Regresión autoritaria, el uso del Ejército y fuerzas de seguridad pública en el marco de los procesos electorales: OSC

Guerrero, México a 5 de junio de 2015. Ante la inminente jornada electoral del próximo domingo 7 de junio de 2015, las organizaciones de la sociedad civil firmantes denunciamos la regresión autoritaria del uso de las fuerzas de seguridad pública, federal, estatal y municipal, así como de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de restringir y reprimir las distintas expresiones de descontento ante el proceso electoral.

El contexto polarizado que se vive en el Estado de Guerrero es el resultado de meses de falta de diálogo entre las autoridades y partidos políticos con la sociedad civil y movimientos sociales que exigen rendición de cuentas y garantías para que los cambios derivados de las elecciones no sean meramente nominativos. Igualmente, el proceso electoral que se desarrolla el día de hoy se lleva a cabo en medio de diversos cuestionamientos dado que ningún partido político se ha pronunciado sobre las causas estructurales de la colusión entre las autoridades y el crimen organizado y la violencia generalizada que afecta a la población guerrerense, situación que alcanzó la máxima atención nacional e internacional después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

La polarización ante meses de conflicto social que no encontró canales de diálogo con los distintos niveles del Estado, alcanzó un momento cúspide el día de hoy cuando la policía estatal reprimió a integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa; además, permitió y respaldó la acción violenta de grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, que se enfrentaron contra los grupos sociales. Al momento se tiene registro de al menos dos personas gravemente heridas, una de ellas se encuentra hospitalizada.

Igualmente, es particularmente preocupante la situación de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde los estudiantes y padres de familia de los estudiantes desaparecidos forzadamente en Iguala, son víctimas del acoso y hostigamiento de las fuerzas de seguridad, quienes mantienen en un cerco a la institución con retenes de fuerzas de seguridad estatales y federales, así como de las Fuerzas Armadas, en las tres vías que conectan a la Normal Rural, lo que no sólo impide el paso libre a los estudiantes y familiares, sino a la prensa y otros grupos de la sociedad civil que buscan documentar y observar la situación actual de la Normal de Ayotzinapa y la población de Tixtla. Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil denunciamos una vez más la ilegalidad del uso de las Fuerzas Armadas en cualquier disuasión de manifestaciones y en operativos exclusivos de seguridad pública.

Sin embargo, las imágenes de los despliegues de fuerzas antimotines estatales y federales, así como de Fuerzas Armadas no se restringen a estas dos ciudades, sino que por el contrario son la realidad del estado, donde un proceso electoral se quiere imponer con violencia de Estado, por encima de conflictos sociales no resueltos. Dado el historial del uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal en la represión a diversas expresiones y manifestaciones sociales en el estado, el despliegue exacerbado de fuerzas de seguridad son señal de una preocupación real en los próximos días previo a la jornada electoral.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes reiteramos que un régimen democrático se construye más allá de las urnas, por el contrario este debe de construir su legitimidad garantizando los derechos a la libre expresión de ideas, reunión y manifestación de las distintas expresiones de la sociedad civil. En ese marco, llamamos a la sociedad civil nacional y la comunidad internacional a que mantengan su atención en el estado de Guerrero.