Por la educación en México

, por robot

Al pueblo de México

Al Congreso de la Unión

A los medios de comunicación

I

Las universidades públicas se han visto seriamente afectadas por un sistemático desinterés del Gobierno Federal que se refleja en la paupérrima asignación presupuestal a la educación que nos coloca por debajo de países como Túnez, Barbados y Marruecos que destinan a este rubro 7.2, 6.9 y 5.7% de su PIB, respectivamente, mientras nuestro país difícilmente alcanza el 4.8% [1].

No obstante que el ordenamiento constitucional señala en la fracción V del artículo 3 que corresponde al Estado promover y atender todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, que apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, en los hechos, el déficit en la cobertura educativa, la orientación de la investigación a la resolución de las necesidades del capital privado, la dependencia tecnológica y la limitada producción de conocimiento, son la expresión material de la flagrante violación a estos preceptos.

Además, la educación que imparte el Estado tiene como objetivo fundamental desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; sin embargo, los permanentes déficits presupuestales que padecen las instituciones de educación superior a partir de la asignación presupuestal por rendimiento, han abierto las puertas al capital privado que, a cambio de otorgar “donaciones”, se arroga la facultad de participar en la construcción de planes y programas de estudio que, en un abierto proceso de tecnificación, rompe con la educación científica, crítica, reflexiva y humanística, lo que conlleva a la fragmentación del futuro profesionista y a la deshumanización del sujeto integral. En este orden de ideas, en la medida en que la inversión privada crece en las universidades públicas modificando abiertamente el modelo educativo, genera la alteración del funcionamiento sustancial de la estructura universitaria desplazando su función social hacia la mercantilización de sus servicios minando su carácter gratuito y público.

Bajo esta lógica, el hecho de que la asignación presupuestal sea insuficiente para solventar las necesidades de las instituciones de educación superior deviene en la paulatina privatización de las universidades públicas.

Considerando lo anterior, es indispensable aumentar sustancialmente la partida presupuestal asignada a la educación superior como única vía para preservar su carácter público frente a la voracidad empresarial y su necesidad de generar y desarrollar nuevos mercados con la expectativa de paliar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

II

Aunado a esto, la crisis del sistema capitalista y su expresión política ha generado un proceso de descomposición social caracterizado por la miseria, la intensificación de la explotación, el desempleo, la hambruna, la pulverización de la seguridad social…; es decir, por la imposibilidad de vivir dignamente.

Esta situación ha condenado a millones de jóvenes a la prostitución, a la drogadicción, a robustecer las filas del narcotráfico, a la migración, al abandono, a la explotación y a la miseria en todas sus manifestaciones. Incluso las cifras oficiales dan muestra de la gravedad del asunto: de acuerdo al INEGI, 7 millones 583 mil jóvenes no estudian ni trabajan, lo que representa el 25% de ese sector.

Acorde al discurso hegemónico, “la juventud es la palanca que posibilita el desarrollo de la nación”, pero ni siquiera en su dicho, este régimen muestra congruencia, pues la asignación presupuestaria a la educación, de la que prioritariamente debiera beneficiarse este sector, no logra abatir la precariedad en que se desarrollan.

De mantener la actual política presupuestal, el Congreso de la Unión continuará avalando las ignominiosas condiciones en que ha sido sumergida la educación superior, prolongando su complicidad con los grupos de interés que superponen sus intereses facciosos a los de la nación.

Por si lo manifestado no fuese considerado argumento suficiente para incrementar sustancialmente el presupuesto a las instituciones de educación superior, incluso los organismos internacionales caracterizados por supeditar su labor a la lógica del lucro, recomiendan una asignación mínima del 8% del Producto Interno Bruto para el rubro.

En este sentido, integrantes de las distintas comunidades universitarias, organizaciones sociales y ciudadanos a título individual, hermanados con la valerosa lucha del Dr. Edur Velasco Arregui, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, en huelga de hambre desde el 11 de octubre del presente, exigimos la asignación del 2% del Producto Interno Bruto para garantizar el desarrollo integral de las funciones sustanciales de las instituciones de educación superior en México. Para ello, en un mínimo ejercicio de compromiso con el país, demandamos realicen un recorte del 5% al gasto corriente, cuestión que es factible combatiendo el grosero derroche de recursos asignado a elementos cosméticos en detrimento de asuntos sustanciales, liberando con ello los recursos que nuestras instituciones requieren.


[1] Gasto en educación como porcentaje del PIB%, Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (210ª), Gasto total público en educación (corriente y de capital) expresado como porcentaje del PIB.