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LA GUERRA "CONTRA EL NARCO": UN ESPEJO DE INVERSIÓN DE LA REALIDAD

Jueves 26 de abril de 2012 por Xolotl

La guerra "contra el narcotráfico": una inversión de la realidad

¿En donde están y quienes son las víctimas? ¿Como se justifican las más de 60 mil muertes del sexenio calderonista? ¿En dónde están y quienes son los verdaderos enemigos de la guerra contra el narcotráfico?

Es 2006, el discurso oficial se precia de ejercer para el sexenio la política de la mano dura, “Después de más de 500 asesinatos en Michoacán en casi un año, el gobierno federal decidió emprender una "batalla" contra el crimen organizado, y anunció el inicio de la Operación Conjunta Michoacán." [1] Nunca se precisó la duración de las maniobras, sin embargo para agosto de 2010 la batalla se convirtió en una guerra extendida a casi todos Estados de la República, para entonces ya habían 28 mil muertes. ¿Quienes son los verdaderos enemigos de la guerra contra el pueblo?

o bájalo de aquí

Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2010 las autoridades federales deja[ron] sin investigar 95% de las muertes relacionadas a la “guerra” contra el narcotráfico. De acuerdo con la información entregada al Senado, del inicio del sexenio [...] hasta abril de 2010, se registraron 22 mil ejecuciones; sin embargo, sólo mil 200 averiguaciones previas se levantaron en el mismo periodo. [2]
Si a esto se suman las deficiencias de las investigaciones en el fuero local, no es casual que sólo 5% de los crímenes lleguen a ser procesados, mientras que el resto queda impune”. Ante tal vacío legal, los especialistas decían que las autoridades estaban rebasadas, pero el presidente aseguraba que 90% de los decesos por lucha antinarco, eran de la mafia. [3]

Así, el espejo de la inversión comienza a aparecer, pues en la ilegalidad de las ejecuciones sin juicio, emerge la legitimidad que brinda la ley, el procedimiento es sencillo, y es el inicio de la inversión de la realidad presente. Desde el comienzo del conflicto, para el gobierno federal el objetivo de su estrategia de mano dura supuestamente es: “liberar a la ciudadanía” del crimen organizado. Así pues ante la pregunta de que hacer ante la delincuencia, podemos leer en las declaraciones federales:

“La primera obligación de un Gobierno es garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos y nosotros hemos defendido y vamos a seguir defendiendo a las familias mexicanas hasta el último día de mi mandato. Detener a la delincuencia, evitar el dolor y el sufrimiento de la gente es un deber constitucional, es un deber legal, pero también, [...] es un deber ético, es un deber moral, es un imperativo categórico. [...] y lo hacemos, además, con la ley en la mano, con la fuerza de la legalidad y la justicia. Lo hacemos con apego a los derechos humanos. Proteger las libertades y los derechos de todos los mexicanos es la razón que inspira nuestra lucha. [4]
http://www.youtube.com/watch?v=Ss9KDq86LSE

Frente a la figura del delincuente maximizado, se contrapone el imperio de la ley, el bienestar y la seguridad se exponen como el cielo por alcanzar, la seguridad y los derechos de los ciudadanos son las razones que abanderan esta noble lucha, se trata de una supuesta lucha de defensa, generada ante el mounstruo de la criminalidad, aun cuando la realidad y los datos empíricos demuestran que la violencia en el año 2006 ni siquiera iba en aumento en nuestro país, sino por el contrario, como lo demostró el sociólogo Fernando Escalante (2009), la tendencia de la violencia (antes de la “guerra” en especial del homicidio) en México era el descenso. Tomando en cuenta el aumento de población, se calcula que los homicidios habrían caído en una proporción del 20% en la década anterior a 2007" [5], el mounstruo como toda fantasmagoría era irreal y en la lucha por el cielo por alcanzar se ha desatado el mismo infierno, entonces regresa nuestra duda metodológica ¿en donde están y quienes son las víctimas?

Para detener el dolor y sufrimiento de la gente, responde el Estado mexicano, hay que detener a la delincuencia, es un deber constitucional, incluso moral. Los argumentos que se basan en problemas reales de la población (salud, trabajo, educación, vivienda, etc...) pierden fuerza y parecen débiles al lado del espanto, del terror que inspiran las imágenes del enemigo creado, se trata de un enemigo interno, el cual pone en riesgo la seguridad nacional, pone en riesgo la vida de los mexicanos, y para lo cual se instaura el imperativo categórico de la política invertida, “salvar vidas, pasa, por el dar muerte”. Se tolera ahora la tortura y la desaparición en pos de la seguridad nacional, la guerra contra el narcotráfico aparece entonces como una instancia para salvar vidas. Una instancia además ética y moral, lo cual esconde supuestos tales como, el de la no actuación como un acto inmoral, es decir que el no desarrollo de la guerra sería la expresión misma de la inmoralidad, y por el contrario la eliminación de los criminales, como eliminación de la vida humana, expresión de la moralidad y de la ética, porque con ello se garantiza, el cumplimiento de la ley, la defensa de los derechos civiles y por supuesto el Estado de Derecho. El espejo esta conformado y lo es nuevamente el conjunto de las relaciones jurídicas que ocultan o no toman en cuenta la relaciones humanas, de manera análoga a la sociedad mercantil, las relaciones de los hombres y mujeres, es sustraída del ejercicio del gobierno para el cumplimiento de la ley con legalidad y legitimidad, es sustraída o eliminada al igual que las relaciones entre los hombres y sobre todo el trabajo del hombre y de las mujeres en el proceso de producción de mercancías. El ejercicio de la violencia en la política como coacción legítima, supone la aceptación de la comunidad política, que vela sobre todo por el desarrollo armónico de la misma, el ejercicio político de la violencia, sin tomar en cuenta las relaciones humanas y el mejor desarrollo de la comunidad política es ilegitimo, y lo es sobre todo, porque atenta contra la comunidad política misma, contra la vida y los intereses de quienes la conforman. Ya Marx había advertido, sobre la peligrosidad de no hacer presente la ausencia que grita, la peligrosidad del no reconocimiento como ser humano, esto es, el riesgo, del nulo reconocimiento de ser sujeto de necesidades al interior de las relaciones sociales que se institucionalizan, pues se produce inevitablemente y de manera compulsiva un proceso autodestructor.

Sin embargo el gobierno federal insiste:

“Hay que subrayar que, en tales acciones, las Fuerzas Federales asumen sus deberes constitucionales y legales. Qué deberes. Los de cumplir y hacer cumplir la ley, los de preservar la seguridad interior del país, los de coadyuvar con la seguridad pública y apoyar al Ministerio Público en sus labores de investigación y persecución de los delitos. Actúan bajo órdenes explícitas de respetar plenamente la ley, las garantías individuales y los derechos humanos."

Ahora bien ¿cual es la condición de los derechos humanos ante la guerra contra el narcotráfico? Para marzo de 2010 La guerra contra el narcotráfico implementada por el gobierno federal había significado al Ejército 3,430 quejas por abusos a los derechos humanos de la población civil ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual emitió 51 recomendaciones a la Secretaria de Defensa, 2009 fue el año que la CNDH recibió 1,800 quejas y emitió 30 recomendaciones contra el Ejército. Un récord histórico, según la propia Comisión, pues comparadas con los reclamos de la década anterior, los primeros tres años del actual sexenio representaron un incremento de las denuncias en un 600%. Los principales abusos denunciados, fueron “irrupciones ilegales (sin orden de cateo) a viviendas, agresiones físicas, torturas e incluso robos por parte de los militares” En ese año la organización HRW sostiene que más de 40,000 mil miembros de las fuerzas federales, entre militares y policías, han sido desplegados en todo el país desde la llegada de Calderón al poder. [6] Ante el número exorbitante de quejas sobre violaciones a derechos humanos y la atención internacional en la materia, las declaraciones del Secretario de Defensa Nacional general Guillermo Galván Galván nos dice:

“A pesar de las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son daños colaterales que son lamentables.” A lo que "el Senado, manifestó preocupación por la muerte de civiles en esta lucha y expusieron que se requiere disminuir o eliminar estas muertes". [7]

Podemos decir que en materia de derechos humanos la inversión estaba consumada, pues el imperio de la ley, y el cumplimiento del Estado de derecho justifica, el que en la lucha contra el narcotráfico, que es guerra justa y moral, se anulen de facto los derechos del hombre. En efecto, la guerra, o lucha, o combate contra el narcotráfico desemboca en la negación de todos los derechos de aquellos en contra de los cuales se dirige la guerra. Al descansar la justicia de la guerra en el imperio de la ley, desemboca en la negación de todos los derechos humanos, en cuanto éstos se interponen como un obstáculo al cumplimiento de la exigencia de seguridad y bienestar, esto es una paradoja, pero, la paradoja como idea opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general, se hace evidente por la inversión. Y una vez más brota la pregunta ¿en donde están y quienes son las víctimas? En la cita anterior y ante la presión de la opinión pública contestó el Secretario de Defensa, el general dijo: son daños colaterales que son lamentables.” Se trata pues del ocultamiento cínico de la muerte, y así mismo de la violación inmediata en igual número de derechos humanos en cada fallecimiento:

“No todos los homicidios dolosos son ejecuciones; esto se dice por su “presunta relación con el crimen organizado”. (…) De los 19 mil 546 homicidios dolosos ocurridos en 2010, el gobierno federal (…) reconoció el 12 de enero de 2011 la cantidad de 15 mil 273 “ejecuciones” clasificadas oficialmente como relacionadas con el crimen organizado. De acuerdo con la SSP federal, las 15 mil 273 “ejecuciones” corresponden a homicidios dolosos cometidos con arma de fuego, arma blanca o, como dice un tercer renglón, “sin datos”. Pero hay una cuarta categoría de homicidios dolosos denominada por la Secretaría de Seguridad Pública como “otros”. En una especie de “fosa común” en las estadísticas oficiales, en la clasificación “otros” homicidios dolosos, se encuentran apilados los que no fueron asesinados por arma de fuego ni arma blanca. En este rubro se sumaron 4 mil 674 nada más en 2010. En 2009 hubo 3 mil 946 “otros” muertos; 3 mil 487 en 2008; 4 mil 202 en 2007; 271 en diciembre de 2006 y 2 mil 253 hasta mayo de 2011. Por si fuera poco, en la categoría de homicidios dolosos “sin datos”, de acuerdo con la SSP federal hasta los primeros cinco meses de 2011 suman 459; en 2010, mil 271; en 2009, mil 43; en 2008, 2 mil 302, y en 2007 sumaron 743. En total, los “otros” muertos suman en cuatro años y medio del actual sexenio 18 mil 833, y en el apartado de homicidios dolosos “sin datos”, la cantidad es de 5 mil 818. En pocas palabras, por lo menos 24 mil 651 muertos clasificados como “otros” y “sin datos” no son tomados en cuenta en las estadísticas del gobierno relacionados con el crimen organizado.”

En conclusión:
1) El número de homicidios no disminuyo, sino que al contrario aumentó durante la guerra contra el narcotráfico, por lo que el objetivo de velar por la seguridad de los ciudadanos es una tesis falsa.
2) Ante la ilegalidad de las ejecuciones el gobierno federal se escuda en el cumplimiento de la ley, la defensa de los derechos civiles y por supuesto el Estado de Derecho, este es el espejo en el cual se refleja el conjunto de relaciones políticas para la seguridad nacional.
3) El reflejo de tal espejo es la conformación del Estado de la Seguridad Nacional, como garantía del bienestar de la ciudadanía.
4) El reflejo del reflejo es la imagen en la mente de los militares y la población, de estar librando una guerra justa y moral, acto subjetivo que fundamenta hechos objetivos.
5) Todo lo que deja fuera el espejo de la relación jurídica que fundamenta constitucionalmente, el uso de las fuerza armadas para el desarrollo de esta guerra, son las relaciones sociales de los hombres como hombres sujetos de necesidad, oculta pues la humanidad de las relaciones sociales. Por ello en la supuesta defensa de los derechos humanos, “con la ley en la mano” se transgreden los mismos derechos humanos.
6) Ante tal tamaño de la inversión y con la justificación jurídica en la mano, es posible descifrar la inversión en la primera linea del quinto informe de gobierno recién pasado 1o de diciembre: “Hace cinco años, iniciamos un proyecto humanista de Gobierno con un objetivo muy claro: transformar a México. Transformarlo en un país más seguro, más próspero y más justo. ”
7) Por último ante la pregunta de ¿quienes y donde están las víctimas? La consecuencia máxima de tal ocultamiento es la inversión de las víctimas inocentes como daños colaterales, que para la jerga militar significa daño no intencional o accidental producto de una operación militar, sin embargo si apelamos a la definición genérica, colateral también significa aquello que es secundario o accesorio, no directo o inmediato. Se trata del hombres vistos no como hombres, sino como objetos.
Para terminar y mostrar una ruta por la cual podríamos trascender las relaciones de dominación de las instituciones podemos recordar el imperativo categórico marxista expresado en su Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel: “de echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable.” donde, para que cada hombre pueda realizar su humanidad, es necesario que el hombre sea el ser supremo para el hombre.

La información utilizada para este artículo abarca hasta principios de 2010, por desgracia la guerra contra el narcotráfico continua en México, ocasionando actualmente más de 60 mil muertos de nuestro pueblo. Para el 23 de abril de 2012, Felipe Calderón, con la boca seca de vergüenza publicó en cadena nacional y en el diario oficial, los nuevos protocolos de seguridad para evitar supuestamente las violaciones a los derechos humanos en su guerra contra el pueblo. Nuevos aires de legalidad buscan perpetuar la realidad invertida, donde la seguridad de los ciudadanos supone en México, su muerte.

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