentra el desarme de la policía local, percibida como la principal amenaza para los miembros de la comunidad. El último escándalo policial en México, la masacre de varios miembros de facciones del movimiento de autodefensa que cooperaban con el estado en pro de su legalización, supone un mensaje para todos los grupos de autodefensa: ni siquiera la cooptación garantiza la supervivencia.

Las frecuentas oleadas de violencia atribuidas a cárteles de la droga (o, más probablemente, grupos paramilitares), como el derribo de un helicóptero militar y docenas de asedios armados en el estado de Jalisco a principios de mayo, o los acontecimientos repetidos en el estado de Tamaulipas, provocan confusión y se utilizan para reforzar un llamamiento a un ejército y una policía mejorados y reformados que se erijan en protectores frente a la violencia extrema de los agentes que no pertenecen al Estado. No obstante hay un límite ante este tipo de llamamientos, un límite que reside en el terror infligido por las fuerzas del Estado frente a civiles con total impunidad.

Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán son tres lugares cuyos nombres están hoy ligados a la violencia estatal más descarada. No sabemos cuántas veces se han producido sucesos como éstos en los últimos años. El número de fosas comunes descubierto (una vez más, tan sólo conocemos una pequeña parte de las encontradas) y la cantidad de gente desaparecida en México desde 2006 (más de 27.000) indican que estos tres sucesos podrían ser tan solo la punta del iceberg de la violencia policial en una extensa guerra contra el pueblo.

*Escritora y estudiante en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Fuentes Agencia Subversiones http://subversiones.org/archivos/116760


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