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Nebulosa - Resumen Anual 2017

Martes 23 de enero de 2018

Aquí les presentamos el resumen de noticias del año 2017. En esta ocasión redactamos 9 ejes temáticos en los cuales reflexionamos y hablamos de la tormenta, pero sobre todo de las luchas, resistencias e iniciativas sociales que se han mantenido defendiendo la vida en este país en guerra.

1. México: el año más oscuro

2017 pasará a la historia como el año en que los poderosos hicieron una apuesta sin retorno por afianzar el autoritarismo. Impulsada por la presidencia Trump que aprieta sin parar a México, la casta política saltó al vacío y busca adaptarse a los deseos del vecino del Norte sin importar las consecuencias. Así lo muestran dos temas esenciales:
Primero, en las “negociaciones” sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno de Peña Nieto ha defendido a capa y espada este acuerdo que ha afectado grave y negativamente a los trabajadores y productores del campo y la ciudad en México. En un acto de masoquismo, el gobierno mexicano suplica más libre comercio, es decir, más salarios bajos, super explotación y destrucción de los productores medianos y pequeños, así como más devastación del ambiente. Y para que no se crea que exageramos, dejamos un dato como ejemplo de lo que pasa a ambos lados de la frontera: el salario mínimo en México es de 101 dólares mensuales frente a los 1257 en Estados Unidos, es decir 12 veces menor.

Segundo, en el tema migratorio, el gobierno federal ha permitido toda suerte de agresiones contra migrantes: el país no sólo está expulsando más y más personas sino que las condiciones de la migración ilegal son cada vez más penosas y peligrosas; prueba de ello son los 359 migrantes muertos en 2017 en la frontera con Estados Unidos, cifra que representa casi 7% del total mundial de muertes de migrantes. Y peor aún, el gobierno de México ha aceptado jugar el triste papel de vigilante de los gringos, deteniendo y deportando a más de 74 mil migrantes que ingresan al país, provenientes principalmente de América Central.

Además de esta sumisión al imperio gringo, el gobierno de Peña Nieto ha puesto en marcha varias reformas legales con el fin de reforzar el control social. La más importante por su alcance es la llamada ley de seguridad interior promulgada por el presidente el 21 de diciembre. Este ordenamiento busca dar respaldo legal a la acción criminal e inconstitucional de las fuerzas armadas en funciones de policía; su principal medio de acción es subordinar las instancias civiles de gobierno a los centros de control militar, de ahí que se hable de “un golpe militar” por vía parlamentaria. Con todas las de la ley, se pretende consolidar la acción de las fuerzas armadas para imponer la disciplina social: en un país en el que capitalistas, gobernantes y la casta política ofrecen más sobre explotación, despojo y devastación ambiental, es previsible que las insurgencias también crezcan. Y frente a ello es que los poderosos preparan sus fuerzas armadas: el futuro inmediato es de represión acentuada.

Otro signo de la descomposición del régimen son la corrupción y la impunidad generalizadas. Interminable es la lista de denuncias y escándalos de corrupción y enriquecimiento de empresarios y políticos: los 10 millones de dólares que la empresa reina de la corrupción, Odebrecht, entregó a Emilio Lozoya, presuntamente para la campaña presidencial de 2012; el desvío de 250 millones de pesos de la secretaría de educación de Chihuahua para las campañas electorales del PRI, por citar sólo dos casos actuales. Otra vertiente de la corrupción son los casos de los ex-gobernadores, exaltados por la casta política durante su mandato, y prófugos tan pronto pierden el poder: tales son los casos de Eugenio Hernández, ex-gobernador de Tamaulipas y procesado por lavado de dinero; Roberto Borge Angulo, ex-gobernador de Quintana Roo, acusado por desvío de 2 mil millones de pesos de recursos públicos y procesado por lavado de dinero; Tomás Yarrington, ex-gobernador de Tamaulipas, acusado de asociación con grupos criminales, lavado de dinero y de haber participado en el asesinato de Rodolfo Torres Cantú, candidato a gobernador; y el campeón de todos, el psicópata y ladrón compulsivo Javier Duarte, ex-gobernador de Veracruz a quien se le sigue proceso judicial por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita; el saqueo realizado por este nefasto personaje no ha podido ser siquiera cuantificado, entre otras cifras se habla de pagos a empresas fantasmas por 431 millones de pesos, desvío de 253 millones de pesos sustraídos de las secretarías de Salud y Educación, así como una deuda del estado de más de 87 mil millones de pesos. Y no olvidemos las “relaciones peligrosas” de los narcogobiernos, ilustradas por las declaraciones de ex-integrantes del cártel de los zetas hechas en un tribunal de Texas, en las que se afirma que ese grupo criminal hizo pagos millonarios a las autoridades en Coahuila y Veracruz, en particular con los gobernadores Humberto y Rubén Moreira, además de financiar la campaña a gobernador de Veracruz de Fidel Herrera.

En ese marco, el escenario para 2018 puede describirse con dos palabras agudas: represión versus movilización. El año electoral abre las válvulas de seguridad del sistema político, que a través de los comicios intentará restablecer un mínimo de legitimidad; sin embargo, dada la polarización política entre la socialdemocracia encabezada por López Obrador y la decisión del PRI de mantenerse en el poder a cualquier precio, es probable que presenciemos una importante (lo electoral pienso que no tiene revueltas, a lo más que le doy son batallas o zafarranchos. Preferiría cambiar esta palabra [m]) revuelta electoral combatida con compra de votos y represión generalizada. Asimismo, la energía social acumulada por las luchas y movimientos contestatarios se expresará tanto en el terreno local y regional, buscando escalar sus expresiones convergentes, en particular en torno a la defensa de los territorios y de la vida. Las luchas sociales y gremiales deberán mantener su autonomía y beligerancia para no ser absorbidas por el espectáculo electoral: la lucha sigue!

2. La lucha por la vida se afirma contra viento y marea

Si bien el año 2017 es por mucho el año más oscuro, también ha sido uno muy peculiar en el cual la lucha por la vida se ha afirmado contra viento y marea. Fue oscuro por las cifras del horror que mes a mes vimos y escuchamos sobre las miles de personas asesinadas y desaparecidas, a quienes se sumaron una larga lista de periodistas, defensores y mujeres asesinadas en toda la geografía y los rincones más remotos del país. La guerra se intensificó en varios frentes: despojo, feminicidios, asesinato de defensores de derechos humanos y del territorio, allanamiento de moradas, desaparecidos y fuertes operativos militares contra las movilizaciones sociales.

El Estado de Guerrero pasó a figurar como una de las entidades donde la guerra desató con más fuerza la brutalidad de policías, militares y sicarios de las bandas del narcotráfico contra la población. El estado de Mexico le siguió con los altos índices de homicidios dolosos y los aún más trágicos y dolorosos feminicidios en varios municipios de la entidad, así como en la Ciudad Monstruo, y que mediante la lucha férrea de las familias de mujeres violentadas y asesinadas se ha logrado evidenciar y atacar a un sistema de leyes y prácticas que da amplio margen de acción a los feminicidas.
Ya a principios de año las cuentas del horror eran alarmantes.

Una investigación realizada por el Semanario Zeta, “la violencia y las muertes vinculadas a la impunidad del narcotráfico en el México gobernado por Enrique Peña Nieto, había roto sus propios records”. Para muestra de esto, tan solo el mes de enero del 2017 fueron reportados 3 mil 7 personas asesinadas. Y a esto se suman las formas cómo las personas eran y son asesinadas. Basta echar un vistazo a lo que ha ocurrido en Guerrero o el Estado de México para saber que la brutalidad se ha vuelto la norma. Durante enero de dicho año, la mayoría de las personas asesinadas mostraba signos de tortura, sumado al desmembramiento, las personas degolladas, mujeres metidas en bolsas de plástico u hombres colgados de los puentes, para mostrar que la violencia en México ha llegado un nivel escalofriante. Esas impresiones se fueron confirmando a lo largo del año. Para octubre ya se decía que 2017 era por mucho “el peor” año materia de violencia e inseguridad en la historia reciente del país. Según el Semáforo Delictivo, entre enero y septiembre del 2017 se habían cometido 18 mil 505 homicidios dolosos y 13 mil 513 ejecuciones a manos del crimen organizado.

Oscuro también en cuanto a las agresiones a periodistas. Tan solo entre marzo y mayo de 2017 se registraron los asesinatos de los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui y el de la periodista Miroslava Breach, así como las agresiones al periodista Julio Omar Gómez y Armando Arrieta Granados y el asesinato en mayo del periodista Javier Valdez.
En este contexto, la violencia policiaca, militar y de narcos se expandió como fuego en la pradera rápidamente. El cinco de abril de 2017 varios contingentes de policías y militares masacraron y reprimieron violentamente a comuneros del pueblo purépecha de Arantepacua. El saldo de la incursión de las fuerzas armadas y de seguridad pública fue de decenas de heridos, cateos a los domicilios aun incuantificable, el terror sembrado a la población, violaciones graves a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas, además de la muerte de los comuneros Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre y Luis Gustavo Hernández Cohenete. Pero hacer tan solo un recuento de asesinatos, feminicidios, agresiones y represión corre el riesgo de quedarse en el lamento y las exigencias de verdad y justicia. Por el contrario, hace falta, por una parte, entender el rostro de la guerra que vive el país y el completo descontrol en el que se encuentra: en su mayoría fraccionado entre varios grupos criminales de dentro y fuera de las instituciones. Por otra parte mencionar aquellos procesos de lucha de quienes defienden la vida a capa y espada en este país en guerra.

En enero de 2017, hubo quienes sugirieron que se avecinaba una fuerte tormenta, entre ellos Marco Antonio Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), quien denunció en su momento la existencia de cerca de 80 órdenes de aprehensión contra quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico, incluyéndolo a él y a su hermano, quienes corrían el riesgo latente “minuto a minuto, no solamente de ser encarcelados, sino de ser desaparecidos o asesinados” por elementos policiacos, del ejército o bien por los grupos de narcos.

También por aquellos días, en enero de 2017, varios organismos de derechos humanos de México y el mundo comenzaron a denunciar las graves consecuencias que tendría la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que, para entonces, ta se discutía en el Congreso para regularizar las funciones del Ejercito para que pueda asumir tareas de seguridad pública, es decir, que el ejercito pueda estar en las calles actuando contra la población, experiencia que en cierta forma ya hemos vivido desde hace 10 años en que la guerra contra el narco sacó al ejercito a las calles aumentando la persecución social, generando múltiples irregularidades y en una acción que en ningún momento significó mayor seguridad. Durante la visita de Michael Forst, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, dibujó un panorama bastante trágico del que no se equivocaba: aumento de la criminalización y las agresiones de los defensores de derechos humanos y periodistas, perpetradas en su mayoría por policías de los tren niveles de gobierno, fuerzas armadas y empresas privadas.

Paralelamente a las discusiones en el congreso sobre la Ley de Seguridad Interior, en el Estado de México también fue aprobada una ley de seguridad con la cual se pretendía legalizar el uso desproporcionado de la fuerza pública y de armas letales contra la movilización social. En la sesión ordinaria del 23 de marzo, los ilustres magistrados de la Suprema Corte de Justicia aprobaron que las autoridades pudieran hacer uso de la fuerza pública para controlar disturbios y restablecer el orden y la paz sociales en el Estado de México.

Basta recordar que 2017 inició con importantes insurrecciones populares contra el alza al precio de los combustibles en varias partes del país. El primero de enero de 2017 inició una campaña nacional de desobediencia civil para no comprar gasolina los tres primero días del año. Entre el 1 y el 10 de enero se realizaron diversas manifestaciones en diversas partes del país repudiando dicha medida.

A mediados de enero de 2017, los habitantes de Mexicalli en el norteño estado de Baja California salieron a las calles para mostrar su rechazo a la privatización del agua y exigir la anulación de la Ley de Agua de Baja California impulsada por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, con la cual se buscaba aumentar entre 20 y 30 por cierto la tarifa. Durante algunos días, los manifestantes mantuvieron un plantón permanente a las afueras el palacio de gobierno del estado. El día 16 de enero la policía intentó despojarlo, pero ese hecho detonó una intensa movilización social que se concentró en el palacio de gobierno. La mañana siguiente, el 17 de enero de 2017, gracias la movilización social la ley que intentaba privatizar el agua fue anulada, pero el plantón no fue retirado, la siguiente exigencia del pliego petitorio pedía la renuncia del gobernador… Días más tarde, el 22 de enero, una gran movilización en la que se reunieron cerca de 20 mil personas tomaron la Plaza Cívica de Mexicalli y exigieron la renuncia de Peña Nieto y del gobernador del estado.

Uno de los días en los que se afirmó la lucha por la vida contra viento y marea fue el martes 21 de febrero. Ese día, tal vez pase a la historia de este país, pero aquí lo recordamos en especial porque ese día tres mujeres hñahñú se “chingaron” al Estado Mexicano. Ese día y luego de 11 años de falsas acusaciones que sostuvo la PGR contra las compañeras Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan por venta de droga y el secuestro de 6 agente de la antigua Agencia Federal de Investigación, la PGR tuvo que desistir de la acusación y se vio obligada a ofrecer una disculpa pública a las 3 compañeras hñahñú. Durante el evento, realizado en Museo de Antropología e Historia de la ciudad monstruo, Teresa González recordó las acusaciones de las que fue objeto y el sufrimiento de su familia por no tener los medios para defenderla. Por su parte, Alberta Alcántara recordó los días de prisión y pidió que nadie se queda callado frente a los actos de injusticia y expresó al procurador que esa disculpa no fuera la última “porque hay muchos presos injustamente”. Jacinta Francisco recordó cómo fue detenida, el tiempo en prisión, la muestre de uno de sus hijos y las constantes injusticias sufridas durante el proceso. Aunque la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia no les devolverá el tiempo perdido en la cárcel, ni a los seres queridos muertos durante el encierro, tampoco la tranquilidad, ese martes las compas hñahñu dejaron claro que hace falta un largo caminar hasta que la “dignidad se haga costumbre”, mientras tanto ese día se chingaron al Estado.

En marzo, también dio inicio la Caravana de Jornaleros y Jornaleras de San Quintín, la cual recorrió 9 estados de la república mexicana para visibilizar su lucha junto con organizaciones sociales, campesinas y sindicales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo.

A finales del mes y para ser precisos el jueves 23 de marzo la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal dio a conocer, a través de una conferencia de prensa, el inicio de la campaña “Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza, en las oficinas del Frayba en San Cristobal de las Casas. En palabras de María Vázquez, sobreviviente de la masacre, la campaña fue iniciada para hablar de la masacre de Acteal, ocurrida hace 20 años, para exigir justicia para las mujeres y niños asesinados por los paramilitares el 22 de diciembre de 1997.
El 10 de abril de 2017 al cumplirse 98 años del asesinato de Emiliano Zapata los pueblos originarios, comunidades campesinas, barrios, colectivos y organizaciones que integraban la Campaña en Defensa de la Madre Tierra dieron por concluida dicha iniciativa. Cabe recordar que la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra, la vida y el territorio tuvo como objetivo difundir las luchas e historias de defensa de la tierra, la vida y el territorio. En mayo, también fue un mes con buenas noticias y mucha lucha. Primero, el 15 de mayo el juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla otorgó la protección a cuatro pueblos de origen nahua del municipio de Atlixco y ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada sobre la construcción del Gasoducto Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl. La espera de la sentencia duró 3 años y 4 meses, durante los cuales los pueblos mantuvieron resistiendo a través del emprendimiento de acciones legales para echar atrás el Gasoducto Morelos.

Después, el 20 de mayo, miles de trabajadores de Grupo Walmart México realizaron paros laborales en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán como protesta contra el “raquítico pago de utilidades” que pretendía entregarles la empresa multimillonaria. Aunque los trabajadores y trabajadoras que cerraron los negocios pertenecientes a la trasnacional comentaron que “sus condiciones laborales no son óptimas y los salarios son muy bajos comparados con el costo de vida en el estado”, la gota que derramó el vaso fue que la empresa repartió unas miserables utilidades, que para muchos trabajadores fue de 330 pesos.

La noche del 7 de julio nos enteramos con alegría saber que después de 19 años secuestrados por el Estado en prisión, obtuvieron su libertad los compañeros Alvaro Sebastián Ramírez y Abraham García Ramírez, indígenas zapotecos loxichas. Cabe recordar también que los compañeros no solamente fueron encarcelados con falsas acusaciones, sino que fueron víctimas de tortura por parte de los agentes policiales para declararse culpables. Hoy, luego de 19 años de encierro, saludamos a los compas Álvaro y Abraham y junto con ellos decimos y exigimos: Presos Políticos Libertad! Y en el norte del país se reactivó la lucha por el agua. El 13 de julio, integrantes de Mexicali Resiste bloquearon la carretera Mexicali-San Felipe para exigir la cancelación de una planta cervecera en El Valle de Mexicali, que pretendía construir la empresa estadounidense Constellation Brands. Con el bloqueo, los integrantes de Mexicali Resiste, también impidieron que fueran trasladados hacia la obra seis enormes tanques para cerveza. Además bloquearon un camino de terracería, donde trabajadores de la trasnacional instalaron de manera ilegal un artefacto para extraer el líquido y construir la planta.

Para agosto de 2017 y acorde a los tiempos que se vivían, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan decidió hacer un festejo por su 23 aniversario lleno de reflexiones y análisis sobre la realidad que vive el país. Uno de los foros que se llevó a cabo se llamó “Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, en el cual participaron integrantes de organismos y centros de derechos humanos y familiares víctimas y se habló de la desaparición forzada y obre la Ley General de Desaparición Forzada en México. Del foro, dio como resultado un pronunciamiento firmado por centros de derechos humanos familiares de víctimas de desaparición, en el que exigieron la pronta “aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por particulares”, pues en dicha ley se hayan las contribuciones de los familiares de las víctimas. También refrendaron “la apuesta por la unidad y la articulación desde abajo, por la exigencia de la búsqueda en vida de sus seres amados y el fin de las complicidades, la negligencia y la insensibilidad de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, quienes además discriminan y revictimizan a las familias.”

El 14 de diciembre y luego de 4 años encarcelado, Arturo Campos, integrante de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC) obtuvo su libertad al abandonar las instalaciones del Centro de readaptación social (Cereso) de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero. Arturo estuvo preso desde el 1 de diciembre de 2013, cuando fue detenido por Policías Ministeriales en la ciudad de Chilpancingo acusado de secuestro. La libertad de Arturo Campos, evidencia que se le detuvo sin que hubiera elementos suficientes para sostener la acusación por la cual se le mantuvo preso y, sobre todo, muestra que la Procuraduría del estado utilizó falsas acusaciones para criminalizar los derechos de los pueblos originarios y para silenciar la protesta social, utilizando el sistema de justicia contra los líderes indígenas.

La segunda mitad del año 2017 se la tragó la oscuridad. Las masivas movilizaciones sociales con las que inició el año poco a poco se fueron apagando, los movimientos quedaron retraídos en sus espacios para resistir lo que quedaba del año. En diciembre, sin mayor problema y con un mínimo rechazo social fue aprobada la Ley de Seguridad Interior. Aunque numerosos organismos de derechos humanos, algunos intelectuales y artistas y no pocos colectivos y colectivas realizaron algunas movilizaciones para frenar la iniciativa, la aplanadora gubernamental ya había aplastado cualquier posibilidad de movilización y rechazo meses atrás con todo un arsenal represivo y la propaganda de guerra.

El 2018 inició con represión hacia las organizaciones y movimientos sociales, así como el asesinato de muchos de sus miembros, como ha ocurrido en Chiapas con la detención de varios integrantes de las abejas de Acteal y días más tarde, la brutal represión que desplegó el gobierno de Héctor Astullido contra los opositores a la Presa La Parota y la CRAC-PC en la comunidad de La Concepción, Guerrero con un saldo de 5 asesinados y 30 detenidos. Estas imágenes fueron parte de lo que vimos a lo largo del año en Michoacán contra normalistas y pueblos indígenas, en Tlaxcala contra normalistas, secuestros de comunitarios en Ostula, los desplazamientos forzados en Chiapas, asesinatos, desapariciones y feminicidios, y parece que esas imágenes seguirán siendo continuas. Por ahora, y como hemos visto desde mediados del 2017, la energía social de las luchas y movimientos seguirá concentrada en las localidades y regiones resistiendo la tormenta e impulsando en esos mismos espacios la defensa de los territorios y de la vida. Aun así, desde los rincones más precisos de este país en guerra la lucha sigue!

3. La lucha contra las violencias machistas en México

2017 fue un periodo particularmente doloroso en materia de violencia contra las mujeres. Durante el quinto año de gobierno de la bestia del copete (Peña Nieto) México se convirtió en un país más peligroso para la vida de las mujeres con un incremento de 152% en la incidencia de homicidios violentos contra ellas, según datos del INEGI presentados en octubre. La Ciudad Monstruo y los estados de México, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala son las localidades que presentaron el mayor número de estos crímenes, superando el indignante número de 2746 del conteo de 2016.

Tan sólo en enero de 2017 se registraron 17 feminicidios en Ecatepec, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl, pero la barbarie machista y criminal no paró ahí. Con el transcurrir de los meses nos enteramos con azoro cómo se incrementó en el Estado de México el número de casos cada vez más atroces, llegando en diciembre a 250, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Estos crímenes se han extendido a los municipios de Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. A la cuenta del terror le siguió Acapulco, que se convirtió en la ciudad más peligrosa para las mujeres con un registro de 144 feminicidios; en Puebla se contabilizaron 95; en Sinaloa 84; en Oaxaca 51, tan sólo durante los primeros seis meses de gobierno de Alejandro Murat; en Morelos 46, hasta agosto; en Hidalgo 43, hasta octubre; mientras que en Ciudad Monstruo, hacia finales de noviembre, se documentaron 29 casos.

Otra faceta del terror machista es la desaparición de mujeres como una de las formas que el patriarcado criminal tiene para amedrentar y controlar las vidas y los cuerpos femeninos. Un ejemplo es lo que ocurre en el Estado de México: pese a que desde 2015 la SEGOB emitió la Alerta de Violencia de Género en dicha entidad, el nido del cártel de Atlacumulco sigue siendo la localidad con el mayor número de desaparecidas: 1877 en los últimos 11 años. A esa entidad le sigue Tamaulipas con 1261, mientras que en Puebla se contabilizaron 822 casos en los últimos 7 años. Las jóvenes víctimas de secuestro, violación, trata u homicidio suelen ser migrantes o trabajadoras de escasos recursos. En total, de enero a junio de 2017, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en cinco estados del país (Estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato y la Ciudad de México) se contabilizaron 3 mil 174 mujeres desaparecidas. Más de la mitad de las víctimas son adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años de edad.

Gran parte de la responsabilidad por la situación de descomposición social y violencia machista que prevalece en México la tiene el Estado criminal que ampara a los homicidas y favorece la impunidad. Así lo han señalado diversas organizaciones sociales, quienes denuncian que menos de 49% de los asesinatos de mujeres se investigan en México como feminicidios y se desconoce cuántos de los casos denunciados proceden penalmente. El Estado también re-victimiza a las mujeres violentadas y a sus familiares al negarles atención oportuna u hostigarlas por su búsqueda de justicia, desaparecer administrativamente a las víctimas y promover la corrupción y la impunidad para evitar que los culpables paguen por sus crímenes. Así lo demostraron las indignantes resoluciones del juez Anuar González Hemadi, quien, en marzo de 2017, desechó las pruebas sobre la violación contra la menor Daphne Fernández, cometida por tres juniors veracruzanos, mejor conocidos como “Los Porkis”; o las agresiones e intimidaciones contra la señora Irinea Buendía y su familia, denunciadas en agosto, las cuales forman parte de la criminalización y persecución de las que son objeto por no cesar en su lucha para que el caso de la joven Mariana Lima Buendía, tipificado como suicidio en 2010, fuese reabierto para ser investigado como feminicidio.

La amarga realidad que representa la violencia machista nos sacudió en repetidas ocasiones durante 2017. Primero fue la desaparición de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien salió a trabajar el 29 de abril y desde entonces no ha vuelto al lado de su familia.

Luego fue la incredulidad y la desazón cuando el cuerpo de Lesvy Berlín Osorio, de 22 años, fue encontrado en una caseta telefónica de Ciudad Universitaria, la mañana del 3 de mayo. La Procuraduría General de Justicia de Ciudad Monstruo inició la investigación estigmatizando, criminalizando y revictimizando a Lesvy al declarar que la joven se suicidó. Sin embargo, después de cinco meses de arduas jornadas de lucha que incluyeron manifestaciones frente a la PGJ y la Rectoría de la UNAM, marchas, foros y conversatorios donde la compañera Araceli Osorio, madre de Lesvy, no cesó en señalar las contradicciones y vejaciones padecidas en el proceso judicial, en octubre de 2017 la procuraduría tuvo que recular para reconocer la muerte de Lesvy como feminicidio agravado y proceder con perspectiva de género en las investigaciones, además de actuar penalmente contra Jorge Luis González Hernández, quien fuera su pareja sentimental y que hasta entonces había sido protegido por las autoridades judiciales y universitarias.

Otro caso que nos estremeció fue el de Miriam Elizabeth Rodríguez, fundadora del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, ultimada el 10 de mayo en su casa, luego de la fuga de los asesinos de su hija, Karen Alejandra, quien fue encontrada en una fosa clandestina en Tamaulipas, en 2014, después de dos años de haber sido desaparecida por una célula de los Zetas. Este asesinato se suma a lista de crímenes cometidos contra madres y familiares que, en la búsqueda de sus hijxs desaparecidxs o en la lucha por justicia por sus asesinadxs, son víctimas de las redes delincuenciales y gubernamentales que permiten, fomentan y lucran con la muerte y la violencia.
El 15 septiembre en Puebla, el feminicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla, secuestrada y asesinada por un conductor de taxi de la empresa Cabify, sacudió las conciencias de quienes no querían creer que, durante el gobierno de Moreno Valle, el corredor Puebla-Tlaxcala se ha convertido en un punto rojo en el mapa de la impunidad por ser el trayecto predilecto para la trata de mujeres en el centro del país, lo cual ha incidido en un aumento alarmante de las desapariciones y los feminicidios.
Y cuando pensábamos que las cosas no podían estar peor, el 9 de octubre se encontró el cuerpo de Anayetzin Damaris Fragoso, de dos meses de embarazo y con 16 puñaladas en el estómago, dentro del clóset de su novio, Omar Octavio Arreola Quintela, en la colonia Lindavista. Omar fue detenido el 16 de noviembre y es uno de los pocos asesinos vinculado a proceso acusado de feminicidio.

Estos son sólo algunos de los cientos de casos ocurridos en la escalada de violencia machista que caracterizó el 2017, casos que, por más impactantes que sean las cifras, nos obligan a recordar que ellas no son sólo números, son vidas con proyectos y sueños que fueron truncados, por lo que tenemos que seguir nombrándolas, visibilizándolas y exigiendo justicia para que ”#Ni una más” vuelva a ser violentada, desaparecida o asesinada.

Pero en este recuento anual no sólo queremos recuperar la información de la tragedia que nos embarga, sino, sobre todo, deseamos reconocer los esfuerzos que miles de mujeres y hombres realizaron a lo largo de 2017 para luchar contra las violencias machistas en sus distintas expresiones sociales y del Estado.

“¡Ni una menos!” y “¡Vivas, seguras y sin miedo nos queremos!”, fueron dos de las consignas que se escucharon durante las múltiples manifestaciones realizadas. El 21 de enero se convocó a una concentración en el Ángel de la Independencia como parte de las actividades paralelas a la Marcha de un Millón de Mujeres en Washington, en protesta por las posiciones racistas y misóginas del macho burgués que asumió, el mismo mes, la presidencia de los Estados Unidos (Trump).

El 8 de marzo se realizó en Ciudad Monstruo la primera marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que logró la concentración de más de 10 mil personas, entre las que se encontraban estudiantes, indígenas, mujeres migrantes, trabajadoras de la salud, mujeres anarquistas y libertarias, abuelas, mujeres de la comunidad LGTB, madres de desaparecidxs y maestras de la CNTE. Las Madres de Ayotzinapa encabezaron dignamente la marcha y fueron acompañadas por diversas organizaciones como Pan y Rosas, el Chanti Ollin, mujeres del Congreso Nacional Indígena, trabajadoras de la Sexta, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), el Movimiento al Socialismo (MAS), el Movimiento de Trabajadores por el Socialismo (MTS), la Organización Nacional por el Poder Popular (ONPP), la Organización Popular Francisco Villa Independiente (OPFVI), así como diversas colectivas feministas y luchadoras sociales de la capital y del Estado de México.

Durante el mes contra las violencias machistas, y a lo largo de 2017 en diversos momentos críticos, miles de mujeres se pronunciaron por medio de las redes sociales e hicieron virales los hashtags: #VivasnosQueremos, #MujeresEnHuelga, #NosotrasParamos, #NiunaMenos y #Simematan, a través de los cuales compartieron sus experiencias de acoso y violencia machista, llamando a todas y todos a la reflexión y la toma de conciencia sobre la importante tarea que tenemos para terminar con el patriarcado que afecta a las personas de todos los géneros.

El 11 de marzo se reunieron en la explanada de Bellas Artes mujeres de la Sexta, Grietas en el Muro, Los de la Peste, Los Zurdos, Redmyc Zapatista, Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR) y el colectivo Tlakopan para llevar a cabo un acto político-cultural en conmemoración del Día Internacional de la Mujer que Lucha. Sin embargo, los granaderos de Mancerita el Breve impidieron la realización del evento, violentando a las compañeras y compañeros, demostrando así que la disque campaña “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, en Ciudad Monstruo, es sólo un discurso propagandístico que se usa para ganar votos en las elecciones.

A partir de mayo, el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio generó una gran indignación que se expresó en diversas movilizaciones de protesta y apoyo a su familia en la búsqueda de justicia. Muy importante fue el llamado a una marcha el 5 de mayo, tan sólo un día y medio después de haber sido encontrado su cuerpo en Ciudad Universitaria. En la explanada de la Rectoría se realizó un mitin donde escuchamos la palabra de la compañera Araceli Osorio, quien a partir de entonces ha convocado y encabezado otras manifestaciones, como la concentración del 10 de julio frente al Tribunal Superior de Justicia, para repudiar la versión de la PGJ sobre el caso; o el mitin frente a Rectoría del 3 de agosto, donde se denunciaron las irregularidades en las que han incurrido las autoridades durante el proceso judicial. En ese contexto se realizaron diversos encuentros de reflexión, como los conversatorios del 23 de agosto: “Sobre violencia de género e inseguridad en la UNAM”, y el del 7 de septiembre: “Nuestra lucha es por la vida: Memoria y Justicia para Lesvy”, donde se compartieron informaciones acerca de la actual situación de violencia feminicida en México y se denunció la actuación de las autoridades que protegen al asesino de nuestra compañera.

Y pese al panorama aciago que se vive en la entidad, el Estado de México también encabezó las movilizaciones de protesta convocadas por colectivas feministas y madres de asesinadas y desaparecidas. El mes de julio se formó, en Nezahualcóyotl, la Asamblea Vecinal #NosQueremosVivasNeza con el objetivo de generar vínculos de solidaridad y redes de acción para visibilizar los feminicidios y coordinar acciones de urgencia frente a la desaparición de mujeres. El 12 de agosto se realizó una marcha de la glorieta del “Coyote” al palacio municipal de Nezahualcóyotl, bajo la consigna “Por una vida digna y libre de violencia hacia las mujeres”.

En Puebla, los días 16 y 17 de septiembre fueron de lucha y de protesta por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla. Frente al bar donde la estudiante pasó los últimos momentos con sus amigos antes de ser secuestrada, las y los manifestantes hicieron una fila portando veladoras y pancartas para exigir alto a los feminicidios en Puebla. Como parte las acciones en repudio a este crimen también se llevaron a cabo movilizaciones en Ciudad Monstruo, León-Guanajuato, Xalapa y Guadalajara, donde cientos de personas marcharon por las calles portando mantas y carteles en los que exclamaban: “Si nada cambia la próxima podría ser yo”, “Feminicidios, Emergencia Nacional” y “Hoy venimos a gritar Justicia, nos queremos vivas”, “No somos todas, nos faltan muchas mujeres”.

El Día de Muertos adquirió una connotación de denuncia e indignación con la “Marcha de las Catrinas”, la cual se llevó a cabo el primer día de noviembre en Ciudad Monstruo. La procesión de “mujeres calavera” tuvo como objetivo denunciar la violencia feminicida en México y exigir la implementación de la Alerta de Género en todo el país. La marcha terminó en el Hemiciclo a Juárez, donde fue instalada una ofrenda dedicada a todas las víctimas de feminicidio. Mientras tanto, el mismo día en Colima, diversas colectivas feministas se manifestaron en las inmediaciones de la Feria de Todos los Santos, para denunciar la ineficacia del gobierno de Ignacio Peralta en la prevención de la violencia contra las mujeres y el castigo a los culpables de feminicidios.

El 25 de noviembre se realizaron dos marchas y una performance en el Estado de México, en los municipios de Ecatepec y Chimalhuacán, además de una manifestación en Ciudad Monstruo, para repudiar el incremento de feminicidios y desapariciones, como parte de las acciones del Día Internacional en Contra de la Violencia hacia la Mujeres.
Por último, queremos hacer un reconocimiento especial a las decididas mujeres que este año se chingaron al estado mexicano gracias a su tenacidad por llevarlo al banquillo de los acusados para ser juzgado como criminal y misógino. El 21 de febrero nos estremecimos con los testimonios de Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, quienes narraron las vejaciones, la violación de sus derechos, la violencia y la discriminación que vivieron durante el proceso judicial y el periodo de encarcelamiento injusto que padecieron por haber sido acusadas de vender drogas y “secuestrar” a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). En el evento convocado para que la Procuraduría General de la República les ofreciera una disculpa pública por las injusticias vividas, las tres mujeres dieron cuenta de cómo en México se re-victimiza a las más vulnerables por su triple condición de marginalidad al ser mujeres, pobres e indígenas. Por esa razón, la persistencia en la búsqueda de justicia de todas y todos quienes apoyaron la causa de Teresa, Jacinta y Alberta nos deja una lección de dignidad, evidenciada en el discurso de Estela Hernández, hija de Jacinta, quien espetó su contundente palabra al procurador e hizo llamado a la solidaridad y la unidad de las distintas luchas que se desarrollan en México contra las reformas neoliberales, el despojo, el racismo y la impunidad.

Otro acontecimiento de gran relevancia fue la audiencia contra el Estado mexicano que se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los días 16 y 17 de noviembre, para juzgarlo por su responsabilidad en los actos de tortura y represión policiaca cometidos contra mujeres durante los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, en mayo de 2006. Frente a los jueces de la CIDH, cinco de las once compañeras que han luchado por justicia en este caso narraron la tortura física, sexual y psicológica de la que fueron víctimas los días del operativo y durante su estancia injusta en la cárcel.
Los estremecedores relatos dieron cuenta también de las secuelas psicológicas y emocionales que han tenido en sus vidas los métodos represivos que el estado mexicano utiliza sistemáticamente para reprimir la organización y la protesta social, entre los cuales la violencia contra las mujeres adquiere un carácter particularmente patológico, pues se adiestra a los cuerpos de seguridad en el hostigamiento, el acoso, la tortura sexual y las violaciones. Frente al descaro con que las autoridades del gobierno federal han pretendido lavarse las manos en este caso, la valentía de Mariana, Georgina Edith, María Patricia, Norma Aidé, Claudia, Bárbara Italia, Ana María, Yolanda, Cristina, Ángela Patricia y Suhelen Gabriela también es un gran ejemplo de resistencia que nos motiva a no callar ante la violencia machista y feminicida, venga de donde venga, y a seguir luchando contra este sistema capitalista criminal, patriarcal y racista.

4. La defensa de la madre tierra: entre la represión y la organización de los pueblos

En 2017 la defensa de la madre tierra estuvo protagonizada principalmente por los pueblos originarios y campesinos, aunque también jugaron un papel los habitantes de las ciudades. Podemos caracterizar el escenario en el que se dio esta lucha con dos rasgos generales: la represión y la organización de los pueblos.

En el aspecto represivo resalta una constante a lo largo del país: el contubernio entre las fuerzas del Estado con grupos de choque y el crimen organizado. Quizá el ejemplo más claro de lo anterior se dio en Santa María Ostula, Michoacán, a principios de febrero. Cinco integrantes de la policía comunitaria fueron secuestrados por miembros de la Marina y posteriormente fueron entregados al crimen organizado, a los pocos días fueron secuestrados dos comunitarios más. Gracias a la movilización de la comunidad de Ostula y a la difusión de la denuncia se logró la liberación de los compañeros.

En otras partes del país el rostro represivo tomó su aspecto más crudo: el asesinato. En enero, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, fueron asesinados Isidro Baldegrano López y Juan Ontiveros Ramos por integrantes del crimen organizado, el primero de ellos fue un firme defensor de los bosques de la sierra. Además, a mediados de mayo fueron asesinados los compañeros wirraritari Miguel y Agustín Vázquez Torres. El primero de ellos fue Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán en Tuxpan de Bolaños, Jalisco. Durante su mandato se logró la recuperación de varias hectáreas que fueron invadidas por terratenientes y después por el crimen organizado.

El centro del país no fue ajeno a las acciones represivas. Fue el caso de la lucha de los pueblos de Texcoco que se oponen a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad Monstruo. En enero el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra denunció la incursión de maquinaria en su territorio custodiada por policías federales y el ejército. En marzo, en el poblado de Tocuila, un bloqueo de campesinos que exigían acceder a sus tierras de cultivo fue reprimido por un grupo de golpeadores pagados por la empresa encargada de construir el aeropuerto. Por su parte, en San Luis Tecuahutitlán, la protesta de campesinos contra esta obra fue sometida por policías a la vez que se permitió el ingreso de maquinaria a tierras ejidales. En junio las y los compañeros de Atenco volvieron a denunciar agresiones por parte de grupos de choque.

Un escenario similar lo encontramos en Tepoztlán, Morelos. En febrero de 2017 las y los compas denunciaron el derribo de alrededor de 3000 árboles para la ampliación de la autopista La Pera – Cuautla, a pesar de que la comunidad tiene un amparo que ordena detener la obra. Como protesta, habitantes de Tepoztlán instalaron un plantón en el acceso del pueblo en el mes de mayo; sin embargo, fueron desalojados por un grupo de choque encabezado por el ex presidente municipal. La resistencia siguió y el plantón se puso ahora a las afueras de la presidencia municipal. Pero, a finales de año, en plenas mesas de diálogo con las autoridades, fueron nuevamente golpeados por un grupo de choque, integrando por los propios trabajadores de gobierno de Tepoztlán.

Más acciones represivas continuaron a lo largo del país: en marzo y abril en Xochicuautla, Estado de México, incursionó la policía, el ejército y la marina para impedir que opositores a la autopista Naucalpan-Toluca ingresarán a las asambleas donde se impuso un comisariado de bienes comunales afín a la obra carretera. En Ayotuxco, por su parte, la comunidad logró un amparo para suspender la autopista Naucalpan-Toluca en su territorio. Sin embargo, en junio el gobierno federal detuvo al representante legal de la comunidad acusándolo de pertenecer a un cártel del narcotráfico, tratando de este modo de revertir el amparo. Afortunadamente esta acusación no se pudo sostener por lo que el compañero fue liberado.

Por su parte, en enero de 2017 en Cacahuantepec, Guerrero, Marco Antonio Suástegui denunció que hay más de 80 órdenes de aprehensión contra integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota. Además, en septiembre el pueblo Mayo-Yoreme de Sonora denunció la imposición de una laguna de oxidación de drenaje en su territorio. Esta vez no mediante la fuerza directa del Estado, sino a través las amenazas de una de sus instituciones: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Pero en 2017 no sólo se vivió represión contra las y los defensores de la Madre Tierra, también se lograron articulaciones entre distintos pueblos, se consolidó la organización de varias comunidades y se avanzó en las luchas legales y de protesta contra la imposición de proyectos de despojo. Para muestra unos ejemplos.

En el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ante el anuncio por parte de los empresarios de una Zona Económica Especial los pueblos ampliaron su organización. Indígenas binnizá, ikoots, mixes, chontales y zoques representantes de pueblos y organizaciones de diez municipios de Oaxaca conformaron en marzo la “Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio”, cuyas siglas son APOYO. La finalidad es proteger sus derechos colectivos como pueblos ante los proyectos de infraestructura de empresas privadas y nuevos parques eólicos. A partir de esa fecha comenzaron a organizar encuentros y a realizar manifestaciones y acciones conjuntas. Entre ellas resalta la instalación de un plantón ante la represión ejercida contra habitantes de San Blas Atempa que se oponen a un parque eólico de la Secretaria de la Defensa Nacional.
Al igual que en Oaxaca, en la región norte y sur de Veracruz se busca crear una Zona Económica Especial que integra la producción de minerales, de petróleo, de zonas de fracking, monocultivos con alto uso de agroquímicos, uso de agua, desplazamiento de poblaciones y por supuesto la creación de un aparato militar de protección. Como respuesta a este megaproyecto, en el sur del estado de Veracruz, los pueblos popolucas y nahuas conformaron un autogobierno a través de usos y costumbres para oponer resistencia a la expropiación y venta de tierras a empresas transnacionales que pretenden establecerse en la región.

En Yucatán, por su parte, el pueblo maya de Homún realizó una auto-consulta para decidir sobre un megaproyecto porcícola, el cual consta de una granja de alrededor de 45 mil cochinos. Dicha granja contaminaría el agua y los cenotes de la zona.
Las batallas en defensa de la Madre Tierra no sólo avanzaron en las zonas rurales, también en las ciudades se dieron algunos pasos. Quizá el mejor ejemplo de ello es la lucha de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán quienes protestan contra el derrame de un manantial al drenaje por parte de la empresa Quiero Casa en el sur de Ciudad Monstruo. En 2016 las y los compañeros de los Pedregales instalaron un plantón en protesta contra este ecocidio; sin embargo, fueron desalojados violentamente en diciembre de ese año. A pesar de ese acto represivo las y los compas reinstalaron el plantón en agosto de 2017. A lo largo de estos meses se han mantenido firmes con talleres, encuentros, posadas, además de que han logrado articularse con otros habitantes de la ciudad en el Frente de Vecinos Afectados por la Inmobiliaria Quiero Casa.

Como parte de las acciones contra la represión destaca la propuesta alternativa al proyecto carretero Naucalpan – Toluca que presentaron compas de Xochicuautla en el mes de mayo. Es una propuesta carretera que permite salvaguardar la reproducción de la vida cultural de la comunidad y que posibilita además la libertad de tránsito entre los miembros del poblado y del bosque.

En el terreno legal, además, se obtuvieron al menos dos importantes logros este año. El primero de ellos es el de la comunidad me’phaa de San Miguel el Progreso, en Malinaltepec, Guerrero, que en junio logró un triunfo legal sobre un proyecto minero que pretendía extraer oro y plata de la región. Con este decreto se detuvo el proyecto y se declaró a siete comunidades del municipio como libres de minería. El segundo logro se dio en mayo en Atlixco, Puebla, donde un juez ordenó suspender la obra de un gasoducto y ordenó a las autoridades realizar una consulta a las más de 60 comunidades que se encuentran en la traza del Gasoducto, en las faldas del volcán Popocatépetl.

Frente al horizonte represivo de 2018 las y los defensores de Madre Tierra nos dan lecciones de consolidación de la autonomía, de articulación de luchas, así como de una férrea resistencia de las comunidades ante el avance del capital y sus mecanismos represores.

5. Lucha de las comunidades zapatistas

En 2017 el EZLN perseveró en sus dos líneas principales para construir espacios de convergencia y alianzas sociales y políticas: la rearticulación del movimiento indígena y el diálogo con ciertos sectores, principalmente científic@s y artistas.

Desde el 1ro de enero, el Congreso Nacional Indígena emprendió la construcción del Consejo Indígena de Gobierno, cuyos integrantes fueron nombrados en asambleas de los pueblos indígenas participantes de esta iniciativa: “como Congreso Nacional Indígena, reunidos en este V Congreso 43 pueblos de este país, ACORDAMOS nombrar un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. Y que este concejo se proponga gobernar este país. Y que tendrá como voz a una mujer indígena del CNI, o sea que tenga sangre indígena y conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una mujer indígena del CNI que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018”. A lo largo del año se fueron realizando diferentes acciones para consolidar esta iniciativa:

* En mayo fueron presentad@s las y los integrantes del Consejo, así como su vocera, la compañera María de Jesús Patricio Martínez.

* A partir del 7 de octubre y hasta el 12 de febrero de 2018, se realiza la campaña de recolección de firmas para que la vocera del CIG logre su registro como candidata independiente a la presidencia de la República.

* Entre el 14 y el 19 de octubre, una delegación del Consejo Indígena de Gobierno realizó una gira por territorio zapatista, visitando los cinco caracoles y propiciando una movilización multitudinaria de las bases de apoyo zapatista.

Esta iniciativa ha generado una amplia cobertura mediática y una intensa polémica. A inicios de 2018 nuestro balance destaca dos hechos: por una parte, la campaña ha logrado articular a parte del movimiento indígena bajo una bandera común, permitiendo también su convergencia con otros sectores sociales; por otra parte, a pesar de los esfuerzos realizados, las acciones y la fuerza acumulada no han logrado superar los obstáculos de las instituciones electorales, lo que refuerza la discusión sobre la pertinencia de este tipo de intervenciones.

La convergencia del EZLN con intelectuales y científicos también vivió varios tiempos este año:

* Con el nombre “L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad”, se organizaron dos encuentros en los que decenas de hombres y mujeres científicos de diversas disciplinas, hablaron ante escuchas de las comunidades zapatistas. El primero de ellos tuvo lugar entre el 26 de diciembre de 2016 al 4 de enero del 2017 y el segundo del 26 al 30 de diciembre de 2017. Estos eventos propiciaron un diálogo muy interesante tanto para los participantes directos como para quienes escuchamos sus intercambios. El “ConCiencias” mostró que existe una gran cantidad de conocimientos que pueden ayudar a mejorar nuestras vidas, y que tales saberes no están en manos de los científicos profesionales, sino también en las manos de todas y todos. Asimismo, se mostró que existen formas de crear conocimientos que critican las ciencias convencionales y sus modos.

* Entre el 12 y el 15 de abril se realizó el seminario Los Muros del Capital, las Grietas de la Izquierda, en el que se reflexionó sobre la situación del mundo y las muchas maneras que se están creando para superar el capitalismo. Además de los voceros zapatistas se contó con las participaciones de Pablo González Casanova, Arturo Anguiano, Gilberto López y Rivas, así como de Carlos González y María de Jesús Patricio, del CNI, entre otros. El Subcomandante Moisés describió el momento que nos ha tocado vivir de la siguiente manera: “En el capitalismo hoy no existen países. Así lo vemos. Lo va a convertir en finca al mundo. Los va a hacer en pedazos como de por sí así está, que decimos que el país México, el país Guatemala –como decimos–. Pero va a ser un grupo nada más de patrones-gobierno. Todos esos que dicen que es gobierno de Peña Nieto… Nah, nah… decimos nosotros. No es gobierno ya. Porque el que manda ya no es el que manda. El que manda son el patrón capitalista. Esos gobiernos que se dicen: el de Peña Nieto, el de Guatemala, que el de El Salvador y todo lo demás son capataces. Los mayordomos: los gobernadores. Los presidentes municipales son los caporales. Todo está al servicio del capitalismo”.

* En julio tuvieron lugar las dos versiones del “CompArte por la Humanidad” con el tema: “Contra el Capital y sus muros: todas las artes”; la versión analógica o real se llevó a cabo del 23 al 29 de julio en el caracol de Oventik y el CIDECI-UniTierra, en tanto que la versión virtual fue del 1 al 12 de agosto, alojada en la dirección comparte.digital Al convocar a artistas de todas latitudes y disciplinas, estos eventos fueron una celebración de la diversidad y rompieron con los rígidos formatos de los mal llamados “actos políticos-culturales” en que las artes y las y los artistas son tratados como mera decoración de los discursos. En los “CompArtes” se destacó la importancia de las artes en la construcción de la vida. Así lo expresó el Comandante David: “El arte y la cultura nos han permitido sobrevivir por más de 20 años al hostigamiento del mal gobierno, pero ahora el arte y la cultura nos han dado vida, resistencia y orgullo de lo que somos. Con este ánimo de luchar por la vida damos inicio formal a este festival CompArte”

La tormenta ya está aquí, como lo prueban la masacre y la miseria crecientes que vivimos día con día. Frente a ello, las comunidades chiapanecas y su Ejército Zapatista de Liberación Nacional perseveran en el uso de sus principales y letales armas: la palabra y el encuentro. 2018 amaneció con la celebración del 24 aniversario del levantamiento zapatista: como en pocas partes del mundo, en Chiapas se grita fuerte y claro: la lucha sigue!

6. La lucha magisterial

En 2017 el magisterio democrático organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) siguió haciéndole frente a la mal llamada reforma educativa, con jornadas nacionales de movilización, encuentros educativos, la presentación de una iniciativa ciudadana y exigiéndole al gobierno una mesa de diálogo real para atender los problemas ocasionados por la implementación de un modelo educativo que atenta contra maestros y alumnos en México.

En enero de 2017, se anunció el plan de acción en materia educativa - legislativa y de organización. La jornada de movilizaciones, se dio en dos sentidos: recabar 120 mil firmas para respaldar la iniciativa ciudadana de reforma educativa que se presentaría en el Congreso de la Unión y movilizarse contra los efectos de la desafortunada implementación de la reforma educativa: en particular el despido de 620 maestros integrantes de la CNTE, principalmente de Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Del 15 al 21 de enero, la CNTE participó de acciones multitudinarias contra las reformas estructurales y en particular contra el “gasolinazo”. El 30 de enero se convocó a una jornada nacional de lucha para expresar la inconformidad y el hartazgo de la población hacia el gobierno y en especial contra Peña Nieto. De estas acciones destacamos el cierre de carreteras, gasolineras, sistemas tributarios, toma de plazas públicas y marchas que fueron alimentadas por maestros y también por la sociedad civil.

El 22 de enero, la CNTE reafirmó su presencia en Oaxaca, con la elección del profesor Eloy López Martínez, maestro de educación indígena de la Mixteca, como nuevo secretario seccional, quien comenzó su gestión con una marcha para protestar en contra de la Reforma Educativa y en contra del aumento al alza del precio de los combustibles.

El 1 de febrero, maestros de la sección 18 de Michoacán fueron brutalmente desalojados de las vías del ferrocarril a la altura de la tenencia de Guacamayas del Municipio de Lázaro Cárdenas. Los maestros bloquearon las vías al tiempo que se realizaba un mitin en Palacio de Gobierno de Morelia y la toma de la Secretaría de Finanzas del Estado, con la finalidad de exigir la liberación de un profesor y en demanda del pago de salarios pendientes.

Después de un mes de haber sido anunciada la iniciativa ciudadana, el 9 de febrero, maestros de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Ciudad Monstruo, marcharon del Auditorio Nacional al Senado de la República, donde entregaron a legisladores su propuesta para derogar la reforma educativa. Acompañaron esta marcha padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes apoyan a la CNTE en esta petición.

Los días 24, 25 y 26 de marzo se realizó el 13 congreso nacional de la CNTE en donde ratificaron la lucha en contra de las reformas estructurales, la exigencia de la aparición con vida de los 43 ausentes de Ayotzinapa y por la unidad de la lucha del pueblo y el magisterio.

El 30 de abril comenzó una jornada de 72 horas que movilizó a los maestros de las diferentes secciones de la CNTE, que en sus localidades realizaron bloqueos, mítines y jornadas informativas en casetas de peaje. El 1ro de mayo se realizó otra marcha nacional en Ciudad Monstruo, con la representación de las secciones de la coordinadora, exigiendo la reinstalación de una mesa de diálogo con el gobierno y que los profesores que han sido destituidos de sus puestos sean reinstalados. Se entregó un pliego petitorio de al menos 17 puntos en la residencia oficial de Los Pinos. La mesa de negociación con el gobierno federal se instaló el 15 de mayo, pero la respuesta gubernamental no fue satisfactoria y las acciones continuaron.

En junio la CNTE presentó una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra Suiza, contra la reforma educativa al considerar que impide el ejercicio pleno de derechos laborales, como la libre asociación, y afecta las condiciones de los docentes. En audiencia ante la presidenta del Comité de Libertad Sindical de la OIT, los representantes de la CNTE destacaron que son miles los maestros que se mantienen en resistencia contra la reforma educativa y que han enfrentado un sinnúmero de agresiones, se dio cuenta de los casos de violencia, asesinatos, acoso laboral y administrativo, represión policiaca y cese en su función educativa de quienes se han opuesto a su aplicación en el país, y agregaron que también hay una violación a los principios de la educación pública en México.

A mediados de julio, se volvió a hacer una medida de fuerza para exigir la mesa de diálogo con el gobierno federal, por lo que las diversas secciones de la CNTE realizaron marchas en todo el país: la protesta de la región Centro se realizó en Ciudad Monstruo, en la que participaron profesores de Tlaxcala, Querétaro, Estado de México y Morelos. Otras manifestaciones tuvieron lugar en Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Durango y Veracruz. En Sonora y Sinaloa se llevaron a cabo brigadas y mítines en límites de ambas entidades. Pese a esta movilización nacional, el gobierno no atendió su demanda y no fueron recibidos, por lo que el 21 de agosto, día en el que iniciaba el ciclo escolar, los maestros democráticos iniciaron un paro de labores en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Ciudad Monstruo, en donde cerraron escuelas y realizaron diferentes manifestaciones y bloqueos carreteros que terminaron el 1ro de septiembre.

En 2017, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación denunció a Peña Nieto no sólo como el encargado de desmantelar la educación publica en México sino también como responsable de tanta muerte, desempleo, pobreza y represión; por ello, el 7 de septiembre condenaron la presencia de Peña Nieto en Oaxaca, bloqueando el Centro de convenciones al que llegaría y lanzaron cohetones a un helicóptero con placas de la Presidencia de la República, el cual formaba parte del grupo de aeronaves que transportó a los periodistas que acompañaban la gira del señor del copete.

Octubre fue un mes significativo para la lucha organizativa de la CNTE Chiapas, ya que Pedro Gómez Bahamaca fue electo secretario de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), durante los trabajos del Congreso Seccional, de esta manera la CNTE consolidó espacios.

Pese a que no se ha podido derogar la reforma, los maestros continúan en lucha; en este 2018 enfrentan grandes retos puesto que será un año en el que el gobierno querrá imponer su modelo educativo.

7. La Lucha por nuestrxs desaparecidxs

2017 no dejó de ser un año donde los casos de desaparición forzada aumentaron, así como la lucha por la presentación de los mismos. A principios del mes de enero la Red por los Derechos de la Infancia en México dio a conocer las cifras de la desaparición forzada de niñas, niños, adolescentes y adultos en el estado de Tabasco hasta el pasado mes de noviembre de 2016, siendo esta la muestra más representativa. Cabe mencionar que de las 29 mil 917 desapariciones reportadas en todo el país, 5 mil 242 son niñas. A pesar de ello las autoridades siguen recortando el presupuesto destinado a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas a cargo de la Procuraduría General de la República, dando como resultado la obvia ineficiencia para prevenir y sancionar este delito.

En este mismo mes, pero el jueves 19 diversas organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, así como distintos centros de derechos humanos anunciaron la realización de la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que se llevó a cabo del 21 de enero al 2 de febrero, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde participaron familiares, organizaciones civiles y de derechos humanos. Los familiares de La brigada, en conferencia de prensa, agradecieron la intervención de la sociedad civil quienes se pusieron la camiseta.

Más al norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, continuó el descubrimiento de restos que dejó la oleada de violencia en 2010 cuya cifra asciende a 3 mil personas desaparecidas.

En tanto las cifras del terror siguen aumentado la Red Por los Derechos de la Infancia en México, dio a conocer un reporte sobre la desaparición de mujeres adolescentes en el país. Las adolescentes de entre 15 y 17 años de edad son las mujeres más atacadas por las redes de trata de personas. Los estados con mayor número de casos son Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, Jalisco y Michoacán. “La falta de investigaciones diligentes y efectivas es asombrosa y la impunidad en esta materia es alarmante”, enfatiza el informe.
Para muestra de que la desaparición es una política de estado, basta con asomarse Veracruz. Las muestras de ADN que fueron tomadas por la La Fiscalía General del Estado, por el mes de marzo, sólo sirvieron para ser almacenadas ya que los perfiles no se realizaron y las 5 mil denuncias siguen sin resolverse y la violencia siguen creciendo a pesar de la entrada de la gendarmería al estado. Policías y militares no frenan la violencia, al contrario son parte de ese problema, la alimentan y la hacen más dolorosa.
El 30 de abril se reportó la desaparición de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de Comunicación y Cultura en el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

En Morelia, Michoacán los integrantes de la organización de personas desaparecidas, Familiares Caminando por la Justicia emitieron un comunicado dirigido a los medios de comunicación, en el que denuncian que el 20 de mayo una de sus integrantes, Laura María Orozco Medina, recibió amenazas y hostigamiento de parte de una persona que decía ser un funcionario. Esto a consecuencia de que la organización mencionada se reunió para la planificación de las actividades con motivo del cumplimiento de un año más de la desaparición forzada de Moisés Orozco Medina.

También en Michoacán, el lunes 22 de mayo se llevó a cabo una manifestación silenciosa en Uruapan por un grupo de periodistas para exigir la aparición con vida de Salvador Adame, comunicador privado de su libertad en Tierra Caliente, Michoacán, y para hacer visible su repudio a las agresiones contra el gremio.

También en Sinaloa, Las Rastreadoras y su fundadora, Mirna Nereyda Medina Quiñónez, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado identificó restos óseos hallados en julio de 2017 en la localidad de Ocolome, El Fuerte, como pertenecientes al joven Roberto Corrales Medina, desaparecido 3 años atrás e hijo de la señora Mirna.
En Chihuahua desaparecen 80 jornaleros. El 29 de mayo, las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de la entidad informaron sobre la búsqueda de 80 indígenas, que después de denunciar su explotación laboral fueron desaparecidos de un albergue para jornaleros ubicado en el poblado de Camargo.
Y quienes no han aflojado un poquito en la lucha por la vida y contra la guerra en México son nuestros compañeros y compañeras madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes durante todo el año se mantuvieron movilizados en varios campos de acción: como el jurídico, la denuncia en las audiencias de organismos internacionales de derechos humanos, las movilizaciones mes con mes y, especialmente los plantones establecidos en ciudad monstruo con el propósito de ejercer presión sobre las autoridades mexicana para dar respuesta a las investigaciones sobre la desaparición de nuestros 43 compañeros ausentes de Ayotzinapa.

En este contexto, cabe señalar que durante el día 26 de enero, al cumplirse dos años y cuatro meses de la desaparición de los normalistas, las madres los padres de familia realizaron dos acciones en Ciudad Monstruo para exigir su presentación. Por la mañana hicieron un mitin frente a la Procuraduría General de la República donde informaron que habían acordado reunirse con el Procurador General de la República el 9 de febrero y con el Secretario de Gobernación el día10 de febrero y por la tarde, encabezaron una marcha al Zócalo de la Ciudad.

Cabe recordar que para esos días el diálogo entre la PGR y las madres y padres llevaba roto 6 meses, debido a que la ex procuradora Arely Gómez había incumplido con el acuerdo de concluir las indagatorias por las actuaciones irregulares del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Aquellas reuniones, de no ser por trágicas, terminarían por se cómicas —como esas de chiflados. En la del 9 de febrero con la PGR, las madres, padres y familiares fueron a escuchar lo que las autoridades no habían hecho durante varios meses. Ninguna respuesta a las preguntas ya básicas sobre las investigaciones a funcionarios públicos involucrados y menos aún sobre el ocultamiento de información al GIEI. De esa reunión que duró más de tres horas, recordamos con singular coraje, aquella perorata reflejo de una época y de un gobierno, de la indolencia hecha una oración en la voz de la visitadora general de la PGR, Adriana Campos, quien dijera a los padres y madres de los normalistas que: las actuaciones del ex funcionario de la PGR, Tomás Zerón de Lucio habían sido “con la intención de realizar la búsqueda lo más pronto posible”,con lo cual se pretendía defender no solamente a Zerón sino al Estado mexicano todo y a la verdad histórica.

Frente a la indolencia de las autoridades ante la grave crisis humanitaria que vive el país y en especial respecto a la desaparición forzada, las madres y padres emprendieron la “Caravana Tejiendo 43 Esperanzas” durante los días 12 al 17 de febrero para viajar por varias ciudades del país para hablar de la desaparición de los 43, de la poca voluntad del Estado mexicano para hacer las investigaciones y, dicho sea de paso sumar otras luchas: no solamente la lucha por la presentación con vida de miles de desaparecidos y desaparecidas que hay en el país, sino aquellas luchas contra el despojo, por la defensa de la madre tierra, contra la guerra. Pues dicho sea de paso, la lucha por la presentación con vida de nuestras desaparecidas y desaparecidos ha sido constante, con sus propios tiempos y ritmos, compartiendo el dolor y sobre todo combatiendo la muerte y abanderando la vida en cada rincón de este dolido y maltrecho país.

Sumado a la caravana y con la idea presente que la guerra únicamente la podemos afrontar organizados y reconociendo las luchas, en marzo las madres y padres dieron inicio a la Convención Nacional Popular, celebrada en marzo de 2017, donde diversas organizaciones se reunieron para conocer sus luchas y en la cual la señora Cristina Bautista reafirmaba que frente a la debacle y la indolencia había que permanecer unidos y unidas.

Decíamos que el otro campo de acción de las madres y padres fue la denuncia de las atrocidades cometidas por el Estado en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde donde se ha abierto un espacio no solamente para la denuncia sino para quitar el velo que cubre las acciones siniestras cometidas por el estado, sobre todo una vez que el GIEI abandonó el país. De esta forma, el 17 de marzo durante la audiencia realizada en Washington las madres y padres señalaron que el Estado no había dado respuestas favorables, ni tenía interés en echar a andar el Mecanismo de Seguimiento especial para el caso Ayotzinapa.

Frente a la omisión del estado y la poca o nula disposición, tocó ejercer presión directa sobre la PGR, así que el 20 de abril, las madres y padres de nuestros 43 compañeros instalaron un plantón a las afueras de la Procuraduría General de la República, en avenida Reforma, para exigir que las investigaciones siguieran la ruta marcada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y que además, se descartara de una vez por todas la “verdad histórica”, que para muchos funcionaros del gobierno seguía y sigue siendo la panacea del sexenio de la bestia del copete, a pesar de que científicamente ha sido descartada por el GIEI y otros científicos.

En ese contexto, el 21 de abril, Esmeralda Arosamena Troitiño y el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao pusieron de nuevo el dedo sobre la yaga. Decían en su momento en conferencia de prensa, resultado de las actividades realizadas por el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa que hasta esa fecha no había persona alguna procesada acusada por el delito de desaparición forzada, pero especialmente que las autoridades seguían haciendo declaraciones para validar la verdad histórica cuando ni siquiera esa hipótesis formaba ya parte de las indagatoria.

El domingo 23 se llevó a cabo una marcha que partió del Ángel de la Independencia con dirección al Antimonumento a los 43 para exigir el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014. Un día después, el lunes 24 los familiares de los desaparecidos llevaron acabo un acto de protesta en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó de de cargos penales a Tomás Zerón.

Para el día 27, se realizó otro mitin, éste, ahora, a las afueras del la Cámara de Diputados, en San Lázaro, para exigir que a Comisión Legislativa de Ayotzinapa cite a comparecer al Procurador General de la República para que explicara la falta de avances en las investigaciones, particularmente las mencionadas por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la #CIDH en su recientemente visita a México.

Mientras tanto, el plantón continuó instalado a las afueras del edificio principal de la Procuraduría General de la República para presionar a las autoridades judiciales con el objetivo de que emprendieran la investigación sobre los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, a partir de cuatro líneas de investigación, las cuales consiste en:
1.-Investigación al ejército Mexicano. 2.-Detención de los policías Federales, Municipales y estatales, quienes participaron en el secuestro de los 43 estudiantes. 3.-Entrega de los resultados del análisis de geolocalización y contenido de las conversaciones de los teléfonos celulares bajo investigación. 4.-Avance en la línea de investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago, como principal móvil de la agresión a los estudiantes Normalistas.

Luego de 26 días en plantón a las afueras de la Procuraduría General de la República y de realizar diversas acciones como marchas, actos culturales y políticos, el 16 de mayo, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron levantar el plantón, una vez acordaron con el gobierno federal una reunión a la cual asistirían representantes de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el 31 de mayo y una más que se definiría los primeros días de junio de 2017.

A la reunión asistieron con el Procurador Raúl Cervantes, con la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, con el Fiscal para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera, con el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián y con el subsecretario de D.H. de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas. En la reunión, la PGR dio a conocer un cronograma en el que se trazan plazos en los que iría cumpliendo con la investigación y los resultados a partir de los 4 ejes de indagación propuestos por los padres y madres de Ayotzinapa. En lo cual las autoridades no estuvieron de acuerdo en varios de ellos. Entre estirones los padres de familia exigieron que la PGR ajustara su cronograma con el fin de que todos los resultados estuvieran listos en las dos primeras semanas de agosto.

Después de la reunión y ante la posibilidad de que la PGR no cumpliera, nuestras compas padres y madres no se quedaron cruzadas de brazos y emprendieron dos importantes acciones de denuncia. Por una parte, el día 6 de junio en el marco del periodo 163 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Lima, Perú, las madres y padres asentaron fuertemente al gobierno mexicano donde más le duele. En la audiencia llamada “Justicia e impunidad en México” se presentaron una serie de situaciones emblemáticas de impunidad en México, como desapariciones, masacres, corrupción y la relación del crimen organizado con los gobiernos en México. Para aderezar, las madres y padres, así como sus abogados hicieron especial énfasis en señalar que el estado, durante casi mil días no había hecho su trabajo, sino que por el contrario muchos funcionarios de bajo y alto nivel habían actuado para entorpecer las investigaciones, ocultar y alterar evidencias y sobre todo que habían realizado labores de espionaje tanto a los abogados como al GIEI.

Por otra parte, unos días más tarde las madres y padres emprendieron una caravana hacia Cancún para realizar acciones de denuncia ante la reunión de la Organización de Estados Americanos sobre la grave crisis de derechos humanos que vive el país y señalar la nula y torpe actuación de la PGR respecto a la desaparición de los 43 normalistas, los días 18 y 19 de junio de 2017.

El día 26 de julio se cumplieron los mil días de lucha por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, y para ello se llevaron a cabo diversas actividades para seguir exigiendo la presentación con vida de los normalistas. Entre esas actividades se realizó una caravana, movilizaciones, mitines, reuniones y una marcha el día 26 de junio en la Ciudad Monstruo. Durante el mitin del día 26 en el Hemiciclo a Juárez, Emiliano Navarrete habló de la importancia que tiene para la presentación con vida de los 43 normalistas que las autoridades realizaran indagaciones fundamentadas en las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI. También llamó a estar pendientes de su próxima reunión con la Procuraduría General de Justicia (PGR) los días 23 y 24 de Agosto y en la cual se conocerán los avances de las investigaciones.

Sin embargo, llegó el 23, luego el 24 sin tener noticia alguna de los resultados a los que se había comprometido la PGR y finalmente el 25 de agosto, las madres y padres de los 43 normalistas ausentes cerraron los accesos del edificio principal de la Procuraduría General de la República de Ciudad Monstruo, para exigir la presentación de los avances en las cuatro líneas de investigación con los que se había comprometido más de mes antes en la reunión las madres y padres, representantes de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los días 28 y 30 de agosto se llevó a cabo la tercera visita a México del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos humanos. El objetivo fue conocer los avances de la investigación sobre el paradero de los estudiantes, supervisando las líneas de trabajo que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La Relatora de la Comisión visitó la Escuela “Raúl Isidro Burgos” donde afirmó: “Estamos aquí con un propósito, no sólo de cumplir el mandato de seguimiento del caso, sino que estamos aquí en un compromiso con la vida”, además de exigir al Estado mexicano acelerar los trabajos de búsqueda de los normalistas desaparecidos y tomar las medidas necesarias para concretar la detención de los policías del municipio de Huitzuco que estarían involucrados en los hechos, así como avanzar en la investigación de los policías federales que fueron individualizados como presuntos encubridores de los hechos.

De no ser por esos atisbos de esperanza que las madres y padres de los desaparecidos han sabido hacer aflorar en miles de personas, centros de derechos humanos y organizaciones solidarias, el Estado ya habría olvidado para siempre a nuestros ausentes en todos los rincones del país. Uno de esos gestos solidarios fue presentado el 7 de septiembre, a unos días de cumplirse los 3 años de la desaparición de los 43 normalistas, en las oficinas del Centro Prodh en la ciudad monstruo, que se llamó Plataforma Ayotzinapa. En esta Plataforma, en la que se hacen visibles los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 que culminaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue construida a partir de las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de diversos trabajos periodísticos. La importancia de ese proyecto fue y sigue siendo ayudar a las familias y seres queridos de los estudiantes desaparecidos, así como al público en general, a comprender las diferentes historias de los hechos de este evento, así como proporcionar una herramienta forense a las y los investigadores. La plataforma está disponible aún en www.plataforma-ayotzinapa.org

En medio de la catástrofe causada por los sismos del 7 y el 19 de septiembre en varios estados de la república, el 26 de septiembre, las madres, padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos convocaron a una movilización silenciosa en la Ciudad Monstruo, especialmente para mostrar respeto y solidaridad para los afectados del sismo del 19 de septiembre. Al llegar al Antimonumento a los más de los 43, se llevó a cabo un mitin político en donde las madres y los padres de los compañeros subrayaron que no van a dejar de luchar hasta llegar a la verdad sobre lo ocurrido con sus hijos.

Para el 24 de octubre, tocó otra vez que las madres y padres volvieran arrinconar al Estado mexicano. Esta vez en el marco de la tercera audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Montevideo en Uruguay. En dicha audiencia, la señora Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, remarcó lo inocultable: que a tres años de la desaparición de los normalistas y después del arduo trabajo realizado por el GIEI, cómo era posible que la representación del Estado Mexicano siguiera presentándose a las audiencias sin llevar pistas ni resultados de las investigaciones. Finalmente, el comisionado Luis Ernesto Vargas aseguró a las familias que la CIDH no va dejarlos solos en esta lucha por verdad y justicia y lamentó que el “GIEI haya tenido más claridad” y haya aportado más elementos jurídicos para la investigación que el mismo Estado, que al parecer o no quiere indagar o no lo hace por incompetencia.

El 26 de octubre se llevó a cabo la jornada de acción por Ayotzinapa conformada por una marcha y un mitin político en Ciudad Monstruo. La movilización inició en el Ángel de la Independencia y recorrió la avenida reforma hasta el antimonumento a los 43, donde las madres y padres hablaron brevemente sobre las recientes investigaciones y fueron nombrados los 43 compañeros ausentes. Poco después la marcha siguió su ruta hacia el Hemiciclo donde se realizó el mitin principal. En él habló la compañera Cristina Bautista, dando a conocer los pormenores de la reciente audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además de la creación de la Plataforma Ayotzinapa hubo otra iniciativa que es importante mencionar, sobre todo en este año que poco a poco se fue develando la indolencia y el desprecio de las autoridades mexicanas con relación a la desaparición forzada. Se trató de la creación de una base de datos que reconstruye el nombre de las personas desaparecidas que fue elaborada por Data Cívica. La presentación de dicha base de datos se llevó a cabo el día 13 de noviembre en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Además de darles la identidad que el las autoridades les ha negado. Con la creación de esta base de datos se le pone rostro, nombre y apellidos a por lo menos 31,968 personas desaparecidas en México.
Regresando al campo de la movilización, entre el 18 y el 27 de noviembre, las madres y padres de los 43 compañeros llevaron a cabo la Jornada de lucha “Rompe el muro de la impunidad”, que incluyó la instalación de un plantón a las afueras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, diversas acciones de protesta para presionar a las autoridades para que entreguen resultados de las investigaciones.

Para cerrar el año, las madres y padres de los normalistas llevaron a cabo algunas movilizaciones para continuar la exigencia de presentación con vida de los normalistas y que volvió a reunir diversas luchas por la vida durante el año más oscuro. Por una parte una serie de “posadas” en las cuales participaron diversas organizaciones que luchan contra el monstruo capital, el despojo, colectivos y colectivas y familiares de víctimas de feminicidio, como la participación de Araceli Orozco en la posada del día 22 de diciembre en el Plantón de Aztecas 215.

Cumplidos tres años y varios meses las madres, padres y familiares de los 43 no han movido ni un milímetro las exigencias que desde hace tres años mantienen y que son presentación con vida de sus hijos, verdad y justicia. Si bien, nuestras compañeras y compañeros han abanderaron la lucha por la presentación con vida de los más de 43 desaparecidos y desaparecidas durante buena parte del año con su constante movilización, no hay que olvidar que en los estados, en cada rincón de este país en guerra donde las familias han perdido a sus seres se han hecho agrupaciones, colectivos, organizaciones que abanderan la lucha por la vida y contra la guerra que han impuesto el Estado, sus cuerpos represivos, los paramilitares, sicarios y grupos del narcotráfico, así como a la otra desaparición que impone el estado al no reconocer la catástrofe en la que nos encontramos en materia de desaparición en el país.

Esos grupos de familias que buscan a sus hijos e hijas y familiares durante el año más oscuro se mantuvieron luchando, buscando, alumbrando las sombras… Con ellos, con las caravanas de madres centroamericanas, con las caravanas de las madres y padres de los 43, con las brigadas de búsqueda de fosas y desaparecidos en vida cada rincón del país que resiste se ha apropiado de otra exigencia a la suya propia. Ya no solamente luchamos contra el despojo o por la autonomías o por la anulación de la reforma educativa o contra las feminicidios y la violencia machista o por la autogestión de los medios libres, ahora junto con esas familias exigimos presentación con vida y verdad y justicia.

Por otra parte, esas familias de hijas, hijos, hermanas y madres desaparecidas sin querer han tocado las fibras más sensibles de la humanidad de este país en guerra, fibras que ante la indolencia e inoperancia del Estado han dado respaldo, credibilidad y legitimidad a esos grupos, colectivos, colectivas y organizaciones de familias que buscan a sus seres queridos, como sucedió en Nayarit a mediados del mes de enero de 2018, cuando a través de una llamada anónima, los y las integrantes del Colectivo Familias Unidas por Nayarit supieron de la existencia de fosas comunes en la comunidad de Pantanal, en el municipio de Xalisco. Este año no pinta nada fácil, sobre todo con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que exacerbará la violación de derechos humanos, no obstante se vuelve cada vez más crucial seguir exigiendo en todos los rincones de este país la presentación con vida de todos y todas las desaparecidas. Si hemos de estar arrinconados luchando en nuestros espacios, hagámoslo siempre reivindicando vida, la aparición de los y las desaparecidas y su regreso a casa.

8. Hostigamiento contra los medios y radios libres

El año 2017 nos ha traído, entre muchas otras, tres noticias alarmantes sobre los planes de los poderosos para acabar con las radios libres: En agosto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) vendió al empresario Eduardo Henkel, la frecuencia 105.3 por la que transmitía Regeneración Radio en Ciudad Monstruo. Esta es la primera de seis ventas anunciadas por ese organismo y que ilustra la voluntad de entregar el espectro radiofónico a los empresarios privados, cerrando el dial a las radios libres.

En octubre se conoció un proyecto de modificaciones al Código Penal y a la Ley federal de Telecomunicaciones que impone penas de 2 a 5 años de cárcel, sanciones económicas hasta por 300 días de multa, y decomiso de equipos a quienes operen estaciones sin contar con la concesión otorgada por el estado.

A finales de noviembre la cámara de diputados aprobó la Ley de seguridad interior, una ley que busca garantizar la impunidad de las fuerzas armadas y policiacas así como legalizar su presencia en la vida nacional. En adelante las fuerzas armadas, oficiales y fácticas, no sólo tendrán impunidad sino también el apoyo de un conjunto de disposiciones legales que obscurecen su actuación en el nombre de la defensa nacional.

Como parte de las acciones represivas emprendidas por el gobierno este 2017 a los medios y radios libres destacamos el ataque el día 07 de marzo, a la cabina de Regeneración radio. Las compañeras y compañeros denunciaron que al llegar a la cabina se dieron cuenta que la puerta fue abierta por la fuerza y que el equipo de transmisión de radio fue totalmente extraído (micrófonos, cables, audífonos, mezcladoras, procesadores de audio y una computadora con acervo de más de 10 años de trabajo. No es la primera vez que los atacan. Es preciso recordar que el 21 de septiembre de 2015 su anterior cabina fue completamente destruida por un grupo porril en la UNAM, aunado a las agresiones físicas, amenazas de muerte y el intento de asesinato a uno de los integrantes, a quien apuñalaron tres veces.

En Oaxaca compañeros de la Radio comunitaria Ricardo Flores Magón, que transmite en la comunidad de Teotitlán en región de la cañada, denunciaron que su señal ha sido interferida por CORTV (medio oficial del gobierno del estado de Oaxaca).

De acuerdo al balance anual elaborado por Reporteros Sin Fronteras en 2017 fueron asesinados 65 periodistas a nivel mundial. Los países con mayor número de asesinatos fueron Siria con 12, México con 11, Afganistán con 9, Iraq con 8 y Filipinas con 4.

Por su parte la organización artículo 19 documentó 276 agresiones a periodistas en México en el primer semestre de 2017. Entre las principales agresiones de encuentran 24 denuncias por acoso, 60 por amenazas, 6 asesinatos, 56 denuncias por ataques físicos o materiales, 66 denuncias por intimidación, 28 denuncias por privación ilegal y 1 caso de desaparición forzada.

Desde el año 2000 se ha documentado el asesinato de 112 periodistas en México, 39 de estos asesinados fueron cometidos en el sexenio de Peña Nieto.

Con ello se confirma el carácter represivo por parte del gobierno mexicano, por acción u omisión, y deja a su suerte a la gente que se dedica a informar y denunciar la violencia desatada en los 32 estados del país. La impunidad es el signo cotidiano con el que operan los grupos represivos profesionales como el Ejército y Marina, la Policía Federal, ministerial y de seguridad pública, mandatadas por gobernadores corruptos, así como el accionar de grupos paramilitares y vinculados a los carteles de narcotráfico que buscan silenciar las voces críticas en el país.

9. Las masas en pie: la lucha contra la catástrofe natural y social

En medio de la catástrofe social, el mes de septiembre dos catástrofes telúricas sacudieron el sureste y centro del país. El primer sismo de gran intensidad ocurrió el siete de septiembre por la noche, dejando devastadas muchas poblaciones de Oaxaca y Chiapas. Apenas unos días después, el 19 de septiembre por la tarde se repitió otro sismo que alcanzó a la Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad Monstruo, donde se derrumbaron decenas de edificios y casas habitación.

Instantes después de la tragedia, decenas de miles de personas se movilizaron en las calles para retirar escombros y rescatar personas, otras millones de personas ayudando de todas las formas posibles, pero todos y todas actuando colectivamente para defender la vida en las ciudades y pueblos del país.

En todo el país y muy especialmente en Ciudad Monstruo, las masas se levantaron para hacer lo que gobiernos y fuerzas armadas no supieron y no saben hacer: salvar vidas y recuperar con dignidad los cuerpos de las personas fallecidas. Ríos de solidaridad recorrieron la ciudad y en cada sitio donde se necesitaba rescatar personas atrapadas, mover escombros, curar y transportar heridos, dar alimento y cobijo a las personas damnificadas, y cualquier otra tarea que podamos imaginar, ahí estuvieron las masas anónimas y conscientes, creando y cuidando las vidas.

Una de las grandes lecciones que aprendimos de aquellos días fue la creación de confianza en nosotras y nosotros: en colectivo podemos todo, pues el mundo lo hacemos nosotros y nosotras. Juntos y juntas desafiamos las cadenas de la pasividad, la desconfianza, el egoísmo, y especialmente la dependencia frente al sistema. Como pocas veces, miles de personas pusieron en riesgo sus vidas para tratar de salvar a quienes quedaron atrapados entre los escombros, otras tantas se movilizaron para conseguir lo necesario para el rescate y para cuidar a los damnificados y a quienes trabajaban en las construcciones afectadas: en unas cuantas horas, una ciudad instantánea, frágil y fluida, se levantó y se mantuvo viva por cuatro o cinco días.
De entre esas iniciativas y voluntades reunidas, hubo una brigada muy peculiar que se distinguió por crear un espacio de participación que atrajo a muchas compañeras, dirigiendo su acción a poner en evidencia la situación de las trabajadoras atrapadas en el derrumbe de las fábricas en Chimalpopoca y Bolívar.

En ese predio donde las autoridades capitalinas y las Fuerzas Armadas querían limpiar los escombros a pesar de haber aún mujeres atrapadas, las compas hicieron evidentes dos factores fundamentales de la movilización: es posible hacer frente a estos poderosos enemigos si tenemos un objetivo claro y nos mantenemos unidas y por otra parte, con la consigna “La vida de una trabajadora vale más que toda la maquinaria”, evidenciaron la importancia que tiene la movilización conjunta para detener la máquina y que no siga acabando con nosotras y nosotros.

Superados durante aquellos días por intensa movilización social, las autoridades y las Fuerzas Armadas aplicaron un plan de contrainsurgencia que les permitió retomar el control de las áreas devastadas. Declararon en los medios que solucionarían el problema, usaron la represión para aislar las alianzas emergentes y usaron grandes dosis de mentiras transmitidas por los medios masivos de intoxicación para evitar la confluencia de apoyo y canalizar toda la solidaridad hacia las vías institucionales.
Otra cuestión importante que recordar es que las catástrofes no son sólo naturales. En Ciudad Monstruo la caída de los edificios no se debió sólo a la fuerza de los sismos sino a la extracción de agua subterránea en suelos de por sí blandos, a la criminal irresponsabilidad de las inmobiliarias que utilizaron materiales inadecuados o de bajísima calidad, y a la corrupción de autoridades que se llenan los bolsillos para permitir la construcción de estas verdaderas trampas mortales.

Aquellos funestos y luminosos días, aprendimos que no necesitamos al estado, al gobierno o a las instituciones; en colectivo lo podemos todo, hasta crear otra vida. Conforme pasaron los días el gris cotidiano volvió a instalarse y el aislamiento de la ciudad desterró la confluencia y la movilización social. Sin embargo, miles de vecinas y vecinos damnificados, afectados, víctimas y personas solidarias han mantenido la movilización y la organización, tanto para exigir la reparación como para reconstruir otras viviendas, más dignas y más estables, como ha sucedido en la Mixteca poblana.
En octubre se consolidaran muchas agrupaciones de vecinas y vecinos damnificados en las áreas afectadas por el temblor, en ellas cada una de los grupos fue impulsando acciones par exigir la reparación de los daños, investigaciones a empresas inmobiliarias y funcionarios “que por acto u omisión fueron responsables de la no prevención del desastre y que, irresponsablemente no cumplieron con la normatividad en materia de desarrollo urbano, construcción e infraestructura”.

En noviembre, al cumplirse dos meses del sismo, se llevó a cabo una manifestación en el centro de la ciudad Monstruo que partió de diversos puntos de las llamadas zonas devastadas para arribar a la Avenida 20 de Noviembre y la calle de Venustiano Carranza donde se llevó a cabo el mitin principal de la jornada de movilización.

Durante la movilización, se exigió a las autoridades de la Ciudad de México reconstruir, reparar y reforzar sus viviendas y edificios con recursos públicos. Además, se rechazó endeudar a los damnificados para que puedan recuperar su patrimonio; asimismo, se pidió respetar la estructura original de los inmuebles, por lo que descalificaron la propuesta de redensificar con más pisos a los edificios reconstruidos.

Pero sobre todo, el gran paso de las agrupaciones de vecinos y vecinas fue la conformación de un frente común apartidista al que le denominaron Damnificados Unidos de la Ciudad de México. A través de coordinación de vecinas y vecinos afectados, ese frente común ha mantenido la exigencia de reparación de daños a todos los vecinos que se encuentran, a más de 100 días del sismo, habitando las calles.

A finales de diciembre del 2017, a través de un comunicado, los Damnificados Unidos de la Ciudad de México reiteraron su exigencia de una reparación digna y segura a sus hogares y dejaron claro que la organización es apenas un paso para resolver todas aquellas tareas que que las autoridades dejaron pendientes y sin resolver pasados unos días del temblor y cuando se abocaron en desmovilizar a la población.

Para los tiempos que vienen, una de las tareas consiste en no convertirse en botín político durante el proceso electoral del presente año y, otra tiene que ver con mantener la bandera de la reconstrucción digna en todas las zonas afectadas del país, así como seguir cultivando los vínculos de solidaridad con aquellas miles de personas que aún siguen apoyando la causa de otra vida: justa, digna y más allá de las instituciones.


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