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Las Lecciones del Plan Colombia para la Política Exterior Estadounidense hacia México y Otros Países

Sábado 12 de noviembre de 2011

Compartimos este informe del sitio Just the Facts poniendo la Iniciativa Mérida en la perspectiva de los resultados del Plan Colombia. Interesante reflexión porque muchas personas están viendo a Colombia como un ejemplo para México.


Un Relato Aleccionador: Las Lecciones del Plan Colombia para la Política
Exterior Estadounidense hacia México y Otros Países

Por Lisa Haugaard y Adam Isacson

Desde 1998 hemos estado trabajando en Washington
en temas relacionados con la política exterior de
EE.UU. hacia Colombia, y a través de nuestro trabajo
hemos podido observar de cerca y participar en
debates sobre la política y programa de cooperación
de EE.UU. conocido como “Plan Colombia”. Mientras
observábamos la puesta en marcha de un nuevo
enorme paquete de ayuda antinarcóticos multianual,
la Iniciativa Mérida para México y América Central, y
defendíamos la necesidad de un enfoque que proteja
los derechos humanos, quisimos compartir algunas de
las lecciones aprendidas. Si bien hay algunas lecciones
positivas, se trata fundamentalmente de un relato
aleccionador.

—Lisa Haugaard y Adam Isacson

La Puesta en Marcha de la Iniciativa Mérida
En diciembre de 2006, Felipe Calderón inauguró su
presidencia con una virtual declaración de guerra. El
mandato electoral del nuevo Presidente de México era
débil, tras haber logrado una estrecha mayoría, con
una ventaja de menos de un punto sobre su adversario,
Andrés Manuel López Obrador. Calderón buscó
fortalecer el apoyo popular y su legitimidad mediante
una iniciativa política diseñada para hacer frente a dos
cuestiones clave para los mexicanos—la violencia ligada
al narcotráfico y la crisis, cada vez más grave, de la
seguridad pública en el país.

El tránsito de cocaína a través de México desde los
países productores andinos hasta los consumidores
estadounidenses había aumentado, y las organizaciones
criminales mexicanas se habían apoderado del lucrativo
negocio del transporte de drogas a los Estados Unidos, reemplazando a los debilitados cárteles colombianos.

La violencia entre estos grupos del crimen
organizado, así como su profunda infiltración y
corrupción de las instituciones de gobierno, estaban
alcanzando niveles de emergencia en varias regiones
del país.

La violencia vinculada al narcotráfico y al crimen
organizado acabó con la vida de más de 2,000
mexicanos en el 2006, aproximadamente el doble
del número de homicidios atribuidos al crimen
organizado tan sólo 5 años atrás. En las encuestas
de opinión, la seguridad superaba habitualmente
a la economía y la corrupción en el ranking de las
preocupaciones de los mexicanos. El impacto de
la violencia asociada a las drogas y a las pandillas
en la vida de las personas, y la probabilidad de ser
extorsionado o secuestrado por grupos criminales
buscando diversificar sus actividades más allá del
narcotráfico, aumentaban rápidamente.

El Presidente Calderón anunció que su
administración recurriría a las fuerzas armadas
mexicanas para luchar contra las redes criminales
del país. Este rol en la seguridad interior había
sido asignado a los militares mexicanos varias
décadas atrás, pero el alcance de su participación
nunca había sido tan amplio como proponía el
nuevo presidente. Reconociendo que el poder de
fuego de las fuerzas policiales federales, estatales y
locales de México se había visto superado, y que la
corrupción y falta de entrenamiento y equipamiento
adecuados de las mismas, además de su
incapacidad de llevar a cabo operaciones complejas,
entorpecían su capacidad de acción, el gobierno de
Calderón desplegó hasta 45,000 tropas federales,
complementadas con efectivos de la policía federal, en las calles de las ciudades de las regiones más
afectadas por la violencia vinculada al narcotráfico.
Esto constituyó una drástica expansión del
despliegue militar iniciado con el Operativo México
Seguro, impulsado por el predecesor de Calderón,
Vicente Fox.

En Washington, la administración Bush aplaudió el
esfuerzo del Presidente Calderón. A fines del 2007,
los gobiernos de México y EE.UU. habían acordado
un paquete de ayuda a tres años por valor de
$1.4 mil millones de dólares, del cual tres cuartas
partes estaban destinadas a las fuerzas militares
y policiales mexicanas. El paquete se denominó
“Iniciativa Mérida”, en referencia a la ciudad del sur
de México en la que ambos presidentes se reunieron
en marzo de 2007 para profundizar su compromiso
con la cooperación antinarcóticos. Debido a la
histórica susceptibilidad acerca de la soberanía,
y la desconfianza generada por la intervención
de EE.UU. en México, las administraciones de
Calderón y Bush tuvieron cuidado de presentar este
paquete no como una intromisión de EE.UU. en los
asuntos de México, sino como un reconocimiento
de la co-responsabilidad de los Estados Unidos y un
pedido de mayor cooperación, iniciado por México,
en un asunto preocupante para ambos países.
Sin embargo, inicialmente los medios de
comunicación estadounidenses y mexicanos
denominaron al paquete “Plan México”, en
referencia al paquete de ayuda destinado a
Colombia en el año 2000 como parte de la
estrategia antinarcóticos denominada “Plan
Colombia”, la cual sirvió de marco para el
desembolso de $8 mil millones de dólares,
principalmente en cooperación militar-policial, a
dicho país a lo largo de la siguiente década. El
Plan Colombia ha generado polémica a raíz de
sus resultados mixtos y los graves abusos a los
derechos humanos cometidos por las fuerzas de
seguridad colombianas, beneficiarias de la ayuda de
EE.UU. Con otro paquete de ayuda marcadamente
militar en camino a México, la experiencia del Plan
Colombia estaba a punto de repetirse.

Ciertamente, tanto la administración de Calderón
como la de Bush pueden haber tenido a Colombia
en mente. Sin duda, el presidente mexicano era
consciente de los resultados obtenidos por el
Presidente de Colombia, Álvaro Uribe—tanto en
el campo de batalla como en las urnas—mediante
la ofensiva militar que lanzó contra los grupos
guerrilleros tras su elección en el 2002. No
obstante, el gobierno mexicano, así como los grupos
de la sociedad civil, sospechaban de un nombre
que sugería la intervención directa de EE.UU. en los
asuntos de México. Mientras tanto, en Washington
muchos funcionarios y analistas caracterizaban
el Plan Colombia como un “éxito” que debía ser
replicado en la política exterior estadounidense
hacia México.

Casi cuatro años después de la puesta en marcha
de la “Iniciativa Mérida”, no se han obtenido
mejoras significativas en materia de seguridad
pública. En lugar de frenar la violencia, la captura o
muerte de docenas de capos del crimen organizado
la ha generalizado. Los grupos del crimen
organizado, cuyo número se ha expandido de
aproximadamente seis confederaciones nacionales
a las doce existentes en la actualidad, se han
enfrentado al Estado, y entre ellos, en una guerra
de todos contra todos. La eliminación de los capos
de los cárteles ha provocado la fragmentación de
los grupos, desencadenando nuevas luchas por el
poder que han multiplicado la violencia.
Desde que Calderón lanzó la ofensiva contra
los cárteles en diciembre de 2006, la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado
ha acabado con la vida de unas 40,000 personas
en México. El crimen organizado ha diversificados
sus actividades lucrativas ilegales. La extorsión
de pequeñas y grandes empresas ha aumentado
dramáticamente, y esto ha llevado a muchas de
ellas a cerrar sus puertas o, en ciudades como
Ciudad Juárez, a huir. Los secuestros extorsivos
se han disparado. Los cárteles han tomado el
control del tráfico de personas en numerosas
zonas fronterizas y rutas de tránsito de migrantes,
secuestrando, extorsionando y asesinando a
decenas de miles de migrantes, muchos de
ellos provenientes de América Central. Las
rutas de acceso a la frontera con EE.UU. se han
transformado en lugares notoriamente peligrosos, y
los grupos criminales ahora pujan por el control de
ciudades cada vez más alejadas de la frontera.

Mientras tanto, el Ejército es objeto de un
creciente número de denuncias por abusos a los
derechos humanos. La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de
4,772 denuncias por abusos relacionados con los
derechos humanos cometidos por militares entre
diciembre de 2006, cuando Calderón asumió la
presidencia, y marzo de 2011. Estas violaciones—
que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y
asesinatos ilegales—representan un incremento de
aproximadamente el 1000 por ciento en el número
de supuestos abusos cometidos durante los tres
primeros años de la administración del Presidente
Calderón. Además, la impunidad por los abusos
cometidos por las fuerzas de seguridad, ya sean
militares o policiales, es la norma. Según datos
oficiales, tan sólo una violación a los derechos
humanos cometida por un militar durante este
periodo resultó en una condena; es el caso de un
soldado que fue declarado culpable de matar a
un civil que no se detuvo en un puesto de control
militar y fue sentenciado Para el 2011, el enfoque de la guerra contra el
narcotráfico de Calderón se había tornado impopular
en México, a medida que aumentaban la brutal
violencia y los abusos de las fuerzas de seguridad
contra las comunidades del centro y la región
fronteriza del norte de México sin que ello llevara a
una mejora de la seguridad ciudadana. La creciente
frustración de los mexicanos se veía reflejada en
las encuestas de opinión, que mostraban que el 49
por ciento de ellos sentían que los esfuerzos del
gobierno para combatir al crimen organizado habían
fracasado. A mediados del 2011, el asesinato de
siete jóvenes en Cuernavaca, Morelos, entre ellos
el hijo del célebre poeta y autor mexicano Javier
Sicilia, provocó una serie de movilizaciones masivas.
Cuando supo que su hijo de 24 años había sido
asesinado, Sicilia llamó a todo el país a manifestarse
en una conmovedora carta abierta a los “políticos y
criminales” de México, afirmando que “saldremos a
la calle; porque no queremos un muchacho más, un
hijo nuestro, asesinado.”

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