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Los muertos de EPN: 41 mil en 23 meses

Miércoles 25 de febrero de 2015

Reporteros:

Enrique Mendoza Hernández

Rosario Mosso Castro

08 de Diciembre del 2014

  • Estado de México continúa como el más violento con 5 mil 450 homicidios dolosos
  • 14 mil 429 asesinatos intencionales, es decir el 35 por ciento, se concentran en el corredor integrado por Estado de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán
  • Baja California continúa en noveno lugar con mil 612
  • Gobierno peñista supera al calderonista en accidentes
  • En el gobierno de EPN 904 cadáveres son clasificados “sin datos”

“…qué habrán pensado quienes participaron en este delito, que desparecer 43 estudiantes no iba a traer una consecuencia, eso refleja un nivel de impunidad de gravedad…en la dimensión de la corrupción, de extraordinaria preocupación”: Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

“Me parece que el Presidente Peña no da una respuesta, que no está viendo ni comprendiendo la gravedad del problema que tenemos en el país y que los asesores se quedaron enanos, no están a la altura”: José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano de seguridad Pública y Justicia Penal

“No hemos resuelto las causas de la inseguridad y delincuencia, y prueba de ello es que estamos ante una nueva crisis y el presidente tiene que salir anunciar un plan emergente ante la situación, cuando se suponía que ya lo había resuelto”: Santiago Roel Rodríguez, Creador del proyecto social Semáforo Delictivo

“En seguridad no hay visión, hay continuidad de la política pública del presidente Calderón con una narrativa diferente”: Francisco Rivas Rodríguez del Observatorio Ciudadano

El silencio como estrategia para disminuir las ejecuciones, secuestros y desapariciones, no le funcionó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ni el discurso oficial que pregonan los funcionarios peñistas aquel de “incidencia delictiva a la baja”. Tampoco la promesa repetida en campaña y primeros meses de gobierno de que “en un año” se empezarían a ver resultados, se cumplen dos años y los discursos alegres no han aminorado la violencia en el país.

Lo cierto es que, escarbando y moviendo México en las periferias y baldíos, rancherías y poblados, los cadáveres siguen apareciendo en toda la República Mexicana, como cuando en Guerrero al buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, iban siendo desenterrados dramáticamente decenas de cuerpos sin que nadie supiera su identidad.

Ante el tétrico cementerio clandestino en que se ha convertido el país, el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió detener las excavaciones oficiales antes de que los cuerpos sin nombre siguieran amontonándosele.

Hay que considerar que Enrique Peña Nieto declaró durante el Foro de Davos en enero de 2013 que “ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”.

Ésa ha sido la perorata de Enrique Peña Nieto en cuanto púlpito se presenta, incluso en las entrevistas a modo que ha pactado el Ejecutivo Federal con medios extranjeros.
Nuevamente, tal como ha documentado en sexenios anteriores, Semanario ZETA actualizó el registro de ejecuciones en los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto y los resultados son desalentadores.

Los más violentos

Para registrar la totalidad de ejecuciones Semanario ZETA desarrolló una metodología que, consiste en confrontar la información oficial del gobierno federal, fiscalías y procuradurías estatales con los registros “hemerográficos” de diversos periódicos en las entidades federativas, así como con información de asociaciones civiles que familiares de víctimas han creado, además de servicios periciales, Semefos e institutos forenses locales.

Como conclusión general, Semanario ZETA documentó que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2014 sucedieron en el país 41 mil 015 homicidios dolosos, cifra que incluye las “Ejecuciones”, “Enfrentamientos”, “Homicidios-Agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y los asesinatos intencionales cometidos con arma de fuego de alto calibre o con el tiro de gracia; evidentemente, los datos duros son superiores a las 33 mil 239 “averiguaciones previas” por homicidio doloso que reporta el gobierno federal en el mismo lapso.

Como segunda conclusión, Semanario ZETA apuntó: A diferencia del sexenio de Felipe Calderón cuando Chihuahua concentró el primer lugar en homicidios dolosos con 16 mil 467 (equivalentes al 19.7 por ciento), en los primeros 23 meses de administración de Enrique Peña Nieto el estado de México gobernado por el priista Eruviel Ávila es el más violento e inseguro con 5 mil 450, concentrando ya el 13 por ciento.

Una tercera conclusión es que el corredor que conforman el estado de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán concentra 14 mil 429 homicidios intencionales, es decir en esas cuatro entidades sucede el 35 por ciento.

Además, los cinco estados más violentos durante los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto son:

En primer lugar se ubica el estado de México con 5 mil 450 homicidios dolosos; el segundo lugar corresponde a Guerrero con 3 mil 680; le sigue Chihuahua con 3 mil 357; y Jalisco y Michoacán, con 2 mil 650 y 2 mil 649, respectivamente, ocupan el cuarto y quinto lugar como los estados más violentos del país. Por cierto, Baja California continúa en noveno lugar con mil 612.

Cabe destacar que el gobierno de Felipe Calderón en sus primeros 23 meses registró 21 mil 920 averiguaciones previas por homicidio doloso; en tanto que en los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto la cifra ascendió a 33mil 186.

Incluso, mientras en el sexenio de Felipe Calderón Semanario ZETA documento 83 mil 191 ejecuciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto lleva ya 41 mil 015 en solo 23 meses; en otras palabras, a ese ritmo el gobierno peñista superará evidentemente al calderonista.

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Los muertos “sin datos”

En las recientes excavaciones en el estado de Guerrero buscando a los 43 estudiantes desaparecidos, se han desenterrando cuerpos, primero 28, pero nadie sabía las identidades de los cadáveres.

No saber de la identidad de los muertos en México es bastante común: El sexenio de Felipe Calderón a través del Sistema Nacional de Información reportó 7 mil 059 “averiguaciones previas” de homicidios dolosos “sin datos”, es decir que las autoridades no supieron ni sus nombres, nada.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto también continúan acumulándose los cuerpos sin nombre: En diciembre de 2012 el Secretariado Ejecutivo registró 29 “averiguaciones previas” de homicidios dolosos “sin datos”; 306 en 2013 y 570 en 10 meses de 2014; en total la administración peñista desconoce la identidad de por lo menos 905 muertos.

Gobierno de accidentes

El gobierno de Enrique Peña Nieto también supera al sexenio de Felipe Calderón en cuanto a homicidios culposos, accidentes.

Por ejemplo, en los primeros 23 meses de gobierno calderonista sucedieron 28 mil 634 averiguaciones previas por homicidio culposo, es decir accidentes; mientras que en los primeros 23 meses del gobierno peñista la suma ascendió a 32 mil 414; es decir Peña Nieto supera a Calderón Hinojosa con 3 mil 780 “accidentes”.

Incluso, en los últimos 23 meses de gobierno panista el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó sobre 30 mil 005 accidentes, mientras que en los primeros 23 meses de administración peñista la cifra ascendió a 32 mil 414.

125 mil ejecuciones en 8 años

La guerra contra el crimen organizado del gobierno federal y entre cárteles por las diversas plazas en los estados, han arrojado miles de muertos. Semanario ZETA ha documentado año tras año la hecatombe:

* 2007: 2 mil 826 ejecuciones

* 2008: 6 mil 837

* 2009: 11 mil 753

* 2010: 19 mil 546

* 2011: 24 mil 068

* 2012: 22 mil 159

* 2013: 23 mil 850

* 2014: 14 mil 840 en10 meses

En total, durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han sucedido en el país por lo menos 125 mil 879 ejecuciones.

“No debe haber sorprendidos”

Emilio Álvarez Icaza Longoria es el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrevistado por ZETA refiere el caso de los normalistas desaparecidos como un reflejo de lo que ocurre en el país en materia de seguridad.

“La sorpresa en el caso Ayotzinapa es que alguien se considere sorprendido, ni los gobiernos, ni la sociedad, el fenómeno de las desapariciones forzadas tiene años en México, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, cuando se sentó con Calderón y los congresistas, tenían en la mesa a familiares de desaparecidos y hubo una discusión nacional, del involucramiento de servidores públicos que le da el carácter de desapariciones forzada, de la desaparición de migrantes hay denuncias que tienen años, reportes de la comisión nacional de Derechos Humanos que hablan de una industria del secuestro.

“Ayotzinapa refleja un problema estructural de una magnitud muy grande. En Guerrero ya se había hablado de cientos de cuerpos que eran rescatados de las minas de Taxco, de cuerpos en fosas clandestinas, lamentablemente esas expresiones no fueron atendidas y llegó al extremo de desaparecer a un conjunto de estudiantes.

“Y una de las razones que pueden explicar el clamor internacional es de analizar ¿qué habrán pensado quienes participaron en este delito, que desparecer 43 estudiantes no iba a traer una consecuencia?, eso refleja un nivel de impunidad…en la dimensión de la corrupción, de extraordinaria preocupación”.

“Refleja de manera paradigmática por un lado el problema estructural de no actuación del estado mexicano para enfrentar un problema de esta magnitud, segundo, la debilidad institucional de los distintos niveles del estado en actuación de prevención, administración e impartición de justicia. Y tercero una explosión de indignación y clamor de que no es aceptable bajo ninguna condición que en un régimen democrático se presenten desapariciones forzadas como se están viviendo.

Respecto a las estadísticas oficiales de homicidios y otros delitos que proyectan aparentes disminuciones en la incidencia, el secretario ejecutivo de la CIDH explicó que hay un debate respecto a la credibilidad.

“Han habido discusiones que se han hecho públicas de que hay uso de distintas corporaciones de seguridad para manejar esos números y reflejar una realidad distinta, eso ha pasado a nivel estatal, ha habido discusiones a nivel federal”.

Habló de la necesidad de generar condiciones de mayor certeza en la producción de esa estadística, con mecanismo de actualización y supervisión. “Para superar la desconfianza, se requiere un proceso de profesionalización y ciudadanización, en la generación de esa estadísticas”, porque la gente tiene dudas fundadas.

En cuanto a las políticas públicas en materia de seguridad Álvarez Icaza señaló que hay esfuerzos, algunos enormes como el de la Gendarmería, acciones, intentos que tiene que madurar.

“Avanzar en modelos de seguridad ciudadana, de construcción de entendimiento que las instituciones de seguridad son parte de las instituciones de la democracia, necesitamos tener controles democráticos de las instituciones, y eso tiene que ver con la ciudadanización”.

Respecto al decálogo y las acciones actuales concluyó. “Creo que el tamaño del desafío requiere una respuesta mucho más fuerte, más consistente, estructurada y se tiene que generar una condición donde la articulación de la política de seguridad genera mayor resultado, el tamaño del problema requiere una repuesta de más hondo calado.

Ausencia de certeza

Al referirse a las estadísticas oficiales que hablan de una reducción en los homicidios, presumidos como indicadores de mejora en las condiciones de inseguridad, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano de seguridad Pública y Justicia Penal, señaló que hay que esperar al informe que saque INEGI con las actas de defunción, porque en los números del secretariado ejecutivo no hay certeza, “además existen otras variantes”.

Ejemplificó con una charla que tuvo la semana antepasada con los embajadores de Japón y de Bélgica y el ex embajador de Francia Florence Daniel Parfait:

“…los tres me dijeron, lo que pasa es que ahora no se están reflejando los homicidios porque ahora los entierran, refiriéndose a las fosas, entonces me parece que es otro factor que haya que tomar en cuenta que los grupos criminales recurren con mayor frecuencia a estos procedimientos”.

Respecto a las cifras alegres recordó que en septiembre con el caso Ayotzinapa todo se le vino abajo al Presidente: “…y toda la mugre sale y ahorita, todo el mundo la está viendo, y ahorita ya nadie les cree, de por sí no había credibilidad, los porcentajes de aceptación del presidente han bajado tremendamente”.

Además: “…los homicidios dolosos, ellos los están registrando como culposos, porque esa cifra está creciendo demasiado, y por otro lado como registramos la cuestión de los desaparecidos y enterrados de manera clandestina, etcétera, que es algo muy grave y no solamente eleva la cifra y te habla de una violencia irracional, brutal que no se da en todas partes del mundo.

“…con la presión de los medios internacionales, que es la que más les duele, además, diplomáticos horrorizados, no solamente por la barbaridades que estamos viendo todos los días, sino por la no actuación de la autoridad ante los hechos violentos, dentro de manifestaciones que piden al aparición de estos 43 muchachos me preguntan: ¿Qué no hay ley, que no hay autoridad?, entonces eso me llamó mucho la atención”.

Respecto al decálogo para mejorar las condiciones de seguridad y el estado de derecho Ortega consideró que no responde a las necesidades: “…son algunas propuestas de Ley que lo único que hacen es buscar soluciones para dentro de 2 o 3 años, bueno, ¿y ahorita?

“…están hablando cuando los munícipes se ven inmiscuidos, si le vas a quitar a la policía ya no los van a buscar los criminales, buscarán a los Gobernadores que tendrán el control de la policía, que es la que te permite secuestrar, extorsionar, hacer una bola de actos criminales”.

Explicó que recientemente, el Consejo Ciudadano de seguridad Pública y Justicia Penal, presentó el estudio “Guerrero atrapados en el círculo de la violencia” donde muestra que vive una violencia homicida desde 1979 relacionada con el problema de 9 grupos de narcotráfico, ligados al tráfico y /o y la producción de amapola y heroína con más de 24 alcaldes, 2 senadores y diputados con presuntos nexos con el crimen organizado. “No es un problema nuevo.

“Me parece que la gran reforma que algunos sectores de la sociedad esperaríamos, sería que se va ir en contra de los políticos que con sus actos, u omisiones permiten la actuación del crimen organizado. Y de eso, no hay señal en la propuesta presidencial…entonces van a seguir en la impunidad.

“No da una respuesta, que no está viendo ni comprendiendo la gravedad del problema que tenemos en el país y que los asesores se quedaron enanos, no están a la altura”, resumió.

Nueva crisis

Entrevistado, Santiago Roel Rodríguez, del Semáforo Delictivo, habló de una reducción en la incidencia criminal: “Como va el 2014 con el 2013, hay una reducción del 6 por ciento en el tema de homicidios, eso no quiere decir que esté bien, solo que está mejor que el año pasado.

“Es una paradoja en términos generales, vemos las reducciones y los focos rojos han cambiado, Nuevo León, Sonora, Sinaloa bajaron, Morelos sigue mal, y Guanajuato y Querétaro se ha incrementado, por ejemplo.

“El otro punto es el gran descontento de la gente porque en caso donde han logrado bajar, salvo en Nuevo León, la opinión es muy negativa en la percepción, la gente sigue opinando que las cosas están peor, en su municipio, en el estado y en el país.

Roel consideró que el descontento social se debe a que no se han corregido las causas de la inseguridad: “Y prueba de ello es que estamos ante una nueva crisis y el presidente tiene que salir, anunciar un plan emergente ante la situación cuando se suponía que ya lo había resuelto”.

Al referirse a las causas de inseguridad refirió a las policías coludidas, las autoridades, copadas por el crimen organizado, los pleitos entre carteles, los jóvenes en riesgo sin empleo y sin oportunidades.

“El tema es mal gobierno y es muy amplio, desde malos servicios hasta malas políticas públicas, el grave problema del poder judicial, entonces es de los tres poderes y de los 3 órdenes de gobierno, y en los puntos que anunció Peña Nieto, estas dos causas las está tratando de apelar y resolver pero van a llevar tiempo con transparencia, rendición de cuentas”.

Aseguró que la gran ausente en la propuesta del Presidente fue el tema de la política de drogas, que son lo que está generando casi toda esta violencia, y lo confirman los comandantes de los municipios que le ha referido, que entre el 80 y 90 por ciento de los homicidios son por narcomenudeo.

“Creo que el Presidente pudo, si no comprar boleto, porque es un tema que la sociedad mexicana todavía no entiende bien, la regularización de la droga de manera racional y lo maneje a través del sector salud. Pudo invitar al Congreso a analizar el tema con seriedad, como lo hizo esta semana el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, me pareció valiente porque es el primer Gobernador que se anima a romper el tabú”.

En cuanto a las estadísticas oficiales señaló que pueden ser válidas, complementadas con estudios de percepción y victimización, porque ninguna es perfecta ni la del INEGI.
“Hay excepciones en estadísticas de estados donde se complica la cosa a tal grado que baja la denuncia por temor, porque no hay garantías ante procuradurías o policías coludidas, Veracruz es uno de los casos más claros”.

Conforme al semáforo delictivo, en lo que va de 2014, las denuncias por secuestro se redujeron en un 13 por ciento, por extorsión bajaron un 27 por ciento, el robo a casa habitación un 15 por ciento, a negocio la reducción fue del 7 por ciento; y lesiones, se mantuvo prácticamente igual.

Continuidad en seguridad

“Tenemos un comportamiento consistente a la baja en cifras oficiales respecto al homicidio, pero eso viene desde agosto de 2011, el problema es que el caso de Iguala pone en evidencia la debilidad de los registros estadísticos que tenemos en México”, apuntó Francisco Rivas Rodríguez del Observatorio Ciudadano.

“Por mucho y que seamos punteros en Latinoamérica no quiere decir que en tierra de ciegos el tuerto es rey, no estamos bien. El problema es real, todas las fosas que se han encontrado y las que faltan, ponen en evidencia que no tenemos control del territorio, que no sabemos qué está pasando en el país, y como nos falta mucho por fortalecer los registros.

“No quiero simplificarlo de manera brutal porque no es así, pero sí una buena parte de los desaparecidos o cuerpos sin identificar que tenemos en los estados, lo sabemos por un estudio que estamos haciendo, están relacionados con secuestro de migrantes.

“Somos incoherentes en el país, exigimos el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales que cruzan la frontera, pero no tenemos el mismo respeto por los ciudadanos de otros países que pasan por nuestro territorio”.

Al comparar las administraciones de Calderón y Peña, Rivas Rodríguez indicó que se debe tomar en cuenta que el alza de homicidios en los 2 primeros años de Calderón, no fueron tan dramáticos, que se disparó entre 2009 y 2011, que Peña recibió una incidencia muy alta, aunque ya en descenso.

“A partir de agosto de 2011 empezamos a ver una flexión, fue cuando la Guerra contra el Narco empezó a tener sus aparentes resultados sean los que fueran. Calderón tenía una política pública en materia de seguridad, podíamos no compartirla, pero reunía las características necesarias, que tuvo su período de gestación y empezó a ver resultados a finales del sexenio”.

Respecto al decálogo emergente, Rivas Rodríguez manifestó que los 10 puntos que presenta el Presidente Peña son muy débiles, no presentan un viraje ni una visión en el tema de seguridad, son propuestas que ya conocemos, que hemos escuchado. Muchas fueron propuestas al anterior Congreso de mayoría priista que las rechazó en su momento y hoy están siendo rescatadas.

“No hay visión hay continuidad de la política pública del presidente Calderón con una narrativa diferente”.

“Son buenas acciones de poco calado”, dijo y ejemplificó:

“Es positivo un número nacional de emergencia, pero si no se resuelve el problema de confianza ciudadana ¿para qué lo quieres?: … no hace parte de una visión de la clase de país que queremos lograr”.

Cédula de identidad, otra acción positiva: “…pero tampoco es política, porque no replantea qué tipo de instituciones queremos, ni las relaciones estado ciudadano que queremos”.

El Mando Único, además que debe ser analizado con detalle por todas las implicaciones, “…no te va a resolver el problema de institucionalidad”.

Se dijo preocupado por los efectos de las propuestas de Peña en la autonomía municipal:

“En Italia se implementó –la disolución temporal de ayuntamientos corruptos– con un poder judicial, como el más limpio del país. Y tenía ciertas características muy específicas, no era nada más ‘este alcalde tiene sospechas de colusión, vamos a eliminar el poder’, no se le sometía a juicio, una investigación de larga envergadura, que ponían en evidencia la relación de alcaldes.

“En Italia, los servidores municipales son de carrera, no como aquí que cambian cada 3 años. Además, la procuraduría pertenece al poder judicial, no al poder ejecutivo, la relación es diferente y en Italia no hay nada comparable a la figura del gobernador.
Cuestionó la intención de aplicar la misma medida, en contextos completamente distintos.

Sin embargo reconoció que todo indica que existe buena intención, que el gobierno busca fortalecer el estado de derecho. “Pero el cómo hacerlo no le ha quedado exactamente claro, lo que quiere, se fortalece el respeto de la ley, pero debería empezar por respetarla, hay que ver si está dispuesto”.

Del reciclamiento de acciones y propuesta comentó el titular del Observatorio Ciudadano.

“Este 3 de diciembre mandas a la policía federal a Tierra Caliente, ¿eso qué tiene de novedoso respeto a las políticas públicas de la última década?”.

“Y el caso Michoacán, no solo no tiene nada particular, sino que se agrega la pregunta, entonces ¿para qué se agrega todo un proyecto que se supone que está dirigido a promover el desarrollo en Michoacán, envían a un mini virrey a que establezca el rumbo de Michoacán, a un comisionado para el desarrollo y la seguridad que se supone ha venido trabajando más de un año en este tema, y lo que hacemos es mandar más policías?

“Entonces deberíamos empezar por reconocer que lo que se ha hecho hasta ahorita no funciona, y hay que hacer un viraje, pero ni lo reconoce, y estamos repitiendo las conductas que ya conocemos, recurres a lo mismo que criticaste un sexenio completo.
“Ésa es la parte que no queda claro, cuál es el proyecto de esta administración, ¿cuál es la novedad? Si va a ser continuidad se vale, no necesariamente nos va a dejar satisfechos, pero nos va a permitir evaluar la continuidad”, finalizó Rivas Rodríguez.

Paquete anticrimen de Peña

Iniciativa presentada como uno de los 10 puntos del plan que lanzó EPN el 28 de noviembre para “mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” en el país.
Iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución (propone reformar los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123), como parte del plan “Un México en paz con justicia y desarrollo”.

La iniciativa plantea establecer el Mando Único Policial Estatal, facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la Federación y entidades federativas en materia de seguridad pública, así como homologar criterios y procedimientos en la materia.

Mando único Policial.- Mecanismo para que la Federación intervenga un municipio total o parcialmente, cuando haya indicios de que el crimen organizado se infiltró, y la definición de la persecución de delitos entre el gobierno federal y estados, que no deje lugar a la impunidad.

Propone reformar el artículo 21 constitucional para establecer que la seguridad pública es una función que estará a cargo de la Federación y los estados, por lo que dejarán de existir mil 800 corporaciones policiales municipales y ahora habrá 31 “sólidas instituciones”; las alcaldías sólo participarán en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención, esto, con el Mando Único Policial Estatal.

Otro punto incluido en esta iniciativa es que las instituciones policiales de las entidades federativas deberán actuar bajo el mando de las federales.

Se propone la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente funciones municipales, cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado. El Fiscal General de la República, cuando advierta indicios suficientes lo comunicará al Secretario de Gobernación para que, de considerarlo procedente, en forma conjunta soliciten la aprobación del Senado para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones.

También propone que el Congreso de la Unión pueda expedir leyes generales para definir con libertad qué conductas deben ser tipificadas y cuáles tipos penales serán materia de regulación, no como hasta ahora que cada entidad puede hacerlo.
Sobre el esquema de investigación, persecución y sanción, prevé la expedición de una Ley General de Competencias Penales, que podrá distribuir competencias y establecer supuestos de actuación bajo mecanismos menos rígidos, en atención a las capacidades de cada autoridad.

Incluye un dictamen de Impacto Presupuestario por parte de la Secretaría de Hacienda, el cual asegura que para poner en marcha esta reforma no habrá un gasto adicional.


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