Ké Huelga Radio

Oaxaca: asesinan a Bernardo Vásquez

Viernes 16 de marzo de 2012 por EdeN

REMA

LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) EXIGE JUSTICIA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO BERNARDO VAZQUEZ SANCHEZ EN OAXACA.

BASTA DE CONDUCTAS CRIMINALES Y COMPLICIDADES ENTRE MINERA CANADIENSE Y FUNCIONARIOS LOCALES Y ESTATALES

El día 15 de marzo fue asesinado, por presuntos sicarios de la empresa minera canadienses Fortuna Silver Mines, el compañero Bernardo Vásquez Sánchez (dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán –CPUVO- Oaxaca), y heridos Rosalinda Canseco y Andrés Vásquez Sánchez.

Regresaban a su ciudad de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, después de un dialogo para obtener respuesta a la problemática creada por la empresa minera con funcionarios del gobierno del Estado de Oaxaca, cuando fueron atacados por sicarios en el crucero de Santa Lucía, Ocotlán y Bernardo Vázquez S. fue asesinado con armas de fuego.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exige al gobierno del Estado y al gobierno federal de México justicia ante este artero asesinato de un activista comunitario más; cuya voz, en este caso, fue representar la justa demanda de poner alto a las violaciones al derecho cometidas por la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines, lo mismo que a la corrupción aceptada por el Presidente Municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez) y la presunta connivencia de funcionarios estatales.

Solicitamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo mismo que Legisladores Federales del Congreso, tome cartas en asunto y promuevan la investigación del asesinato y del intento de asesinato, cometido contra estos ciudadanos oaxaqueños, pues los crímenes previos de Bernardo Méndez Vásquez y de Bety Cariño, vinculados con el nefasto binomio de las empresas mineras y la corrupción gubernamental estatal han quedado impunes.

Volvemos a exigir a los funcionarios del Estado que cumplan su obligación de investigar a fondo, e impartir justicia. La credibilidad se agota y su oportunidad de demostrar que son capaces de impartir justicia pronta vuelve a estar en entredicho.

La opinión pública está cada día más informada de la frecuente conducta ilícita de empresas mineras, lo mismo que de la complicidad de funcionarios gubernamentales con esas empresas, y cada día también crece la justa demanda de poner fin a esa conducta y a la impunidad que la propicia y prolonga.

¡Ni un crimen más de activistas sociales que luchan por justicia!

¡Pongamos un alto a la impunidad juntando nuestras voces!

¡Fuera la Minera Fortuna Silver Mines de San José del Progreso, Oaxaca!

Coordinadores Nacionales de la Red Mexicana de Afectados por la Minería

Enviar declaración a:

Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México. presidencia@cndh.org.mx ; correo@cndh.org.mx

Senadora Rosario Ibarra de la Garza, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, México. ribarra@senado.gob.mx

Diputado Manuel Cadena Morales, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Cámara de Diputados, México. manuel.cadena@congreso.gob.mx

Dr. Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación, México. secretario@segob.gob.mx

Lic. Gabino Cue Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca gobernador@oaxaca.gob.mx

Lic. Manuel de Jesús López López, Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. contacto@pgjoaxaca.gob.mx

Lic. Oscar Cruz López, subsecretario de gobierno y desarrollo político. Correo Electrónico Oficial : oscarcruz@oaxaca.gob.mx

Lic. Manuel de Jesús López López, Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. contacto@pgjoaxaca.gob.mx

Lic. Emanuel Castillo Ruiz. Coordinador General de Asuntos jurídicos del Estado de Oaxaca. enlace.seguridadpublica@gmail.com

Mtra. Eréndira Cruz Villegas, Comisionada para los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca erendiracruz@oaxaca.gob.mx
Dr. Heriberto Antonio García, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. correo@derechoshumanosoaxaca.org


ANAA

México, D.F. a 15 de marzo de 2012.

Al pueblo de México,

A los medios de comunicación,

Hoy jueves 15 de marzo de 2012 alrededor de las 20:20 hrs, fueron interceptados y víctimas de disparos a quemarropa con armas de fuego de 9mm, los compañeros Bernardo Vásquez Sánches, quien resulto asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sáchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien recibió dos impactos de bala en la pierna y el hombro y se encuentra herida; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO). quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver INC.

Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas.

Es la segunda agrasión de este año en contra los defensores ambientales de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán. El pasado 18 de enero de 2012 el presidente municipal Alberto Mauro Sánchez, quien ya cuenta con una denuncia ante la PGR, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo Méndez Vásquez, así como heridas graves a la compañera Abigaíl Vásquez Sánchez, hoy el responsable se encuentra en libertad.

Como antecedentes a los últimos sucesos, los opositores al proyecto minero han exigido, desde hace más de dos años, que las autoridades federales, estatales y municipales hagan pública la información correspondiente a los permisos, convenios firmados y contratos entre las autoridades de todos los niveles y la empresa minera, sin que haya habido respuesta a sus reclamos justos. El día 14 de Marzo de 2009, los ciudadanos de este municipio al no ser informados ni consultados sobre el proyecto minero de Cuzcatlán, tomaron la decisión de cerrar las instalaciones mineras de forma pacifica, por más de 2 meses sin que las autoridades municipal, estatal y federal atendieran su inconformidad. El 19 de junio de 2010, la población de distintas comunidades del municipio de San José (El Cuajilote, Maguey Largo) y de otros municipios —que también se oponen a la operación de la Minera Cuzcatlán—, como Magdalena Ocotlán, se manifestaron en el camino local que pretendía utilizar la minera para sus obras, lo que ocasionó la llegada de un grupo de pistoleros que comenzaron a disparar contra los opositores a la mina. En la agresión resultaron muertos el presidente municipal de San José del Progreso (Óscar Venancio Martínez Rivera) y uno de los regidores del municipio, al tiempo que fue secuestrado, golpeado y amenazado el párroco de la comunidad de San José, quien se había previamente pronunciado a favor de las demandas de la comunidad exigiendo la salida de la minera.

Asimismo, los pobladores de San José del Progreso y las comunidades afectadas han denunciado en innumerables ocasiones la presencia de un grupo armado violento: la “Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos”, que actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las autoridades municipales.

Consideramos necesario recalcar que este conflicto por la tierra y la vida contra la minería es sólo una muestra del futuro que nos espera. Tan solo en Oaxaca hay varias docenas de proyectos mineros similares al de San José de Progreso. Conforme llegan a la etapa de explotación, por necesidad se genera un nuevo conflicto socio-ambiental y político, contaminación y agotamiento de las diversas fuentes hídricas superficiales y subterráneas, incremento en actos de represión de los defensores ambientales, que como fue el caso que nos ocupa, defienden los derechos colectivos de los pueblos y por lo tanto de toda la sociedad como es el derecho humano al agua y aun medio ambiente.

Hoy denunciamos la complicidad del gobierno ante estos hechos, teniendo evidencias y denuncias de dichas agresiones a las comunidades. De igual forma denunciamos que el objetivo principal de la empresa minera ha sido la obtención de excesivas ganancias económicas por encima de la vida y la tranquilidad de nuestros pueblos.

Exigimos que siguentes personas, aun cuando sabemos que hay más responsables por la guerra contra nuestros pueblos, sean juzgadas por sus crímenes:Artemio Lidio MuñozVásquez, miembro de la Asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos, 5 de Abril 2010. Amador Vásquez Gómez, Sindico Municipal de San José del progreso, 6 de Marzo 2011. Albindo Gómez Rodríguez, Policía Municipal y demás elementos de la policía municipal y uno de los actores directos de la muerte de Bernardo Méndez Vásquez, 18 de Enero del 2012.

Mentira que la minería trae progreso! Nos a traído muerte!

Ya basta de la complicidad de gobernantes con la empresa minera Fortuna Silver INC!

Minas no! Agua sí!

No a la mina! Sí a la vida!

Exigimos Justicia! Exigimos dignidad!

Exigimos Justicia!

Atentamente,

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales


Vidas por minerales

Firmas por los defensores del territorio
MOVIMIENTOS, REDES Y ORGANIZACIONES CONDENAMOS EL COBARDE ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE OAXACA.

San José del Progreso, Ocotlán Oaxaca, 16 de marzo de 2012.

A las Autoridades del Estado de Oaxaca

Al Ejecutivo Federal

A los pueblos de México y el mundo

A los medios de comunicación

El día de ayer, 15 de Marzo de 2012, fue cobardemente asesinado nuestro compañero Bernardo Vásquez Sánchez dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). El artero crimen fue perpetrado por un grupo armado que además atentó contra la vida de Rosalinda Dionisio Sánchez y Andrés Vásquez Sánchez (hermano de Bernardo) quienes actualmente se encuentran gravemente heridos.

Este asesinato, esta relacionado directamente con la empresa minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, quienes desde 2006 iniciaron sus operaciones en el Municipio de San José del Progreso, Oaxaca sin el consentimiento de dicha comunidad y con el aval de las Autoridades Municipales y el Gobierno del Estado.

Desde sus inicios la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos entre ellos, el Convenio 169 de la OIT, que estipula el Consentimiento Previo Libre e Informado para la realización de proyectos en territorios indígenas. Además ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad que el gobierno del estado ha minimizado argumentando que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.

La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los Pueblos y Comunidades del Valle de Ocotlán, en todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Denunciamos que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca esta ambición ha cobrado la vida de cuatro personas y un sinnúmero de enfrentamientos.

Denunciamos la contradicción existente en Oaxaca en materia de derechos humanos, por un lado se maneja un discurso de protección y respeto a las decisiones de los pueblos y comunidades indígenas y por el otro se cobija y ampara las injusticias perpetradas por empresas extranjeras.

Desde 2010 la CPUVO presentó numerosas peticiones a diferentes instancias de gobierno y de derechos humanos, advirtiendo de actos represivos de las autoridades municipales y posibles hechos violentos en contra de las comunidades de Cuajilotes, Maguey Largo, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, así como compañeros y compañeras que acompañan procesos legítimos de defensa del territorio y sus recursos. Nuevamente la respuesta del gobierno estatal fue la indiferencia y el silencio.

Esta indiferencia del llamado “Gobierno del Cambio” y la inmunidad que ha otorgado a la empresa minera canadiense ha aumentado la violencia en la región acabando con la vida de Bernardo y lanzando una amenaza abierta hacia los y las defensores de derechos humanos que se opongan a proyectos que atentan contra los derechos de las comunidades.

La lucha de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán desde sus inicios ha respetado el marco legal federal y estatal. Es un movimiento pacífico, legítimo y legal en la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de derechos humanos.

La actitud pasiva y de oídos sordos del gobierno del estado de Oaxaca nos llena de indignación ya que los enfrentamientos y muertes ocurridos desde 2010 pudieron haberse evitado. Las preguntas que nos hacemos son: ¿qué es lo que sigue?, ¿cuántas personas mas tienen que perder la vida para que se tomen cartas en el asunto?, ¿el gobierno del estado seguirá minimizando el conflicto de San José del Progreso a un problema intercomunitario o a un conflicto post electoral?

Ante esta situación:

Nos solidarizamos con la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en su defensa contra la empresa minera Cuzcatlán.

Responsabilizamos al Gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, por su omisión ante los hechos de violencia y asesinatos acontecidos en San José del Progreso desde los inicios de su gestión.

Denunciamos que los proyectos mineros no son una opción de desarrollo para los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca. Por el contrario, han generado graves conflictos sociales y políticos tendientes a reproducirse en todo el Estado de continuar con esta política de desarrollo.

Exigimos al gobierno federal y estatal el castigo a los autores materiales e intelectuales del cobarde asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez.

Exigimos al gobierno estatal que garantice la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos Andrés Vásquez Sánchez y Rosalinda Dionisio Sánchez, así como de los familiares de Bernardo Vásquez Sánchez y de todos los miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

Exigimos al poder legislativo federal que gestione con celeridad la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, cuyo objetivo es, precisamente, evitar los atentados contra la vida y la integridad de quienes se dedican a proteger y defender los derechos humanos de los pueblos y comunidades del país.

Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal la salida inmediata de la empresa minera Cuzcatlán responsable intelectual de los crímenes cometidos contra Bernardo Méndez Vásquez, y Bernardo Vásquez Sánchez y generadora de conflictos en el Municipio de San José del Progreso.

¡¡¡Cese a la violencia y amenazas en contra de las comunidades y defensores de derechos humanos en el Estado de Oaxaca!!!

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Servicios para una Educación Alternativa Educa A.C.

Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe A.C.

Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, BARCA A.C.

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, UNOSJO S.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA)

Otros Mundos AC/Chiapas

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC).

Movimiento Campesino Regional Independiente/Coordinadora Nacional Plan de Ayala/Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA/MN)

Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca

SURCO AC

Centro de Estudios de la Región Cuicateca

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)


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