Ké Huelga Radio

Elecciones : No-Cooperación con la normalización de una acción genocida y la impunidad

Jueves 28 de mayo de 2015

En este foro se conjuntan las ideas de legalidad, legitimidad y democracia. Nos parece muy importante la iniciativa, de una parte central de lo que es la reserva moral de este país, como son las instituciones universitarias y de educación, para poder discutir y pensar en voz alta con cierta profundidad temas tan importantes que atraviesan la actual realidad de nuestro país. No estamos contra el tema electoral en general ni queremos entrar en discusiones acerca de las formas de la democracia en crisis, sino reflexionar desde un “principio de realidad” mexicano actual respecto a la violencia y la impunidad.

Tomando por separado estos conceptos, se nos presenta una vieja discusión de la política:

¿qué viene antes: la legalidad o la legitimidad?.

Para muchos sectores lo legal es ya sinónimo de lo legítimo, sin conocer que la historia nos enseña continuamente que la legalidad no otorga mecánicamente legitimidad, ya que el aparato legal es controlado por los mismos que persiguen la legitimidad. Útil es no olvidar que la ley es la victoria de unos sobre otros, que la ley es fruto de un proceso donde se defienden y se imponen los intereses de un grupo social sobre otros, también que la ley ha sido un proceso cambiante, dinámico: hace 120 años era legal la esclavitud, hace poco más de 50 años era legal que las mujeres no votaran en México, todavía en muchos países es legal que la gente no tenga derecho a protestar y manifestarse.

Por lo tanto, la ley (igual que las instituciones) no tiene un carácter sagrado ni reificado en el tiempo, y muchas veces -desde otro enfoque- es consecuencia de un proceso de legitimidad social. Para el mismo Gandhi -y muchos grandes pensadores del republicanismo, del socialismo, de la democracia-, la legitimidad, la conciencia y la objeción de conciencia vienen muchísimo antes que lo legal. A su vez, la democracia, sabemos bien, puede ser real, participativa, comunitaria, o puede ser simulada, muy asociada a lo que se llama el “gatopardismo”: cambiar para que todo siga igual.

Entonces, creo que no ayuda plantearse grandes conceptos absolutos y sin contenido, sino que tenemos que instalarlos dentro de alguna forma de principio de realidad de nuestra propia situación mexicana, para empezar a enfrentar estas preguntas que pone el foro durante estos tres días, respecto a qué hacer y qué implica este proceso electoral que México desarrollará el 7 de junio. De allí que una primera preguntaría sería si:

¿las elecciones serán un instrumento, un arma, de la democracia o de la impunidad y la simulación?

No olvidemos que la semana pasada acaba de ser publicado a nivel mundial, que México ocupa el segundo lugar -detrás de Filipinas- en impunidad, por lo tanto, una situación inicial a considerar es romper esa imagen del “pensamiento mágico” (Jean Piaget), del “infantilismo social”, que tanto ha abundado en toda la publicidad que nos está atosigando, especialmente del Instituto Nacional Electoral y todas las otras instancias afines así como de los partidos, promoviendo la participación electoral: “el 7 de junio será la gran acción de paz en México”, “el 7 de junio tendremos la oportunidad de cambiar nuestra historia”.

Ese tipo de “frases mágicas-voluntaristas”, con una fecha puntual-terminal, donde todo puede cambiar o donde nuestra participación puede llegar incluso a traer la paz en un país en guerra como es México, son simplemente una “gran siembra de la ilusión” y nada tienen que ver con una esperanza real de cambio: es el “ilusionismo de la simulación” (después de dos fraudes electorales presidenciales el IFE cambió gatopardamente a INE y la “memoria social” se borró).

El principio de realidad, en cambio, que podría ayudar a enfrentar este tema de la simulación y la impunidad, tiene que ver con que las elecciones -en realidad- más que un acto dialéctico de la ciudadanía hacia el poder, son ante todo un acto donde la clase política, o sea el poder, los que están arriba, necesita construir su legitimidad en estos momentos; por todos los sucesos de alta violencia social de estos últimos seis años, y en particular desde finales del año pasado, el nivel de legitimidad de la clase política, en todo su conjunto, está en los niveles más bajos de toda la historia de las últimas décadas en el país, para algunos de nosotros incluso es prácticamente nulo. Por tanto, la clase política y sus instituciones ad-hoc, con ese pensamiento mágico de un acto-fecha donde “todo cambiará para bien” y con la sacralización de la ley (que ellos manipulan a su antojo), sobrepone la idea de legalidad a la de legitimidad, y colocan en el imaginario popular la imagen de que si es legal es legítimo.

Así, esta clase política podrá continuar su proceso de reproducción social e impunidad, gobernando sin tomar en cuenta a la gente, despojando de sus cuerpos, de los recursos naturales y materiales a la población, para lo cual necesitan su “certificado-constancia de mayoría”, asociado con la idea de legitimidad. Entonces, las elecciones son un arma fundamental de la clase política para continuar con su despojo e impunidad en todo sentido, porque de otro modo pierden el carácter de legitimidad, y ya sólo les queda el aparato de la fuerza material represiva.

Por tanto, resulta central, para escapar a esta “simulación mágica ilusionista” de que en un día la paz, la legalidad, la democracia van a regresar a México, centrar la mirada no en ese “día- mágico, periférico” sino en el proceso social en que estamos instalados, haciendo “observable” lo “inobservado” de él.

Hace muy pocos días, el propio gobierno dio una cifra de 25293 desaparecidos en el país al 31 de enero de 2015; sabemos también por estudios académicos recientes que hay al menos 281 mil personas en desplazamiento forzoso; y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad habla de más de 160 mil muertos en el país en los últimos seis años. En medio de esta situación de guerra en todos los niveles, sucede un hecho de tal nivel de inhumanidad que nos debería obligar, y en parte nos obligó, a hacer un “Alto”, un “¡Ya Basta!” y desde ahí preguntarnos ahora:

¿cuál es la democracia real en nuestro país? Y ¿qué significado en ella tienen estas elecciones?

Quisiera detenerme un momento para caracterizar con mucho cuidado lo sucedido el 26 y 27 de septiembre del año pasado, en Iguala: contra la identidad social de estudiantes campesinos-indígenas de la Normal Rural de Ayotzinapa, pertenecientes a los sectores más pauperizados del país y más comprometidos con la educación campesina en las comunidades, se cometió, en contubernio total y flagrante entre el Estado y el delito organizado, un “acto genocida”, donde se desapareció a 43 y asesinó a 6 bajo “la orden” de que todos debían ser exterminados en esa noche.

Cuando uno menciona “acción genocida”, habla del nivel más inhumano de la especie, para que se entienda bien la gravedad de lo que estamos hablando, y hasta el día de hoy no hay ni mínimamente verdad, justicia y reparación en cualquier sentido que se busque: no sólo de que aparezcan los 43, que es demasiado importante, sino en la otra demanda igual de central:

¿cómo fue que desaparecieron?

Porque en ese “proceso de esclarecimiento” van a aparecer un conjunto de complicidades al más alto nivel en todo sentido y de responsabilidades, y de justicia que se tiene que aplicar, porque es evidente que nadie de una población reflexiva e informada -nacional e internacional-, ha podido creer la versión que nos presentó la PGR bajo el título de “verdad histórica”. Resulta también muy indicativo del nivel de inhumanidad y simulación de la clase política mexicana (y de este proceso que se quiere culminar con su legalidad-legitimidad electoral), el hecho de que la propia PGR, a fines de marzo, declare que la acción genocida contra la población de Ayotzinapa “no es un crimen de lesa humanidad…porque es una excepción”. Así, desaparecer a 43 personas y asesinar a seis en Iguala, en un país con más de 26 mil desaparecidos, 150 mil muertos y cientos de miles de desplazados, en medio de las recientes masacres también de Tlatlaya y Apatzingán, es una “acción aislada”.

Entonces, evidentemente ante estas situaciones de tal inhumanidad e impunidad, en un contexto que se busca definir desde el poder como de aparente “proceso democrático”, es dónde uno dice “¡No! Hay que Parar, Hay que decir otra vez ¡Ya basta!”, y no podemos prestarnos a construir una situación de simulación democrática para que la guerra en el país siga aumentando. La clase política en estos tiempos no ha cambiado nada en su interior ni en su imagen exterior, reproduce los mismos discursos, hay atentados criminales de todo tipo contra todo tipo de candidatos, todos piden seguridad armada, al Ejército para cuidar las urnas y asistimos a lemas patéticos sin ningún tipo de fondo ni propuestas concretas. Así se quiere, mágicamente-de golpe, construir una gran simulación de legitimidad y democracia, inexistente en el país bajo ningún ángulo, sin haber cambiado nada en el proceso de fondo ni en la relaciones socio-económico-políticas que desnudó esta acción genocida y toda esta absurda y brutal guerra (que en realidad es un gran negocio con nuestros cuerpos y recursos) en que nos han instalado.

La acción genocida nos mostró el profundo contubernio entre la autoridad política en todos sus niveles, el delito organizado, los sectores empresariales y parte de la sociedad civil, que directa o indirectamente los apoya. Nos desnudó la gran mentira de esa simulación que se llama “guerra al narco”, cuando en realidad es una gran guerra por el control monopólico de territorios corporales, de recursos naturales y de unos 22 ó 23 tipos diferentes de delitos. En cada banda que se enfrenta por ese control territorial hay sectores empresariales, gubernamentales, delito organizado y porciones de la sociedad civil.

Al no haber ningún cambio sustantivo en este proceso mexicano de un Estado-delictivo, lejos de ser “fallido”, parte de una nueva etapa del capitalismo trasnacional, cabe preguntarse y pasar a otro tipo de reflexión:

¿qué quieren decir, en este contexto, las elecciones y su carácter de legitimidad que otorgan a la clase política? ¿Son en parte un enorme proceso de “normalización de esta inhumanidad nacional”?

¿Votar o adherirse a este proceso, significa co-operar con este proceso de normalizar la inhumanidad?

Todo acto, individual o colectivo, reproduce una cultura y un orden social con las respectivas relaciones y acumulaciones de poder con sus “operaciones”, consciente o inconscientemente. Surge así el tema de la no-cooperación, muy importante en la experiencia histórica universal en la lucha civil y noviolenta por la democracia, que ha tenido muchos rostros: frente a lo de Iguala, por ejemplo, a finales del año pasado, hubo grandes acciones de no-cooperación en todo el país. Los “paros activos” en más de 60 universidades tuvieron ese carácter, fueron acciones de “no normalización de la inhumanidad” pues “no se podía dar clases como si no pasara nada en el país”.

¿Se puede votar como si no pasara nada en el país?

Otras acciones de no-cooperación y “dualidad de poder” (Gene Sharp) han sido la creación de los Consejos Populares en Guerrero, de las Policías comunitarias por todos lados, donde el pueblo decide romper la co-operación (obediencia) ciega con la autoridad y la simulación de una falsa legalidad sin legitimidad, contra identidades sociales que son despojadas y reprimidas. En ese sentido, se han ido construyendo en el país una serie de “armas morales” (Juan C. Marín), o sea de “cuerpos con reflexión”, cada vez más masivas entre la población que dicen: no podemos seguir este proceso de simulación, tenemos que cambiar de fondo –desde el pueblo- lo que está pasando en el país, revisar completamente los procesos que la clase política llama democracia pero que en realidad la población en su gran mayoría llama de exclusión, de represión, de simulación o de despojo. Están creciendo en el país, conscientemente y no, una toma de conciencia, una organización y acciones hacia una “desobediencia debida a las órdenes de inhumanidad” (J.C. Marín) para romper la “obediencia ciega” hacia la simulación de la legalidad y la institucionalidad , en el plano de la no-cooperación y la desobediencia civil.

Regresando ahora más concretamente al tema de si votar o no, creo que no-votar o abstenerse es algo totalmente legítimo, es una acción de no-cooperación individual-simbólica, valiosa pero que no afecta directamente el ejercicio y las relaciones de poder, porque quien ejerce el poder con un porcentaje mínimo de votos -cooptados alrededor suyo- lo va a seguir haciendo. Lo que los familiares de Ayotzinapa y muchos grupos están pregonando, que tiene que ver con el hecho que no haya elecciones, al menos en Guerrero, sí es una acción mucho más radical de no-cooperación, porque pone en tela de juicio toda la simulación democrática y niega la legitimidad y legalidad a esa porción de la clase política. No es sólo un acto individual, sino que afecta a toda una colectividad y al orden social.

Permitiría acercarse a un verdadero planteamiento de fondo acerca de la forma de gobierno en este orden social mexicano tan permeado por el delito organizado y la impunidad, hacia formas de “control ciudadano” sobre las autoridades, de poder “horizontal y autonómico”, del “mandar obedeciendo” zapatista e indígena, de lo que el Programa Constructivo gandhiano afirmaba en el sentido que “la verdad radica en que el poder está en la gente” y es confiado momentáneamente, o quitado si ella lo decide, a sus representantes.

Quisiera, para no extenderme más, plantear una pequeña “ecuación” entre la legitimidad, la legalidad y la democracia, a partir de una pregunta:

¿qué relación hay entre:

1) la palabra “supérenlo” dicha por el presidente a los familiares de Ayotzinapa frente a la tragedia de la desaparición de sus hijos;

2) el proceso electoral del 7 de junio que, según afirma la autoridad; “es la gran acción por la paz y la democracia en el país”;

y

3) una acción de no-cooperación masiva contra la normalización de lo inhumano de esta guerra, y la gigantesca simulación de un sistema y clase política de impunidad y delito organizado?

PD: En el mismo día acaban de asesinar a un candidato de Morena, Enrique Hernández, en Michoacán y a un candidato del PRI en Tabasco.

Pietro Ameglio

UAEM, Cuernavaca, Foro “La universidad ante las elecciones”

12 mayo 2015


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