Campaña contra el espionaje político y la criminalización de la protesta social

Alto a la campaña de difamación, amenaza y desprestigio contra activistas de la comunidad universitaria.

A las asambleas y compañeros del #YoSoy132,

En días recientes ciruculó por correo electrónico y por las redes sociales un texto en el cual se difama a una compañera de la facultad de FFyL y a dos profesores del CCH —los cuales han sido objeto de una campaña de criminalización en los medios— de ser infiltrados de gobernación, además de que se señala la actividad política de más compañeros activistas, estudiantes y profesores —de diferentes agrupaciones y colectivos—, la mayoría de la FFyL y que participaron del #YoSoy132, dando cuenta del hostigamiento y espionaje del que somos parte como comunidad universitaria y movimiento estudiantil.

Nos preocupa y alarma la situación, ya que en la FFyL está el precedente de la campaña de calumnias contra Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, activista asesinado de la FFyL, que se dio de manera similar desde 2009. Además, están los precedentes de la desaparición forzada y posterior asesinato de Pável González y el asesinato de compañeros de la facultad en Sucumbíos, Ecuador en 2008.

Ante esto activistas de distintas organizaciones hemos decidido cerrar filas, contra este ataque que nos afecta a todos, con una campaña amplia y unitaria, cuyo primer paso es un pronunciamiento y su difusión a través de una conferencia de prensa a realizarse este lunes 27 de mayo a las 11 hrs. en la FFyL frente a la librería de mascarones.

Es así que solicitamos su solidaridad y su adscripción —como organizaciones, luchadores, académicos, intelectuales— al documento que hemos redactado para realizar la denuncia. Asimismo, su apoyo en la difusión de este documento con intelectuales y académicos.

Favor de enviar las adscripciones al documento al correo:
buenaventuradurrutiffyl@gmail.com

Esperamos asimismo contar con us asistencia en la conferencia de prensa.


Contra el espionaje político y la criminalización de la protesta social. Alto a la campaña de difamación, amenaza y desprestigio contra activistas de la comunidad universitaria.

En días pasados circuló por las redes sociales y por correo electrónico un mensaje difamatorio y amenazante en contra de algunos activistas pertenecientes a la comunidad universitaria. En éste se señala con nombre y apellido a varios estudiantes y académicos como participantes en diversas acciones de protesta social, además se les incrimina como policías políticos pagados por la Secretaría de Gobernación e infiltrados en el movimiento estudiantil. Irónicamente, el autor del documento se jacta de haber obtenido la información a partir de un “trabajo policiaco” de “inteligencia”.

Este documento, que lleva por título “los dos baluartes de gobernación (sic)”, se inscribe claramente en el marco de una masiva campaña mediática de criminalización de activistas sociales a nivel nacional, propiciada por noticieros televisivos y radiofónicos, diarios de muy amplia circulación como Milenio, La Razón y El Universal, y páginas de internet como Reporte Índigo. Por otro lado, se ha suscitado un encadenamiento de difamaciones y señalamientos —que ha proliferado en las redes sociales— cuyo objetivo es sembrar discordias al interior del movimiento estudiantil, acostumbrado a utilizar los medios electrónicos como espacio de propaganda y organización. El escarnio público y la calumnia son los métodos de los que se sirve el estado y sus secuaces para atacar a los movimientos sociales que lo denuncian y combaten.

El mensaje en cuestión tiene la clara intención de provocar desencuentros y fisuras al interior del movimiento estudiantil y de amedrentar a las organizaciones e individuos que difama. Es necesario señalar que esas organizaciones pertenecen a una larga tradición de organización al interior de la Universidad que abarca a un sinnúmero de colectivos y agrupaciones históricas que realizan un comprometido activismo político guiado, entre otras cosas, por la consigna de la absoluta independencia respecto al estado y sus partidos. Por otro lado, en las masivas asambleas estudiantiles que lograron frenar la inicial intención de José Narro de meter a la policía a CU para solucionar el reciente conflicto suscitado por la toma de la rectoría, los compañeros señalados en el mensaje reivindicaron la legitimidad de los métodos y las posiciones políticas de quienes habían efectuado esta acción. Aunque esta posición no genera consenso al interior del movimiento estudiantil y fue duramente criticada, consideramos que ello no justifica que se les espíe y calumnie tal como está ocurriendo.

Las diferencias que claramente existen al interior del movimiento estudiantil, que son políticas y estratégicas y están íntimamente ligadas a los métodos de las distintas organizaciones, no serán la puerta de entrada para una política de desconfianza, construida por un espionaje político posiblemente propiciado por la burocracia universitaria. En ese sentido, el movimiento estudiantil cerrará filas y no permitirá que ninguno de sus miembros sea calumniado ni amenazado.

La criminalización pública y el desprestigio al interior de los movimientos sociales son pasos previos al linchamiento físico: la cárcel, la violación, la desaparición y el asesinato. Prueba de lo anterior es el caso de nuestro compañero Carlos Sinuhé Cuevas, muerto a balazos en octubre de 2011 luego de ser víctima de una campaña de difamación (similar a la que hoy se inicia contra quienes son señalados en el texto) y de haber recibido varias amenazas de muerte. No permitiremos que la brutalidad del estado vuelva a hacer presa en nosotros.

Las organizaciones e individuos que suscribimos este documento condenamos rotundamente el espionaje político al interior de la universidad y el método utilizado por el estado para golpear a la disidencia social. El amedrentamiento y la amenaza son formas poco dignas de gobiernos que se presumen democráticos y respetuosos del estado de derecho. Nos preocupa profundamente la posibilidad de que la burocracia universitaria haya coadyuvado a la recaudación de datos o haya participado de alguna manera en esta campaña de persecución política y criminalización de sus propios estudiantes y académicos. Exigimos el absoluto respeto de los derechos fundamentales de los aludidos y hacemos responsables al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, al gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera y a la Rectoría de la UNAM de lo que pueda pasarles en relación con sus actividades políticas.

Profa. Isabel Varela, CCH Naucalpan
Prof. Alfredo Velarde, Facultad de Economía UNAM
Colectivo Buenaventura Durruti
Liga de Trabajadores por el Socialismo
Juventudes Anticapitalistas Socialistas y Revolucionarias
Comité Estudiantil Metropolitano
Grupo Acción Revolucionaria
Colectivo Ratio
Los Solidarios P5
Asamblea Universitaria Académica (AUA) de la UNAM
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas A.C. (COMCAUSA A.C)
Ivette Lacaba Domínguez
Mesa coordinadora de corresponsalias de Red Latina sin fronteras
Grupo Socialista Obrero GSO
Coalición de Trabajadores Administrativos y Académicos del STUNAM
Colectivo Azcapotzalco Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire
Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
Colectivo Acción Inteligente de Desempleados, Estudiantes y Trabajadores
Sindicato Nacional de Trabajadores de Uniroyal
La Sexta Huasteca Totonacapan
Colectivo Independencia Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Xalapa, Veracruz
Movimiento de Unidad y Resistencia Ciudadana, Poza Rica, Veracruz
Declaración de la Selva Lacandona, Xalapa, Veracruz.
Colectivo Sexta Declaración, Poza Rica, Veracruz
Dorados de Villa, Puebla y Veracruz
Comunidad Autónoma Ollin Alexis Benhumea Hernández, Cuetzalan Puebla
Comunidad Autónoma Ernesto Guevara de Serna, Ayotoxco Puebla
Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta Oaxaca
Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta Hidalgo